La reciente ola de disturbios en Torre Pacheco, tras la agresión a un vecino de 68 años, no puede analizarse al margen del contexto político y social que la rodea. La detención en Errentería (Guipúzcoa) de un joven de 19 años, el tercero relacionado con los hechos, coincide con un clima marcado por mensajes incendiarios, movilizaciones organizadas y una creciente normalización del racismo en el espacio público.
Lejos de tratarse de una reacción espontánea, lo ocurrido responde a un patrón reconocible: un hecho violento amplificado por redes sociales, discursos polarizantes y llamados explícitos a la confrontación. La convivencia, en este escenario, deja de ser un valor compartido para convertirse en un campo de batalla simbólico, donde la diferencia se convierte en amenaza y la respuesta en castigo colectivo. El reto democrático consiste ahora en frenar esta deriva sin renunciar a los principios que sustentan un Estado de derecho.
La violencia como síntoma y como estrategia
El detenido en Guipúzcoa, de origen magrebí y con Número de Identificación de Extranjero, fue interceptado por agentes de la Ertzaintza en la estación de tren de Errentería, dentro de un operativo rutinario de prevención de robos. Sobre él pesaba una orden de detención emitida por la Guardia Civil de Torre Pacheco, en relación con la agresión ocurrida la semana pasada. Según fuentes de la investigación, los otros dos implicados directos también son jóvenes magrebíes en situación irregular.
Tras esa agresión, los disturbios se sucedieron durante varias noches en la localidad murciana, con episodios de violencia racista como el asalto a un establecimiento de comida rápida. En total, ya son diez los detenidos vinculados a estos incidentes, aunque no todos relacionados directamente con el ataque inicial.
El foco, sin embargo, se ha desplazado más allá del caso concreto. Las autoridades han detectado una organización deliberada de los disturbios, con convocatorias a través de redes sociales, presencia de vehículos sospechosos que intentaban acceder al casco urbano y personas que portaban objetos peligrosos como palos y defensas extensibles. Todo ello indica la existencia de grupos radicales movilizados, no solo por indignación, sino por una agenda política clara.
Las palabras importan
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado directamente a la formación Vox por alimentar la tensión con declaraciones que hablan de "inmigración criminal" y que, en su opinión, han generado un clima propicio para “acciones fuera de la ley”. Ha pedido que todos los partidos, pero especialmente quienes han contribuido a extender este tipo de mensajes, llamen a la calma.
No es la primera vez que un discurso político sirve de legitimación emocional para estallidos sociales violentos. El uso del miedo, el señalamiento del otro y la creación de un enemigo común son herramientas clásicas del populismo excluyente. Cuando se traslada a la ciudadanía la idea de que la seguridad depende de eliminar al diferente, se debilita el consenso básico de la convivencia democrática.
El desafío no es solo policial ni judicial. La respuesta debe ser también ética y política, en defensa de un modelo de sociedad basado en la inclusión, el respeto mutuo y el cumplimiento de la ley. Señalar colectivos enteros por los actos individuales de algunos no solo es injusto, sino también peligroso: alimenta el resentimiento, daña el tejido social y convierte el espacio público en terreno hostil para quienes son percibidos como distintos.
El caso de Torre Pacheco debe servir como advertencia. No todo vale en el debate político. Las palabras, cuando agitan el miedo y justifican la violencia, tienen consecuencias reales. Frente a la violencia desatada y al discurso inflamado, solo cabe reafirmar el compromiso con la convivencia, el derecho y la dignidad de todos los ciudadanos, sin excepciones.