Los fuegos de este verano han vuelto a desbordar los recursos y han vuelto a mostrar la ausencia de una política forestal seria en Galicia. En ese contexto, la Xunta convoca plazas que deberían haberse reforzado hace años. Los sindicatos denuncian negligencia institucional y una gestión que responde más al pánico mediático que a una verdadera voluntad de proteger el territorio.
La lógica perversa del "todo tarde"
En plena emergencia, mientras brigadas exhaustas tratan de contener las llamas sin medios suficientes, la Xunta anuncia —como si de una estrategia planificada se tratara— la convocatoria de 327 nuevas plazas para bomberos forestales, jefes de brigada y conductores. El anuncio, recogido en el Diario Oficial de Galicia, más parece un intento de lavado de imagen que una respuesta efectiva y seria a la crisis ambiental y social que azota al territorio.
Porque no se trata solo de cuándo se convoca, sino de cómo se ha llegado hasta aquí: años de recortes, privatizaciones encubiertas y externalizaciones han vaciado de músculo a un sistema que debería estar preparado todo el año, no solo en agosto. Galicia necesita planificación y compromiso, no anuncios de última hora para cubrir titulares.
Lo han denunciado los sindicatos y lo sabe cualquiera que haya pisado monte este verano: la improvisación es ya parte estructural de la política forestal del PP gallego, más preocupada por los balances económicos que por proteger la vida y el patrimonio natural.
Política forestal de calendario electoral
La Xunta, como viene siendo habitual, reacciona cuando la prensa arde y la ciudadanía grita. El patrón es tan previsible como indignante: desatención crónica al operativo de incendios, desprecio a las condiciones laborales de quienes se juegan la vida en los montes, y una lógica de reacción que solo se activa bajo presión mediática. Mientras tanto, el rural languidece y el monte se convierte en pasto de fuego y desinterés.
Este verano, con miles de hectáreas arrasadas, la respuesta institucional no ha sido la coordinación, sino el caos. Desde CC.OO., UGT o CSIF reclaman dimisiones urgentes ante lo que califican como “gestión nefasta y negligente”. No es solo una opinión sindical: es el reflejo de una realidad palpable. El operativo forestal no puede depender del voluntarismo, ni de la caridad política cuando el daño ya es irreversible.
La política forestal de Feijóo primero y de Rueda después ha sido un manual de desinversión con consecuencias: plantillas menguadas, condiciones laborales precarias y una visión cortoplacista que ahora, en mitad del desastre, pretende maquillar con convocatorias que llegan, literalmente, cuando todo ya arde.