Desde que Sabina dijo aquello de que ya no es de izquierdas porque tiene “ojos y oídos para ver las cosas que están pasando” uno ya no puede fiarse de nadie. Hay mucho presunto progre que con el tiempo va perdiendo la fe, la ideología y la conciencia de clase. Son los rojos desteñidos, los reconvertidos al naranja Ciudadanos. Los hay de muchos tipos. Unos dicen que han evolucionado, que qué se le va a hacer si la mentalidad va cambiando con el tiempo (como si ser de izquierdas fuese algo propio de chiquillos utópicos, cosas de la edad). Otros, los más descarados, confiesan que ya se han cansado de ser unos perdedores y directamente se cambian de chaqueta para fichar por alguna televisión o emisora de radio conservadora que paga mejor. Y no falta el típico tránsfuga o jeta que hoy está aquí y mañana allí como un picaflor de la política.
Ya decimos que hay numerosos perfiles de renegados del socialismo, cada día más. Desde el tapado o impostor que nunca fue de izquierdas, pero llevaba su traición en silencio, como las hemorroides, hasta el pragmático que termina derechizándose y olvidándose de la causa por puro oportunismo personal, pasando por el resabiado al que no le va bien en la vida cuando el PSOE está en el poder y acaba votando PP o Vox por puro odio, animadversión o deseos de venganza (de esos hay muchos). De todos ellos solo cabe decir que probablemente nunca fueron gentes de izquierdas, en todo caso la izquierda caviar, y que hay que tener mucho estómago (y muy poca vergüenza) para venderse a la derecha por un plato de lentejas, un traje caro o un carguete en alguna fundación cultural, chiringuito, mamandurria o dirección regional de no sé qué.
Ayer, una serie de implacables antisanchistas de toda ideología política, entre ellos algunos rojillos apóstatas, firmaron un sorprendente manifiesto titulado A la sociedad española ante el desafío constitucional en el que cargan contra el Gobierno (en realidad contra PedroSánchez) por poner en marcha una “lógica destructiva” del Estado con sus recientes reformas de los delitos de sedición y malversación, así como del Poder Judicial que, según ellos, “han quebrado el proyecto histórico del PSOE” y hacen peligrar tanto la Constitución como “la nación política española”. Estos permanentes aterrados por la idea de que España pueda romperse en cualquier momento advierten de que nuestro régimen de libertades resultará fallido por las políticas del Gobierno de coalición. Entre los abajo firmantes hay personajes de todo pelaje y condición, entre ellos ex ministros socialistas como José Luis Corcuera y César Antonio Molina (con eso está dicho todo); el expresidente de la Comunidad de MadridJoaquín Leguina (este es un clásico que anda metido en todos los aquelarres antisanchistas, mayormente desde que fue expulsado del PSOE con todo merecimiento por mostrar públicamente su apoyo a Isabel Díaz Ayuso); conocidos escritores; ilustres periodistas como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, Augusto Delkáder o Miguel Ángel Aguilar (este último caso duele, uno le tenía por maestro y referente); juristas, empresarios y hasta algún que otro embajador.
Hasta donde se sabe, no consta que en este fregado esté metido Mario Vargas Llosa (ya tiene bastante con la separación de la Preysler), ni tampoco el hiperventilado Hermann Tertsch, ni Javier Negre, ese señor que se rasga las vestiduras por que la comunista Yolanda Díaz utiliza a sus “criadas” para hacerse la pedicura. Ninguno de ellos figura en el manifiesto, aunque bien pensado sus rúbricas no desentonarían con lo que se dice en el texto. En total, 255 personalidades de relevancia pública suscriben un documento en el que hacen un crudo llamamiento al PSOE para que recupere su papel histórico que le llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución de 1978 y en el que instan a que alcen la voz muchos socialistas hoy “silentes” que observan alarmados el supuesto proceso de deserción de los compromisos constitucionales de Pedro Sánchez.
Por el tinte catastrofista que emplean podría pensarse que el escrito ha sido impulsado por el mismísimo Alberto Núñez Feijóo, ya que los denunciantes se dirigen “a la sociedad española ante el desafío constitucional” y advierten de que la democracia en España, como en cualquier país, “nunca es irreversible”. Sin duda, leyendo el manifiesto uno tiene la sensación de que ha sido elaborado en los despachos de Génova 13, no solo porque carga contra Sánchez por su coalición con Unidas Podemos, partido al que acusan de querer instaurar “un modelo plurinacional de corte confederal”, sino por sus acuerdos con las fuerzas nacionalistas e independentistas, ese mantra profusamente empleado por la extrema derecha española. A esta disidencia postprogre solo le ha faltado colgarle al presidente socialista la etiqueta de bilduetarra amigo de los separatistas, y aunque se hayan reprimido en el último momento, seguramente eso era lo que les pedía el cuerpo.
La octavilla reaccionaria no hay por dónde cogerla y si nos dijesen que ha salido de puño y letra de Santiago Abascal no podríamos por menos que creérnoslo. Ni una sola mención a las políticas sociales del Ejecutivo central, ni una sola línea en todo el texto al loable esfuerzo de este Consejo de Ministros por no dejarse a nadie atrás en las dos crisis superpuestas que estamos viviendo. Solo proclamas chovinistas sobre la unidad de la patria al más puro estilo ultra. El violento absceso de ultranacionalismo apocalíptico lleva a los signatarios de la carta a insinuar, sin ningún fundamento objetivo, que España puede volver “a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades conforme a los esquemas indeclinables de las democracias”. De ahí al trumpismo, que declara ilegítimos a los gobiernos progresistas salidos de las urnas, hay apenas un paso.
En realidad, el Gobierno ya ha dicho, por activa y por pasiva, que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña y que jamás atravesará los límites de la Constitución, cosa que otros partidos como el PP, que siguen bloqueando la renovación de los altos cargos judiciales (pisoteando la Carta Magna), no pueden decir. Si estuviésemos a 28 de diciembre entenderíamos que todo esto obedece a una inocentada o broma pesada de jubilados con demasiado tiempo libre. El problema es que esa fecha ya pasó. Definitivamente, y a tenor del intento de los conjurados por dibujar una España poco menos que al borde de otro 36, solo cabe concluir que deben de haberse vuelto todos locos o que los excesos navideños siguen pasando factura dos semanas después. Y pensar que algunos de ellos, en su día, iban de concienciados y aguerridos socialistas. Qué pena.