Begoña Gómez ha acudido al juzgado para tomar parte en el esperado cara a cara con el juez Peinado. Finalmente, no hubo paseíllo ante la prensa, como sí hicieron otros ilustres investigados como los duques de Palma, ya que la magistrada decana de Madrid autorizó que la compareciente pudiera entrar y salir en coche oficial, por el garaje de la sede judicial, Plaza de Castilla. Moncloa había alegado motivos de seguridad para prevenir “cualquier incidente” y Marlaska desplegó más lecheras en los aledaños de los tribunales que en una final de Champions. Todo este férreo dispositivo policial vino a sumarse a la petición de la defensa para que no se grabara el interrogatorio de la investigada, ya que al minuto siguiente el vídeo sería lanzado a las redes sociales como parte de la campaña de desinformación, escarnio y difamación de la máquina del fango que tan poco le gusta al presidente.
Lógicamente, tales decisiones han encendido los ánimos de la derecha española, que habla ya de “privilegios” de la familia presidencial. PP y Vox esperaban contar con la imagen de Gómez desfilando por los juzgados, subida al carromato rumbo al cadalso u hoguera, como una arpía o maga del socialismo. Feijóo y Abascal soñaban con el retrato final de una mujer destruida, vestida de blanco, rapada al cero como una republicana cautiva de los nacionales y esposada con las manos atrás. No en vano, para qué vamos a negarlo, todo este caso abierto por el juez Peinado desprende un fuerte tufillo a caza de brujas (siempre mejor la expresión castellana que el horrible término anglosajón lawfare). El plan de la derecha era convertir el acto judicial de esta mañana en un auto de fe inquisitorial, el amor del tótem sanchista ardiendo en la plaza pública y a ojos de todos, de modo que lo que hemos presenciado esta mañana en Madrid es una reminiscencia de aquellos pleitos medievales contra un rey tambaleante.
Sea como fuere, todo estaba previsto para que el circo siguiera su curso. Cada cual estaba en su puesto, el dispositivo ultra perfectamente organizado. Tellado con el dedo índice pegado al Twitter, el agitador Vito Quiles husmeando, teléfono móvil en mano, por los pasillos del juzgado (dicen que le han dejado colarse junto a algún que otro personaje de la caverna televisiva) y los palmeros de la claque (debidamente pagados y alimentados) haciendo las veces de pelotón de fusilamiento para disparar las salvas habituales de insultos e improperios. Cuando la derecha se pone, se pone, y no falta de nada.
Ante las advertencias de la policía, algunos manifestantes antibegoños se hacían los despistados (“a mí qué me dice, yo voy a coger el autobús”), y otros lo daban todo la patria, como buenos patriotas españolazos, gritando consignas, patochadas y estupideces del estilo “vamos a una dictadura y solo falta Maduro”. El despliegue se ha completado, cómo no, con los abogados de Manos Limpias, más Buxadé por Vox en calidad de inquisidor mayor del reino. En fin, lo habitual en toda caza de brujas que se precie.
El culebrón con grandes y escandalosos titulares estaba a punto para el telediario de las tres pero, al final, se aguó la fiesta ultra, ya que la declaración tuvo que ser suspendida, consumándose el coitus interruptus. Por lo visto, a alguien en el juzgado se le pasó el pequeño detalle de informar a la imputada de la querella adicional presentada in extremis por Hazte Oír. Cabría preguntarse qué demonios pintan en la película estos mojigatos de misa de doce, pero habrá que ir acostumbrándose a juicios en los que ya toma parte cualquier friqui, los antiabortistas, los conspiranoicos, los antivacunas y la asociación de bigotudos que fuman. Ya solo falta que se personen en esta verbena los seguidores de la secta Moon, los milenaristas de los marcianos verdes y las monjas cismáticas de Occidente. Lo único cierto es que el nuevo error judicial viene a añadirse a la ya larga lista de irregularidades y abusos que se han cometido en este esotérico y polémico procedimiento. La sensación que queda es que semejante vodevil o gran espectáculo político es poco serio y edificante desde el punto de vista de la técnica penal y procesal, o sea, un sumario poco trabajado o “peinado” por el juez, por emplear un chiste fácil. Así que los españoles tendrán que esperar hasta el 19 de julio (ya puestos, su señoría podría haber fijado la fecha un día antes, para hacerlo coincidir con el día del glorioso alzamiento nacional, que sería lo suyo) para saber qué ocurrió con las adjudicaciones de contratos al empresario Barrabés.
Mientras se consumaba el nuevo esperpento del juez Peinado (a quien ya se acusa de estar llevando a cabo una investigación prospectiva, es decir, cuando el juez primero dispara y después pregunta), el abogado de Gómez se quejaba amargamente de que su cliente aún no sabe de qué se le acusa. Y es cierto, meses después de haber estallado el escándalo, la esposa del presidente aún no ha tenido tiempo, no ya de defenderse como cualquier ciudadano, sino de que el magistrado instructor le informe de sus derechos, tal como suele hacerse en un país democrático avanzado. Estamos ante un pleito inédito en la historia judicial de nuestro país; nunca antes se había visto algo así. Querellas de sindicatos fascistas plagadas de bulos, informes de la Guardia Civil que son ignorados, garantías procesales que saltan por los aires, señoras de Santander que aparecen en el expediente sin tener nada que ver... Toda esta farsa tramada para erosionar el sanchismo empieza a parecerse cada vez más a un tebeo de Mortadelo y Filemón. Humor castizo, solo que con poca gracia por el daño que se le está haciendo a nuestra estuprada democracia.