La libertad de prensa se encuentra en el centro de un encendido debate tras la demanda presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra Xabier Fortes, Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón. En un acto que algunos consideran un intento de limitar el derecho a informar, González Amador exige una rectificación pública y una compensación económica de 5.000 euros a cada uno de ellos, por referirse a él como “defraudador confeso” en el programa La Noche en 24 horas.
El caso ha despertado una cascada de reacciones, particularmente de Xabier Fortes, quien no solo ha reafirmado sus declaraciones, sino que ha calificado la acción judicial como “un intento de coacción” para frenar su labor periodística.
¿Defraudador confeso o tergiversación mediática?
La controversia gira en torno a las palabras de los periodistas en el programa emitido el pasado 26 de octubre, donde se debatió sobre el correo que González Amador envió a la Fiscalía, en el que su abogado reconocía la comisión de dos delitos fiscales. Según Fortes, utilizar la expresión “defraudador confeso” es una descripción fiel de los hechos, basada en documentos públicos que el propio abogado de Amador no ha desmentido.
“No encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador”, señaló Fortes en un comunicado publicado tras recibir la notificación de la demanda. El periodista gallego insiste en que las afirmaciones realizadas en el programa están amparadas por el derecho a la información y en que el caso está lejos de ser una difamación, como sostiene el querellante.
El trasfondo judicial y las reclamaciones de González Amador
La pareja de Ayuso, investigada por la Fiscalía desde marzo por defraudar más de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, sostiene que las declaraciones de los periodistas son falsas y difamatorias. En la demanda presentada en el juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarcón, González Amador solicita, además del resarcimiento económico, una rectificación en el mismo programa y franja horaria, negando que haya confesado dichos delitos.
Sin embargo, Fortes y Juliana argumentan que las palabras utilizadas en el programa reflejan hechos reconocidos en el proceso judicial, como consta en los escritos remitidos a la Fiscalía. “El objetivo último de esta demanda es limitar el derecho de información”, afirmó Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia, al conocer la noticia.
Xavier Fortes (@xabierfortes) responde al aviso de querella de la pareja de Díaz Ayuso por referirse a él en #LaNoche24h como "autor confeso de un fraude fiscal"
— La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) December 9, 2024
▶️ https://t.co/5SYQhFS1Iopic.twitter.com/4IrW5gzAQL
Un precedente peligroso para la libertad de prensa
Para Xabier Fortes, esta querella no es solo un ataque a su persona, sino una amenaza a la labor periodística en general. En su comunicado, el periodista adelantó que remitirá un escrito de amparo al Colegio de Periodistas de Galicia y al Consejo de Informativos de TVE para denunciar lo que considera un intento de silenciar el trabajo de los medios.
“No deja de ser chocante la interposición de esta demanda, cuando el propio González Amador ha reconocido por medio de su abogado la comisión de dos delitos fiscales”, subrayó Fortes, quien añadió que “en 36 años de profesión jamás he sido condenado ni obligado a rectificar por mi trabajo”.
Organizaciones periodísticas y figuras del ámbito de la comunicación han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de este caso. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un comunicado respaldando la actuación de Fortes y sus compañeros, destacando que “el derecho a la información no debe ser coartado por demandas intimidatorias”.
La causa de González Amador: mascarillas, fraude fiscal y filtraciones
El caso de González Amador, que saltó a la luz pública durante la pandemia, se originó tras conocerse que el empresario había multiplicado sus ingresos gracias a contratos de suministro de mascarillas. La Fiscalía lo acusa de defraudar más de 350.000 euros en dos ejercicios fiscales, una causa que permanece abierta pero estancada. Paralelamente, se investiga la supuesta filtración ilegal de los correos donde su abogado reconocía dichos delitos, lo que podría derivar en otro proceso judicial.
En este contexto, la demanda contra los periodistas añade una nueva capa de complejidad, enfrentando el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz contra los derechos al honor y la intimidad del acusado.
El defraudador confeso Alberto González Amador me avisa de una querella por llamarle defraudador confeso. Lo explico en esta nota. Ahí lo dejo:) pic.twitter.com/05xxXoFBOP
— Xabier Fortes (@xabierfortes) December 9, 2024
Más allá de los tribunales, este caso plantea cuestiones fundamentales sobre los límites de la libertad de expresión y el papel del periodismo en la sociedad. ¿Hasta dónde puede llegar un medio de comunicación al informar sobre asuntos de interés público? ¿Es legítimo calificar a González Amador como “defraudador confeso” cuando existen documentos que respaldan esta afirmación? Estas preguntas seguirán en el centro del debate mientras la causa avanza.
Muchísimas gracias por las muestras de apoyo. Nunca es grato ser objeto de las noticias, lo nuestro es contarlas, pero espero que al menos sirva para demostrar qué intentan algunos. Por mi parte han conseguido el efecto exactamente contrario al que buscaban.
— Xabier Fortes (@xabierfortes) December 10, 2024
Por ahora, los periodistas involucrados se mantienen firmes en su postura, confiados en que su labor está protegida por el derecho a la información. Como señaló Enric Juliana: “Informar no es calumniar; es ejercer un derecho fundamental en democracia”.