Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado tienen entre sus funciones la de actuar como abogados defensores de ninguna persona ni empresa, sea quienes sean. Sin embargo, en España se han dado en los últimos años varios casos de ello. El más sangrante fue el del Caso Nóos, en el que el fiscal Pedro Horrach se convirtió en el más acérrimo defensor de Cristina de Borbón y Grecia, hermana de Felipe VI, en la causa en la que se la imputaron los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal por las actividades de la empresa que compartía con su marido, Iñaki Urdangarín.
La Fiscalía Anticorrupción, liderada por Pedro Horrach, fue el mejor apoyo para los abogados del despacho de Miquel Roca, porque realizó una defensa furibunda y atacó sin piedad al juez instructor, José Castro. Exactamente lo mismo que está sucediendo ahora con el Caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La izquierda judicial se lanzó entonces contra el fiscal Horrach con acusaciones de que su actitud evidenciaba que tenía instrucciones de proteger a Cristina de Borbón. El portavoz de Jueces por la Democracia en Baleares, Gabriel Fiol, entonces magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y al que se jubiló de manera forzosa durante el gobierno de Sánchez, dio incluso una rueda de prensa para afirmar que en sus muchos años de carrera nunca había tenido conocimiento de descalificacionesa un juez instructor por parte de un fiscal de la gravedad de las que ha realizado Horrach, que ha definido como una «desconsideración» contemplada como falta muy grave en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Las acusaciones que se vertieron entonces contra Horrach desde la izquierda judicial y desde los partidos progresistas son perfectamente aplicables a lo que está sucediendo con el juez Juan Carlos Peinado y con Begoña Gómez, la «presidenta del Gobierno» tal y como denominó a la esposa de Pedro Sánchez el portavoz del Grupo Parlamentario Sanchista en el Congreso de los Diputados.
La derecha judicial y los sectores conservadores de la política acusaron entonces al juez Castro de prevaricar, exactamente lo mismo que hacen ahora desde la izquierda con la señora Gómez. La Fiscalía ha adoptado el papel de abogados defensores del matrimonio Sánchez-Gómez, exactamente lo mismo que sucedió con la Infanta Cristina. Por tanto, Pedro y Begoña ya tienen tratamiento real, ya son borbones. Es hermoso ver cómo alguien cumple sus sueños.
Mañana Pedro Sánchez declarará en calidad de testigo ante el juez Peinado. Tendrá que decir la verdad, lo cual supondrá uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar en su carrera política. Cualquier «cambio de opinión» (el eufemismo utilizado por Sánchez y por su enorme caterva de fanáticos para evitar reconocer su mitomanía) podrá ser considerado como un delito de «falso testimonio» que está recogido en el Código Penal y castigado con hasta 2 años de cárcel.
La Fiscalía está intentando evitar por todos los medios a su alcance que Sánchez declare y que la instrucción contra Begoña Gómez sea archivada. Al igual que sucedió con Cristina de Borbón, al gobierno no le interesa que se investiguen totalmente los hechos de los que se acusa a la esposa del presidente. Los fiscales de Sánchez no se diferencian mucho de los de Rajoy, lo que pasa es que ahora se acusa de lawfare lo que entonces era calificado de hacer justicia. No se trata de justificar una u otra cosa, se trata de ser coherente y no caer en la infantil visión de la política basada en «buenos y malos» dependiendo del lado de la orilla en el que se esté.
En el caso de Cristina de Borbón había elementos suficientes como para pensar que se habían cometido delitos. Exactamente lo mismo que sucede con Begoña Gómez y para determinar si es así los jueces instructores tienen la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, citando a declarar a quien haga falta, sea quien sea y esté en el estado de divinización en el que esté.
La izquierda y todos sus sectarios palmeros están dando un espectáculo lamentable. Entonces, el juez Castro era un héroe nacional. Ahora, el juez Peinado es el diablo. Lo mismo ocurre con la derecha y la extrema derecha. Entonces, el juez Castro era un antimonárquico radical y ahora al juez Peinado hay que concederle la Laureada de San Fernando. Ni lo uno ni lo otro.
A falta de unas horas para que el juez se presente en el Palacio de la Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez en calidad de testigo, la Fiscalía está moviendo cielo y tierra para evitar que esto suceda. En Moncloa saben que las palabras de Sánchez en el pasado sobre la declaración de Mariano Rajoy, también en calidad de testigo, se le van a volver en contra, por mucho que en este asunto haya cambiado de opinión una vez más.
La Fiscalía, como si de un abogado defensor se tratara, ha recurrido por segunda vez para evitar que Pedro Sánchez tenga que declarar ante el juez. Exactamente lo mismo que se hizo con Cristina de Borbón para evitar que se produjera el «paseíllo» judicial de la hermana de Felipe VI. El presidente del Gobierno, de momento, no tendrá que acudir al Juzgado porque se ha tenido la deferencia de tomarle declaración en el Palacio de la Moncloa.
Eso sí, Sánchez no sólo se tendrá que enfrentar a las preguntas del juez, sino de las acusaciones. El juez ha permitido que Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, asista y participe en el interrogatorio. Pedro Sánchez no podrá eludir las preguntas que se le hagan, puesto que, al no estar imputado, no cuenta con el derecho de no declarar. Lo tendrá que hacer y obligado a decir la verdad.
Pedro y Begoña están recibiendo el mismo trato que la Monarquía cuando tienen problemas judiciales. Como dijo Arturo Pérez-Reverte al referirse a Sánchez «dije que era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un pistolero y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría». Cuidado Felipe.