Que Pedro Sánchez es un político sin escrúpulos es un hecho tan absoluto como que todas las mañanas el sol sale por el este y por las tardes se pone por el oeste. Lo único que le importa es mantenerse en el poder y esta legislatura es una muestra maximalista de ello. Jamás se tiró tanto de chequera para poder mantener con vida a un presidente; jamás se aceptó el nivel de chantaje que ahora se permite. Pero eso a Sánchez le da igual, sobre todo cuando quien tiene las llaves de la caja es una vasalla que no cuestionará nunca a su señor.
El último capítulo de la película de terror gore en que se ha convertido la legislatura es el llamado “cupo catalán” que el sanchismo quiere enmascarar con un eufemismo cruel: “financiación singular para Cataluña”. Desde el Ejecutivo se señala que este acuerdo con la Generalitat, que costará cerca de 100.000 millones a las arcas españolas, es un modo de modernizar el sistema de financiación autonómica que, al parecer, se ha quedado obsoleto. Sin embargo, Sánchez sólo ha hecho este movimiento cuando precisa de los votos tanto de ERC como de Junts.
Sánchez ya lleva 7 años en el gobierno. Líderes autonómicos socialistas han reclamado este cambio del sistema de financiación en todo este periodo. El valenciano Ximo Puig fue uno de los paladines de ello. No se le hizo caso. Sánchez sólo se ha movido cuando precisa de los votos del independentismo para mantenerse en el poder.
A todo lo anterior hay que sumar la urgencia en fortalecer los lazos con los socios parlamentarios tras el estallido de presuntos casos de corrupción en el PSOE y en el entorno del presidente que han debilitado la posición del Ejecutivo y que está siendo aprovechado por el independentismo catalán para apretar las tuercas. Ya se sabe, el chiste del dentista.
El cupo catalán permitirá a la Generalitat recaudar y gestionar la mayoría de sus propios tributos, incluidos el IRPF y el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, esta nueva cesión socavará la solidaridad interterritorial, erosionará la igualdad de las comunidades autónomas y precipitará un efecto dominó de privilegios que terminará debilitando al conjunto de España.
Desde Hacienda defienden el acuerdo como el primer paso para modernizar un sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Según el pacto, Cataluña aportaría luego al fondo común un porcentaje “a determinar” bajo el principio de ordinalidad, que garantizaría que no retroceda en su posición relativa tras la redistribución. Sin embargo, la realidad muestra que este diseño no es otra cosa que un “cupo a la vasca” camuflado, incompatible con el régimen común y ajeno a la normativa actual de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Las consecuencias económicas de conceder a Cataluña el control de sus ingresos fiscales será nefasta. Si Sánchez permite que se queden con una parte mayor del excedente, habrá menos recursos para garantizar servicios esenciales en el resto de España. Las comunidades de menor renta son las que más dependen de las políticas redistributivas del Estado. Esa merma presupuestaria, advierte, se traducirá en recortes en sanidad, educación y políticas sociales o en subidas de impuestos en regiones como Extremadura, Castilla‑La Mancha e incluso Madrid y Baleares, donde Ayuso y Prohens ya han advertido del “impacto de decenas de miles de millones de euros” sobre sus cuentas autonómicas.
La deriva política también vota en contra de la iniciativa. En el propio PSOE han surgido fortísimas y razonables críticas: Emiliano García‑Page (Castilla‑La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) consideran que Sánchez paga “un precio demasiado elevado” por asegurar la estabilidad parlamentaria, mientras dirigentes territoriales vaticinan una “rebelión de las comunidades” ante un privilegio inédito que choca con el principio de igualdad consagrado en la Constitución. En la oposición, el PP califica el modelo de “injusto y regresivo”, y advierte de que el Ejecutivo estaría creando un precedente peligroso que otras autonomías reclamarán a corto plazo.
Desde un punto de vista jurídico, el encaje constitucional de una financiación exclusiva para Cataluña carece de base. Sólo la disposición adicional primera de la Carta Magna ampara singularidades derivadas de lenguas o derechos civiles, pero no un concierto fiscal a medida de un solo territorio. La falta de consenso necesario para modificar la LOFCA y la Ley de Haciendas Locales hace además muy remota la aplicación práctica de un modelo que, en el mejor de los casos, se toparía con una compleja batalla parlamentaria y judicial.
La suma de objeciones (técnicas, financieras, jurídicas y políticas) anuncia un panorama convulso. Al riesgo de desangrar recursos al resto de España se añade la posibilidad de que el “efecto contagio” impulse a comunidades con mayor poder económico, como Madrid o Baleares, a exigir su propio régimen especial. En ese escenario, el Estado perderá progresivamente el control de su capacidad recaudatoria y la solidaridad interterritorial, piedra angular del Estado autonómico, quedaría gravemente dañada.
Ante el cerco de críticas y la creciente tensión institucional, Sánchez se juega mucho: o encauza el debate hacia una reforma de financiación autonómica inclusiva para todas las comunidades, o queda atrapado en un pulso que fracturará aún más el mapa territorial y erosionar la cohesión social y económica de España.
El trasvase de recursos económicos desde la caja común a Cataluña podría alcanzar los 13.200 millones de euros anuales, es decir, 46.200 millones hasta el final de la legislatura en el caso de que se agotara. Dado que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral.
A esto hay que sumar que el Estado perdería hasta 62.000 millones de euros anuales si las condiciones que se han pactado entre el sanchismo y ERC para Cataluña se extendieran a otras comunidades autónomas. Por tanto, otros 217.000 millones de euros.
A esa cifra hay que sumar la factura de más de 160.000 millones de euros que Sánchez estuvo dispuesto a pagar para poder ser investido presidente del gobierno. Para hacer efectivos los objetivos del secretario general del Partido Sanchista se utilizaron recursos públicos para cerrar acuerdos que, además de tener un más que dudoso encaje legal, cuentan con el rechazo de la gran mayoría de la ciudadanía española, votantes socialistas incluidos.
El precio que Pedro Sánchez estuvo dispuesto a pagar para seguir en la Moncloa con el dinero de todos supera los 166.000 millones de euros. En términos de PIB, Sánchez cedió sólo para su investidura un 11,7% del Producto Interior Bruto.Sumando esta cantidad con otras cesiones a sus socios, incluido el cupo catalán, la cifra supera los 400.000 millones, lo que, poco a poco, se va acercando al medio billón.