Cuenta la prensa que una de las testigos que en los próximos días pasará a declarar ante el juez Peinado, por el caso Begoña Gómez, se llama Leticia Lauffer. ¿De verdad que no es una broma? ¿En serio? ¿Lauffer, dónde está la cámara oculta? Fonéticamente, el apellido suena de forma casi idéntica a lawfare –guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial– de modo que estamos, sin duda, ante una señal que el destino envía al magistrado que instruye el caso más polémico y conflictivo de nuestra democracia.
¿Qué posibilidades había de que la identidad de una persona que ha tenido contacto con el caso remita casualmente, sorprendentemente, serendipiamente, a ese odioso término del que viene siendo acusado, en los medios de comunicación y en el gremio de los jueces, el controvertido Peinado? Escasas, por no decir ninguna. Ni hecho a posta. Era más fácil que al instructor le tocara la bonoloto que le saliera una testigo con semejante apellido incómodo para él. Pues, oh capricho de la providencia, del hado o del sino, lo imposible ha ocurrido.
El lawfare es el mayor problema (casi un cáncer con metástasis) que padece nuestra maltratada y estuprada Administración de Justicia, lo cual es tanto como decir nuestra democracia. Y uno cree que esto de que aparezca una misteriosa señora que parece salida de un relato gótico, de un cuento de Edgar Allan Poe, no puede ser solo cosa del azar (ese dios que lo gobierna todo del que tanto escribió el recién fallecido Paul Auster). Vivimos en un mundo extraño, una realidad entre insondable y mágica (entrelazamientos cuánticos, desdoblamiento de partículas, viajes en el tiempo) y a veces ocurren cosas que nos dejan con la boca abierta y que no podemos explicar con la ciencia convencional. Esta es una de ellas. Leticia Lauffer (da escalofríos solo pronunciar ese nombre, imaginamos que el juez sentirá lo mismo cuando la dama se siente delante de él para declarar por los contratos de Begoña Gómez y el empresario Barrabés), no puede ser otra cosa que una enviada del Más Allá para comunicarle algo trascendental al magistrado.
Cualquier persona con alma de cotilla (nosotros como periodistas, por ejemplo) pagaría por que le dejaran mirar por el ojo de la cerradura del juzgado ese día en que una mujer enigmática con un nombre cabalístico se presente ante su señoría (quién sabe, quizá con un velo negro cubriéndole el rostro, como la actriz principal de un thriller noir de Truffaut o de Claude Chabrol), para decir su apellido en voz alta, con voz grave y bella (como una rubia de Hitchcock), mientras el inquisidor del sanchismo se estremece por dentro.
Por ampliar la información al lector, cabe recordar que la testigo es exdirectora de Wakalua, un “hub” de innovación por el que se investiga a Begoña Gómez (o algo así, este culebrón sumarial se ha enredado tanto que ya no lo entiende ni el propio juez). Pero más allá de los pormenores judiciales, que nos importan más bien nada, aquí lo realmente fascinante, impactante, esotérico o sobrenatural, es que entre en escena una testigo de apellido tan simbólico (hay tema para un Cuarto Milenio de Íker Jiménez) con el fin de recordarnos que esto del lawfare es ya uno de los primeros y más acuciantes problemas del país, por encima del paro, la inflación o la pobreza de medallas españolas en los Juegos Olímpicos. Peinado, cuando vea desfilar a la señora Lauffer por el juzgado y tenga que pronunciar su apellido para identificarla, no dejará de recordar las querellas chapuza del sindicato fascista Manos Limpias que ha admitido a trámite; los informes de la UCO que se ha pasado por el forro de los caprichos; las críticas de sus compañeros de carrera, los jueces demócratas, que se llevan las manos a la cabeza por una alegre instrucción con falta de garantías para la investigada monclovita. Todo eso se removerá con la declaración de la testigo/parca.
El tiempo avanza, el verano pasa deprisa y cada vez queda menos para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida sobre la querella por prevaricación de Begoña Gómez contra el instructor que, en caso de ser admitida, podría suponer que Peinado quedara apartado del caso. El magistrado se enfrenta a la hora de la verdad, a la necesidad de encontrar como sea esa prueba mágica y definitiva, ese pelo, esa huella, ese papel comprometedor o carta de recomendación letal, esa muestra de ADN que certifique, científica y rotundamente, que la primera dama estaba en el ajo de los contratos del empresario. Alguna evidencia, un algo que demuestre que Begoña Gómez es una mujer corrupta, aunque sea buena chica. Sin embargo, pese a que el juez pone todo su celo profesional buscando y rebuscando en todas partes, de momento nada potable, más allá de un par de reuniones en Moncloa que él cree sospechosas, como si el Camelot sanchista fuese un búnker cerrado a cal y canto donde no puede entrar ningún caballero con el carné de empresario.
Apremia el tiempo, y aunque agosto es un mes totalmente inhábil, el magistrado se ha propuesto poner España patas arriba, si es necesario, de ahí que haya impuesto a sus sufridos machacas funcionarios (que no ven el momento de que les dejen irse a la playa) un ritmo de trabajo intenso, duro, full time veinticuatro siete, tanto como una de esas carreras de piragüismo olímpico donde los atletas se dejan la piel dando paladas al agua para ganarle la batalla al contrincante y al crono. El reloj puede convertirse en la peor de las obsesiones, y eso parece estar ocurriéndole al juez Peinado, que ve cómo las malditas manecillas avanzan y la ansiada prueba no aparece por ningún lado. Hay tensión en el juzgado, tensión y ahora una misteriosa testigo que se apellida Lauffer, casi como lawfare, qué impresionante giro de guion, qué pasote, y cualquier día se le aparece a Peinado, como un fantasma judicial, una señora que se llama Paquita Prospectiva, Pepita Inconstitucional o Juanita Prevaricación. En el 41 de Madrid están pasando cosas raras. Qué yuyu.