Donald Trump, el tipo que se presentó ante los ciudadanos como el “destructor de la corrupción y del sistema” está aprovechando ese mismo sistema para imponer un régimen corrupto en el no sólo se está enriqueciendo él mismo, como está ocurriendo con el esquema creado con las criptomonedas, sino que está devolviendo con creces las donaciones que recibió durante la campaña de multimillonarios de diferentes sectores.
Bajo el mantra de “es hora de perforar, baby” que señaló Donald Trump el mismo día de su investidura se esconde una trama de corrupción tremenda. El sector petrolero llenó la cuenta bancaria de la campaña electoral de cientos de millones de dólares. Trump devolverá ese dinero con creces y así lo demuestran los documentos del Departamento de Interior a los que Diario16+ ha tenido acceso y que pueden descargar al final de este artículo.
Bajo la apariencia de un mero ajuste normativo, la segunda administración Trump ha trazado una hoja de ruta para entregar a las grandes petroleras el control de las tierras públicas de Estados Unidos. Los documentos confirman que esa “emergencia energética” proclamada por el presidente no responde a una carencia real de combustible, sino al deseo de acelerar permisos y privatizar espacios sagrados para explotar petróleo, gas y carbón en beneficio de sus donantes millonarios.
El documento del Departamento del Interior al que Diario16+ ha tenido acceso es el plan estratégico que propone que abrir extensas regiones federales a la extracción de combustibles fósiles, describiendo los parques, bosques y reservas como meros “activos” en un “balance general” financiero. El secretario del Interior, Doug Burgum, que es un antiguo ejecutivo vinculado al lobby petrolero, asumió sin tapujos esa visión: reducir los plazos de revisión ambiental de meses o años a apenas 28 días, amparado en la “emergencia energética” declarada por Trump.
Esas políticas, evidentemente, están relacionadas con los intereses de los grandes donantes de Trump. Las medidas incluidas en el documento beneficiarán a cinco gigantes petrolíferos cotizados (Occidental Petroleum, ExxonMobil, EOG Resources, Devon Energy y ConocoPhillips) que en 2024 obtuvieron casi 56.000 millones de dólares de beneficios netos y explotaban medio millón de hectáreas de tierras públicas. Estas mismas compañías y sus altos ejecutivos aportaron más de 2,2 millones de dólares a las campañas de Trump y a sus comités de acción política en 2024, además de donar 3 millones de dólares a su comité inaugural de segundo mandato. ¿Realmente eran donaciones o sobornos?
El caso más emblemático es Occidental Petroleum. Su consejera delegada, Vicki Hollub, donó 400.000 dólares y organizó un acto de recaudación en Mar‑a‑Lago, el complejo de Donald Trump en Florida. Esta empresa posee 2.200 arrendamientos en tierras públicas, la cifra más alta del sector. ConocoPhillips, Exxon y la propia Occidental aportaron cada una 1 millón de dólares al comité inaugural, mientras que Hilcorp Energy inyectó 1,3 millones a los comités de Trump y del Partido Republicano.
No existe una emergencia energética en Estados Unidos, sino que se está viviendo la peor crisis de corrupción de la historia del país dentro de la administración Trump, ansiosa por vender las tierras públicas a sus grandes amigos y donantes.
El impulso legislativo acompaña estas maniobras ejecutivas. El 7 de mayo, los fanáticos de Trump en Congreso introdujeron en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria una batería de concesiones al petróleo, el gas y el carbón: ventas y arrendamientos masivos de tierras públicas y eliminación de revisiones judiciales y ambientales. El congresista por California Jared Huffman denunció que la propuesta “destruye las protecciones del aire y el agua limpios, entrega nuestras tierras públicas a precios de ganga y permite a los ejecutivos petroleros aprobar sus propios permisos en secreto”.
Este engranaje de decretos, memorandos y leyes dibuja un modelo de democracia incompleta, en el que la captura regulatoria por parte de los grandes contaminadores anula la voz ciudadana y sacrifica el legado natural de la nación. Mientras Trump y sus donantes celebran ganancias millonarias, los bosques, desiertos y cañones que durante siglos fueron patrimonio común parecen destinados a convertirse en campos de extracción sin control. La verdadera emergencia es la de un régimen político, el de Donald Trump, que, bajo el pretexto de la seguridad energética, mercadea con el bien común y redefine las tierras públicas como botín para una élite.