El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar como testigo en una investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, en una decisión sin precedentes tomada por el juez Juan Carlos Peinado. Esta acción ha causado un gran revuelo político y judicial, y ha dejado a muchos, incluida la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, asombrados. La situación plantea preguntas sobre la legalidad y las implicaciones políticas de la decisión del juez, especialmente en un momento en que la legitimidad del gobierno de coalición está bajo escrutinio.
La citación a Sánchez: un movimiento inédito
El juez Peinado pretende tomar declaración a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio en La Moncloa, una maniobra que, según fuentes jurídicas, “retuerce” la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este movimiento inusual se justifica con la intención de investigar un supuesto “tráfico de influencias en cadena” relacionado con Gómez. Sin embargo, según la ley, Sánchez está exento de declarar debido a su relación con la investigada, su esposa.
El juez se apoya en el artículo 412.3 de la misma ley, que permite tomar declaración en el domicilio o despacho oficial de ciertas autoridades. Sin embargo, este artículo se aplica a cuestiones de las que el testigo no haya tenido conocimiento por razón de su cargo. Dado que la acusación implica posibles influencias cometidas en el Consejo de Ministros, este artículo no sería aplicable, según los expertos legales consultados.
La Reacción de Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, expresó su asombro ante la decisión del juez durante un desayuno informativo con otros ministros de Sumar. “Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y estoy asombrada con lo que está pasando con este caso”, afirmó Díaz. Añadió que tanto Sánchez como Gómez harán “lo que tienen que hacer”, que es “defenderse”, pero subrayó que no ha visto "un caso semejante" en su carrera.
Implicaciones Políticas
La decisión de Peinado ha sido interpretada por muchos como un intento de dar munición a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), quien considera ilegítimo el gobierno de coalición. La citación de Sánchez y la intención de grabar su declaración en vídeo podría ser utilizada por la oposición para cuestionar aún más la legitimidad del gobierno actual.
Mientras tanto, la acusación popular, impulsada por la formación Vox, ha sido un factor determinante en la citación de Sánchez. Vox solicitó la declaración del presidente tras la negativa de Begoña Gómez a declarar, invocando su derecho a no incriminarse. Esta movida ha intensificado la tensión política, con el gobierno denunciando un ataque coordinado contra su estabilidad.
No hay precedentes en España de un juez personándose en La Moncloa para tomar declaración a un presidente del Gobierno. Autoridades como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Margarita Robles han declarado por escrito en investigaciones anteriores, conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La decisión de Peinado de desestimar esta práctica establecida y optar por una declaración presencial y grabada en vídeo ha sido criticada por numerosos juristas.
La Estrategia de Feijóo
Para Feijóo, este escenario proporciona una oportunidad para criticar al gobierno de coalición, sugiriendo una falta de transparencia y legalidad. La citación de Sánchez puede ser vista como un intento de debilitar la posición del presidente y reforzar las demandas de la oposición de una revisión exhaustiva del actual gobierno.
La oposición, especialmente Vox y el PP, podrían utilizar este evento para alimentar narrativas de ilegitimidad contra el gobierno de coalición. En este clima de incertidumbre, el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para entender el impacto real de esta decisión insólita en la política española.