En un nuevo alarde de desprecio por la legalidad y los derechos fundamentales, Vox ha protagonizado una concentración prohibida ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza para exigir el cierre de “todos los centros de ilegales”. Aprovechando un suceso aún bajo investigación, el partido de extrema derecha ha lanzado un discurso violento y cargado de bulos, en el que se criminaliza la migración, se manipula el dolor de una víctima y se sustituye el rigor por el populismo más abyecto.
Una concentración prohibida y una estrategia conocida
Lo que sucedió este martes ante el centro de menores de Hortaleza no fue una protesta, fue una puesta en escena planificada. Vox eligió un escenario delicado –el entorno residencial de menores en situación de vulnerabilidad–, una causa sensible –una presunta agresión sexual aún no aclarada– y un lenguaje beligerante, racista y sexista para su propio beneficio político.
La Delegación del Gobierno había prohibido la concentración por razones evidentes: proteger a los menores residentes y evitar posibles altercados. Pero a Vox, más preocupado por los titulares que por la ley, le bastó con comparecer ante las cámaras para convertir un acto ilegal en una campaña propagandística. La presencia de Rocío de Meer y de Isabel Pérez Moñino, dos rostros conocidos del discurso ultra, confirmó que el objetivo no era denunciar un delito, sino fabricar un enemigo, alimentar el miedo y reforzar un relato xenófobo que asocia migración y violencia de forma absolutamente irresponsable.
Porque cuando la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid asegura que “las agresiones sexuales han aumentado un 275% desde que gobierna Sánchez” o que “la mayoría las cometen hombres extranjeros”, no solo miente sin rubor, sino que contribuye a construir una idea del extranjero como amenaza, del migrante como depredador, y del menor no acompañado como delincuente en potencia.
Lo que hay detrás de ese discurso no es la seguridad de las mujeres. Es la manipulación cínica del sufrimiento real de las víctimas, usadas como instrumento para reforzar una ideología profundamente reaccionaria.
Violencia de Estado: criminalizar la infancia, atacar al diferente
La retórica de Vox no es nueva, pero sí cada vez más peligrosa. Esta vez, ha sobrepasado una línea especialmente sensible: la criminalización de menores. Menores que, en su mayoría, han cruzado fronteras huyendo de guerras, abusos, pobreza o abandono. Menores sin familia, sin red, sin protección. Y a ellos se les señala en mítines, se les acusa desde el estrado, se les llama “ilegales” como si esa palabra, usada como sustantivo, no cargara con siglos de deshumanización.
¿Qué significa pedir el cierre de todos los centros de acogida? ¿Dónde propone Vox que vayan esos niños? ¿Qué ocurre con sus derechos como menores?
El partido no responde. Y no lo hace porque su estrategia no está basada en soluciones, sino en agitación. Si puede asociar a un menor extranjero con una agresión, lo hará. Si puede utilizar un hecho aislado –todavía no juzgado– para justificar políticas racistas, lo hará. Si puede sembrar odio desde un micrófono, lo hará. Porque el negocio político de Vox es el miedo.
Y si además consigue confrontar a la sociedad española contra sí misma, dividir a barrios enteros y estigmatizar a colectivos vulnerables, todo eso será un éxito para quienes entienden la democracia como un terreno de conquista ideológica, no como un pacto común de derechos y deberes.
Mientras, los agresores reales –los que ejercen violencia estructural, machista y cotidiana– siguen contando con la complicidad de quienes niegan su existencia, de quienes, como Vox, pretenden borrar la palabra “machismo” del diccionario, pero multiplican sus efectos en la realidad.
El Congreso, los parlamentos autonómicos y hasta las aceras frente a los centros de acogida no deberían ser el teatro donde se normalice el discurso del odio. Pero eso solo será posible si la respuesta institucional, judicial y social está a la altura. Si no se actúa, si no se denuncia con firmeza esta deriva autoritaria y deshumanizadora, no habrá centro de menores que esté a salvo, ni democracia que no se resienta.