El empresario Juan Carlos Barrabés se ha visto envuelto en una polémica judicial de gran envergadura tras ser acusado de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación con su supuesta conexión con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Barrabés compareció recientemente ante el juez Juan Carlos Peinado, del juzgado 41 de Madrid, para ratificar su versión de los hechos y negar cualquier implicación en actividades ilícitas relacionadas con la familia Sánchez-Gómez.
Barrabés se defiende: reuniones profesionales y no más
En su comparecencia, Barrabés aseguró que solo se vio en dos ocasiones con Pedro Sánchez y que en ninguna de ellas se trataron asuntos que involucrasen a la esposa del presidente. Según declaró, la primera reunión con Sánchez tuvo lugar en el marco de una ronda de encuentros que el presidente mantenía con empresarios especializados en innovación, un campo en el que Barrabés tiene una amplia trayectoria. En la segunda ocasión, afirmó que simplemente coincidió con Sánchez en La Moncloa mientras se encontraba reunido con Begoña Gómez, pero que el encuentro fue breve y no se discutieron temas relevantes.
Barrabés también subrayó que su relación con Begoña Gómez se limitaba a cuestiones estrictamente profesionales, vinculadas a la modificación de módulos de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que ella gestiona. Aseguró que las cartas de interés enviadas por Gómez no estaban relacionadas con sus empresas, sino con proyectos en los que su equipo estaba trabajando, y que él no tenía un conocimiento detallado de los concursos públicos en los que participaban.
Cambio de condición procesal y críticas al juez
El cambio de condición procesal de Barrabés, de testigo a imputado, ha sido un punto de controversia. El juez Peinado justificó esta decisión basándose en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en las declaraciones del propio empresario. Sin embargo, Barrabés y su defensa han criticado esta medida, argumentando que durante su declaración como testigo no se le advirtió de que sus palabras podrían incriminarle, lo que podría suponer una vulneración de su derecho a defensa.
Además, Barrabés ha señalado que los informes de la UCO no arrojan ninguna evidencia de actividades ilícitas en sus negocios, cuestionando así la base sobre la cual se le ha imputado. Este punto ha generado una gran controversia en el ámbito judicial y político, especialmente después de que la Fiscalía expresara su perplejidad ante la forma en que se está llevando el caso, calificando la situación de "deriva procesal".
Condena al digital The Objective,
El caso Barrabés se desarrolla en un entorno político tenso, en el que la figura de Begoña Gómez ha sido objeto de múltiples acusaciones y teorías conspirativas, algunas de las cuales han sido propagadas por medios afines a la ultraderecha y organizaciones como Manos Limpias. Recientemente, un juzgado dio la razón a Gómez en una demanda contra el diario digital The Objective, que había difundido información falsa sobre una supuesta subvención pública recibida por la esposa del presidente.
El diario fue condenado a publicar una rectificación en portada, después de que la noticia falsa fuera utilizada por Manos Limpias en una denuncia que fue admitida por el juez Peinado. Este fallo judicial, aunque favorable a Gómez, no ha logrado reducir la presión mediática y política sobre la familia Sánchez-Gómez, que sigue siendo blanco de ataques y especulaciones.
La perspectiva de Barrabés
Durante su declaración, Barrabés también destacó su larga trayectoria en el sector de la innovación, recordando que ha trabajado con gobiernos de diferentes signos políticos, incluyendo la administración de Manuela Carmena en Madrid, así como con el actual alcalde José Luis Martínez-Almeida. Esta mención parece destinada a subrayar su neutralidad política y profesional, intentando desvincular sus actividades empresariales de cualquier posible influencia política indebida.
Barrabés insistió en que es su equipo, y no él personalmente, quien gestiona las decisiones sobre los concursos públicos en los que participan, y que su grupo empresarial cuenta con cientos de empleados. Con estas declaraciones, busca reforzar la idea de que no tiene un control directo sobre todas las operaciones de su empresa, lo que podría exonerarlo de cualquier responsabilidad en caso de irregularidades.
La Fiscalía, que ya había mostrado su perplejidad por la condición de testigo inicial de Barrabés, criticó que el juez cambiara su criterio de manera abrupta y sin una motivación clara. La decisión de imputar al empresario, según la Fiscalía, se basó en remisiones genéricas y en informes que no arrojaban ninguna irregularidad significativa.
Este tipo de situaciones, en las que la línea entre la justicia y la persecución política parece difusa, alimenta un ambiente de desconfianza en las instituciones y refuerza las teorías de conspiración que circulan en algunos sectores de la sociedad. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el juez Peinado por prevaricación, argumentando que la investigación ha vulnerado derechos fundamentales.
Titulares frente a la verdad
El caso que involucra a Juan Carlos Barrabés y su supuesta conexión con Begoña Gómez sigue abierto y promete seguir generando titulares. Las declaraciones del empresario, que niega cualquier irregularidad, contrastan con la investigación judicial que lo ha llevado de testigo a imputado. La controversia en torno a este caso refleja las tensiones actuales en el ámbito político y judicial en España, donde las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios son tomadas muy en serio, pero también son vistas con escepticismo por parte de aquellos que consideran que podrían ser utilizadas como armas políticas.
Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida, y el desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para los implicados, sino también para la percepción de la justicia y la política en el país.