La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anunciado que los recursos presentados contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez no los resolverá hasta el 30 de septiembre. Y estamos a finales de julio. El mismo camino llevan las resoluciones que deberá adoptar la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya respecto a la decisión del juez Aguirre de abrir una pieza separada para seguir investigando la llamada trama rusa del procès donde todo parece indicar que los recursos deberán esperar a la vuelta de las vacaciones judiciales.
Agosto se considera un mes inhábil a efectos judiciales, un asunto éste que amplios sectores de la sociedad exigen su supresión dado cómo está la justicia en este país. Ya no se pueden justificar los retrasos por la falta de medios. Es que en ningún rincón del mundo se paraliza la actividad judicial de la manera que se hace en este país. Porque mientras los superiores de los jueces Peinado y Aguirre mantienen su inactividad, la derecha seguirá utilizando los medios de comunicación afines para debilitar la credibilidad de los inculpados que es el objetivo, a fin de cuentas, de todo este cúmulo de actuaciones que se han montado los dos magistrados.
Se sigue sin entender este circo mediático del juez Juan Carlos Peinado pretendiendo ir a La Moncloa para interrogar al presidente Pedro Sánchez cuando podía haber aceptado perfectamente la oferta legal de hacerlo por escrito. Está claro el afán de notoriedad del juez. Es mucho mas mediático coger un coche oficial y presentarse en el complejo presidencial. Ya lo único que faltaría es que luego se le facilite una sala de prensa para comentar los resultados del interrogatorio tal y como hacen las visitas al presidente. Sería el colmo.
Todos esos despropósitos se deberían haber terminado ya. En la Audiencia Nacional, por poner un ejemplo, la sala de Lo Penal tarda de una a dos semanas en resolver los recursos presentados a las decisiones de los jueces instructores. Por lo tanto, no se entiende que la Audiencia Provincial vaya a demorarse dos meses en resolver los presentados en el caso Gómez. Dos meses en los cuales la derecha mediática machacará a la mujer del presidente y a los otros dos investigados, Barrabés y Goyache, cuando se han cometido errores de manual en el momento en que se permitió su interrogatorio como testigos haciendo preguntas propias de una imputación, situación a la que pasaron nada más terminar su interrogatorio.
Si hablamos de posibles irregularidades deberemos tener en cuenta las presuntamente cometidas por el juez número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Los elementos de la pieza separada que ha abierto después de que la Audiencia Provincial le ordenara el cierre de las investigaciones de la trama rusa del procès, el magistrado reconoce que proceden de las diligencias llevadas a cabo por la Audiencia Nacional que fueron archivadas.
Aunque Aguirre ha declarado secretas las investigaciones, se han podido conocer algunos detalles que rozan lo absurdo. Ha cambiado a los miembros de la policía judicial que investigan el asunto. Ya no es la Guardia Civil sino la Policía Nacional ya que las conclusiones a las que llegó la benemérita no le convencen. Y ha pedido que se averiguen aspectos tan extravagantes como si intervinieron “rabinos judíos que podrían estar relacionados con la financiación y las criptomonedas”. Peor todavía, el juez pide que se indague si el CNI estaba al corriente de las relaciones de los independentistas con el Kremlin, si los servicios secretos alemanes también tenían conocimiento y si el ministerio de asuntos exteriores germano tuvo una decisiva intervención en la liberación de Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.
El objetivo de Joaquín Aguirre es que el Supremo acepte hacerse cargo de estas investigaciones por el aforamiento del expresident. Va a ser difícil que el alto tribunal se haga cargo de esta instrucción que en su día fue archivada por la Audiencia Nacional por considerar que no existen elementos suficientes para seguir con una investigación que parece más propia de una película de espías que se una instrucción jurídica.
Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí mismo. El juez Aguirre no da puntadas sin hilo. Y sabe gestionar los plazos. Es conocedor de que la Audiencia de Barcelona y el TSJC no resolverán hasta septiembre los recursos presentados contra su decisión. Tampoco se conocerá el resultado de la admisión a trámite de la querella presentada contra él por los abogados de Puigdemont por prevaricación y malversación. Una querella que, de prosperar, le apartaría de la causa.
Al juez Aguirre le da igual las resoluciones de sus superiores. Sabe que en agosto no se van a tomar decisiones. Pero este mes va a coincidir con el debate de investidura del Parlament. Y Puigdemont ha picado el anzuelo. Si hay debate se presentará en España y podrá ser detenido inmediatamente. Por supuesto, en esa detención no va a ocurrir lo que pasó con la de Clara Ponsatí, que el juez Pablo Llarena, una vez la tomó declaración, la dejó en libertad. En el caso de Puigdemont todo tiene la pinta de que lo encarcelarán. Y ya tendremos lo que busca la derecha judicial y, por qué no, los independentistas catalanes. La víctima propicia. Su encarcelamiento tendrá graves consecuencias políticas. No sólo para la investidura de Salvador Illa como nuevo inquilino del Palau de Sant Jaume, sino también para la tramitación de los presupuestos del Estado de 2025.
Y todo gracias a la escasa diligencia que muestran los superiores de Aguirre y Peinado a la hora de resolver unos recursos cuyo resultado parece estar cantado incluso por los mas afines a sus ideas conspiranoicas. Tardar dos meses en resolver unos recursos de los que van a depender los acontecimientos futuros del país demuestran, bien a las claras, la intromisión de los jueces en el poder político. Esos mismos jueces que piden independencia para ellos.