Por muchos argumentos jurídicos que pongan los ultraconservadores jueces de la sala de lo Contencioso Administrativo encima de la mesa, el fiscal general del Estado acabará por salirse con la suya y Dolores Delgado tomará posesión, definitivamente, como fiscala de memoria democrática con rango de fiscala togada. Ni siquiera la hipotética resolución sobre su inhabilitación, que pide la extrema derecha, va a ser determinante porque Álvaro García Ortiz maneja los tiempos y aplaza, mediante la presentación de recursos, toda la guerra que ha emprendido contra él la derecha judicial. No es nuevo. El fiscal general siempre ha sido la diana preferida de la oposición para atacar al gobierno de turno. Pero siempre han fracasado. Sería la primera vez que se salen con la suya y García Ortiz no tiene pinta de ser de esos que se rinden con facilidad. Ha recusado a la sala a sabiendas de que su acción está condenada al fracaso. En este país, quitarse de en medio a un juez es muy difícil. Es cierto que ha pasado en otras ocasiones como sucedió con Concepción Espejel y Enrique López en la Audiencia Nacional. Pero ambos casos con excepciones que confirman una regla que es que en este país recusar a un magistrado es técnicamente muy difícil por no decir que imposible. Una cuestión que debe de cambiar con esa prometida reforma del poder judicial porque no hay socio de la Unión Europea con normativas tan restrictivas en esta materia.
García Ortiz ha adelantado que va a buscar todos los caminos legales posibles para que Dolores Delgado pueda tomar, al fin, posesión de su cargo como fiscala de memoria histórica. El argumento que utiliza la sección cuarta de la sala tercera del Tribunal Supremo carece de consistencia. Dice la sala que hay que comprobar si existen incompatibilidades entre el cometido atribuido a Delgado y el que lleva a cabo su marido, Baltasar Garzón, en un bufete especializado en los pleitos de memoria democrática. Hasta ahora, y repasando el derecho civil, la ley orgánica del Poder Judicial y el Estatuto fiscal, no existen antecedentes que hablen de dichas incompatibilidades. Si la pareja de un miembro de la carrera fiscal trabaja para el sector privado en actividades que pueden llegar a generar conflicto de intereses, lo que se debe de hacer, como cargo público, es acudir a las instituciones creadas para tal efecto.
Hace relativamente pocas semanas, el Partido Popular presentó una denuncia ante la oficina de Conflictos de Intereses por las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. Es cierto que la ley que regula este organismo sólo afecta a los miembros del gobierno y a los altos cargos de la administración general del Estado. Por lo tanto, a esa instancia no pueden recurrir las partes implicadas. La alternativa es acudir al Consejo Fiscal. Ahí el fiscal general se encontrará con los votos en contra de las asociaciones ultraconservadoras, Asociación de Fiscales, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Pero hay que recordar que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo de asesoramiento. Álvaro García Ortiz tiene la última palabra y más en este asunto que se ha convertido en una guerra contra su persona. En el artículo 57.6 se establece que el ejercicio de la carrera fiscal es incompatible con “el de la abogacía, excepto cuando tenga por objeto asuntos personales del funcionario, de su cónyuge, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela”. Ello implica que el/la cónyuge puede ejercer una actividad compatible con la carrera de su pareja cuando ésta es en el ejercicio de la abogacía.
La sala cuarta ha preguntado al Consejo Fiscal sobre la posibilidad de que exista una incompatibilidad que, de existir, tendría que ver más con la ética que con la jurídica. Legalmente nada se puede cuestionar en el caso de Dolores Delgado y Baltasar Garzón. En lo que respecta al ascenso como fiscala de sala, tampoco va a haber ningún problema. La fiscalía modificará el método de designación de tal manera que desaparecerán los agravios con otros miembros que se creen más capacitados para hacerse con el puesto. No se va a dejar argumento alguno a los jueces para que, en esta ocasión, se vuelvan a oponer al ascenso de fiscala de sala de Lo Militar a Dolores Delgado. El Supremo razonó que el nombramiento supuso un ejercicio de “desviación de poder” y que la única finalidad de esa designación era ascender a Delgado después de que esta hubiera dejado el cargo de fiscal general del Estado en julio del mismo año. El recurso fue presentado por otro fiscal, Luis Rueda, que se consideraba con mas méritos para este ascenso. Sobre todo, porque es un especialista en derecho militar. Al final, Luis Rueda ha pagado las consecuencias de su rebeldía y no ha sido renovado como teniente fiscal del Tribunal de Cuentas. Este sí ha acabado como “fiscal raso”. Su recurso le ha servido de muy poco. Esa es la moraleja de quienes se atreven a enfrentarse con un superior en la carrera fiscal. Una moraleja cuyo cuento debe aplicarse, también, la fiscala de Madrid que se negó a obedecer las órdenes de su superiora, Ángeles Sánchez-Conde, y acudió a la junta de fiscales de sala para que se pronunciasen sobre la conveniencia de aceptar la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal anticorrupción, Julián Salto, por “revelación de secretos”. María de la O Silva va a permanecer “en el congelador” una buena temporada como todos aquellos que hacen un mal arbitraje deportivo. Y es que al colectivo de los fiscales se les está olvidando su peertenencia a una estructura jerarquizada que les hace muy difícil la discrepancia.
Pero si, al final, la batalla entre García Ortiz y el Supremo se decanta a favor de los jueces, a Dolores Delgado le queda una posibilidad que ella misma no descarta: acudir al Tribunal Constitucional. Y entonces habría que ver cómo respiran los jueces de la corte de garantías ante una hipotética petición de amparo de la exministra de Justicia.