En un momento en que gobiernos de todo el mundo recortan las cargas tributarias a las empresas con la esperanza de atraer inversión y generar empleo, la economista Agustina Gallardo y un consorcio internacional de defensa de los derechos de los trabajadores han desmontado este argumento con el análisis transnacional más exhaustivo hasta la fecha. El estudio de registros fiscales (que abarcan desde la década de 1990 hasta 2021) y datos de empleo y salarios en más de sesenta países, su investigación pone de manifiesto que no basta con rebajar la tasa impositiva nominal de las corporaciones para dinamizar el mercado laboral. Es decir, los argumentos neoliberales defendidos por Isabel Díaz Ayuso son falsos si se ciñen a los históricos de datos.
Utilizando más de seiscientos puntos de datos que cruzan los niveles de recaudación tributaria, la tasa de empleo formal y la proporción de la renta nacional destinada a remuneraciones, Gallardo y sus colaboradores hallaron que las economías con una presión fiscal fuerte (incluidos unos impuestos corporativos realmente cobrados) disfrutan de un mayor porcentaje de trabajadores en empleos con derechos plenos y de unos salarios más dignos.
Al contrario de lo que pregonan los defensores de los recortes de impuestos, la simple reducción de la tasa nominal o efectiva no se traduce en una creación de puestos de trabajo estable ni en la formalización de la mano de obra cuando la administración tributaria carece de herramientas robustas para impedir la evasión y el traspaso de beneficios a paraísos fiscales.
En las economías de renta alta donde la presión fiscal ronda el 35% del PIB, la proporción de empleo formal supera el 49% de la población activa. Naciones con impuestos corporativos sólidos muestran además una participación salarial más elevada, lo que implica que los trabajadores capturan una porción mayor del valor agregado. Según subraya el estudio, cuando las empresas aportan en su integridad la proporción fiscal que les corresponde, el Estado dispone de ingresos suficientes para invertir en educación, formación profesional, innovación e infraestructura, cimentando así el crecimiento sostenible y la calidad del empleo.
El informe recuerda que durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias (Estados Unidos, las economías europeas o Australia) vivieron sus fases de mayor auge industrial y bienestar social bajo regímenes fiscales corporativos mucho más gravosos que los actuales. Aquellos años dorados del “Estado de bienestar” coincidieron con tipos impositivos que rondaban el 40%, con una recaudación efectiva aún más alta tras deducciones limitadas. Fue entonces cuando se construyeron sistemas de protección y mercados laborales formales amplios, capaces de absorber mano de obra y recompensarla de manera equitativa.
Gallardo advierte de que la “carrera hacia el abismo” de rebajas constantes, es decir, la que defienden Ayuso y los neoliberales, no es ni inevitable ni beneficiosa. Bajo un argumentario falaz, muchos países han experimentado un estancamiento de los salarios reales, una mayor desigualdad y mercados laborales duales, donde conviven empleos de alta productividad con amplios sectores de informalidad y precariado. “No hay evidencia consistente de que bajar el impuesto a las corporaciones por sí solo aumente el empleo formal; en cambio, una recaudación efectiva permite a los gobiernos financiar las políticas activas del mercado laboral que garantizan salarios dignos”, afirma la economista.
Frente a las promesas vacías de crecimiento derivadas de los recortes, este estudio global aporta una pieza definitiva al debate: una tributación corporativa justa es más que un mecanismo de recaudación, dado que actúa como palanca para el desarrollo económico, la creación de empleo digno y la reducción de la brecha de ingresos. En realidad, la historia y los datos muestran que la equidad impositiva, no el privilegio fiscal, allana el camino hacia sociedades más prósperas e inclusivas, no en las plutocracias que se pretenden imponer con cantos de sirena.