El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar como testigo en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decisión se produjo después de una semana de incertidumbre, culminando con la llegada del magistrado Juan Carlos Peinado al Palacio de La Moncloa a las 10:20 de la mañana para interrogar al jefe del Ejecutivo.
La patética escena de un juez acudiendo a la sede de la Presidencia del Gobierno para tomar declaración en persona al presidente es inédita en la actual etapa democrática. Sin embargo, el magistrado no pudo cumplir con todas sus expectativas. A pesar de sus esfuerzos para celebrar la cita, Pedro Sánchez se acogió al precepto contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los maridos, así como a otros familiares directos de los investigados, no declarar contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa.
El juez Peinado impidió a Sánchez declarar por escrito, como permite la norma a los miembros del Gobierno cuando comparecen como testigos por hechos conocidos por razón de su cargo. Para justificar su decisión, Peinado alegó que quería preguntar al presidente por temas no relacionados con su puesto, sino con su condición de marido de Begoña Gómez.
Las maniobras de un juez al servicio del PP y la extrema derecha
La cita de este martes estuvo rodeada de expectación y polémica. La organización ultracatólica Hazte Oír, personada como acusación popular en el sumario, convocó una concentración cerca de La Moncloa bajo la proclama: “Sánchez tiene que dar la cara. Vamos a estar cerca de la Moncloa para que oiga el clamor del pueblo español. Es hora de exigir explicaciones. Por España, por nuestros derechos”. Sin embargo, solo una treintena de personas acudieron a la llamada, coreando lemas como “Es una mafia, no es un Gobierno”, “Sánchez dimisión, Sánchez a prisión” y “Sánchez canalla, España no se calla”.
Por su parte, la Fiscalía y la defensa de Gómez denunciaron la deriva procesal del procedimiento. El fiscal José Manuel San Baldomero recalcó que no “hay rastro alguno” del “tráfico de influencias en cascada” que alegaba el instructor Peinado. Según San Baldomero, la investigación es “carente de indicios”, “desmesurada” y “adolece de la mínima precisión”. En el mismo sentido, la defensa de Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, y la Fiscalía presentaron escritos pidiendo anular la citación de Sánchez, argumentando que era “inútil” y que el presidente podía acogerse a su derecho a no declarar.
La toma de declaración
El juez Peinado llegó a La Moncloa a las 10:20 horas, acompañado del fiscal, de los letrados de las defensas y de la abogada de Vox, Marta Castro. La cita estaba programada para las 11:00 horas, pero duró apenas 20 minutos. Fuentes cercanas a la defensa de Begoña Gómez explicaron que la declaración transcurrió “sin problema y con normalidad”.
Marta Castro, la abogada de Vox, declaró a la salida que Sánchez se mostró “impávido y altanero” ante el juez. Según Castro, “la comparecencia del líder del Ejecutivo ha sido en un despacho y ha durado apenas 20 minutos”.
El origen del falso caso
La causa contra Begoña Gómez comenzó el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. La investigación se centra en la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, su conexión con Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, y sus vínculos con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra.
El abogado de Gómez y la Fiscalía subrayan que los hechos por los que se investiga a Gómez fueron conocidos por Sánchez en su calidad de presidente del Gobierno, lo que justificaría que pudiera declarar por escrito. Sin embargo, Peinado mantuvo que las preguntas estaban relacionadas con su relación marital.
El Ministerio Público criticó la citación de Sánchez como “inútil, conveniente, pertinente ni necesario” y expresó su “rotunda discrepancia” con la decisión del juez. La Fiscalía también señaló que la resolución firmada por un juez sustituto, durante las vacaciones de Peinado, demuestra la falta de justificación para la citación.
A pesar de las críticas y la falta de evidencias claras, Peinado sigue adelante con la investigación, basada en la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. La Audiencia de Madrid acotó la denuncia a dos contratos adjudicados al empresario Carlos Barrabés, pero el juez mantiene las pesquisas abiertas.