La comisión del Congreso que investiga los contratos públicos de emergencia durante la pandemia ha ratificado su lista de comparecientes y su solicitud de documentación, desestimando los desafíos presentados por el Partido Popular (PP) que cuestionaban la legalidad de estas acciones. Según el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, la mayoría formada por el PSOE y Sumar ha rechazado la petición del PP de anular los acuerdos tomados previamente.
Este lunes, la Mesa de la comisión confirmó la legalidad de las decisiones previas, que incluyen un listado de 134 comparecientes y 369 solicitudes de información, reafirmando la autoridad de la comisión para proceder como estaba planeado. Estas decisiones fueron tomadas a pesar de los intentos del PP de involucrar a los servicios jurídicos del Congreso para revocar los acuerdos, argumentando su posible ilegitimidad.
Entre los comparecientes confirmados se encuentran figuras notables del ámbito fiscal, incluyendo al fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y a Laura Codruta Kovesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea, cuya inclusión fue propuesta por EH Bildu. Además, Junts ha solicitado la presencia de Ignacio Lucas, responsable de la Fiscalía Europea que investiga el 'caso Koldo'.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expresado su preocupación por la comparecencia de fiscales involucrados en investigaciones activas, argumentando que esto podría ser inconveniente para la integridad de las investigaciones fiscales y judiciales en curso. No obstante, la comisión planea reunirse a puerta cerrada para deliberar sobre estas objeciones y decidir si procede con las citaciones, una decisión que podría ser sometida a votación según las valoraciones de los diferentes grupos parlamentarios.
Alejandro Soler ha defendido la legalidad de las acciones de la comisión, asegurando que no existen obstáculos legales que impidan la comparecencia de fiscales en investigaciones del Congreso y recordando que hay precedentes de tales comparecencias en la Cámara.
Este proceso subraya la complejidad y la sensibilidad de la tarea que tiene ante sí la comisión, que busca esclarecer los detalles y las responsabilidades en la gestión de contratos críticos durante una crisis sin precedentes, al tiempo que navega por el delicado equilibrio entre la transparencia y la integridad de las investigaciones judiciales en curso.