Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, el presidente del despacho de abogados Uría y Menéndez, el ilustre Jesús Remón Peñalver, protagonizó un escándalo de juego sucio contra otro abogado para frenar un proceso judicial en el que Banco Santander se juega la anulación de los acuerdos alcanzados en varias juntas de accionistas.
Remón Peñalver es el abogado estrella tanto del Santander como de Ana Patricia Botín y fue el defensor durante el procedimiento en el que Eduardo Martín-Duarte, abogado y accionista del banco, acusaba tanto a la entidad como a su presidenta de manipulación de juntas de accionistas.
Tras una sentencia muy cuestionable, puesto que no se tuvo en cuenta ninguna de las pruebas aportadas en el procedimiento, dictada por el controvertido juez Andrés Sánchez Magro, Martín-Duarte presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. A partir de ahí, se inició el juego sucio del Santander para evitar que el proceso judicial continuara y se acudió al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Tras la publicación en Diario16 del escándalo, el 12 de mayo tendrá lugar en la sede del ICAM una reunión entre el decano, Eugenio Ribón, y Jesús Remón Peñalver, tal y como se muestra en la agenda publicada en la web del Colegio.
Se desconoce si ese encuentro tendrá un carácter oficial, es decir, la recepción por parte del decano del nuevo presidente de uno de los despachos más importantes de España, o si se tratará en exclusiva el tema del juego sucio del Santander en el que están implicados varios altos cargos del ICAM.
Una de las funciones más importantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid es la de ejercer un control deontológico de la profesión y la sanción de los comportamientos que se salgan de los códigos de buenas prácticas de la Abogacía.
Por esa razón, según fuentes cercanas al ICAM consultadas por Diario16, no sería descartable que Ribón incluyera en el orden del día de la reunión este asunto. El decano, por las obligaciones que tiene para la profesión, está obligado a comunicar una sanción durísima contra Remón Peñalver. La documentación de lo sucedido la tiene el ICAM y, en consecuencia, debe actuar en base a las obligaciones de la Junta de Gobierno.
El juego sucio del Santander
La resolución judicial de Sánchez Magro se produjo a pesar de la presentación de pruebas documentales en las que, por ejemplo, más de 4.000 millones de delegaciones de acciones depositadas en Deutsche Bank, BNP, CITIBANK o Société Générale. habrían sido también confeccionadas por el Santander, dando el propio banco las instrucciones de voto, limitándose los bancos custodios a firmar y sellar el documento que les remite el Santander, lo que contraviene la normativa española y norteamericana sobre las delegaciones de voto.
Martín-Duarte recurrió esta sentencia para que la Audiencia Provincial de Madrid pueda determinar si efectivamente las maniobras denunciadas, utilizadas presuntamente por el Santander para captar las delegaciones a favor de Ana Patricia Botín y ser ellos los que directamente dan las instrucciones de voto a los bancos custodios, conllevan la manipulación de las juntas del banco cántabro.
Y es aquí cuando entra en acción el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El 24 de octubre de 2022, a solicitud de Uría y Menéndez, despacho que defiende a Banco Santander y a Ana Patricia Botín, se emite una certificación que es utilizada para intentar que el recurso de apelación del accionista no sea admitido a trámite.
Según el demandante y abogado, dicha certificación habría sido emitida de manera espuria y torticera por el director de los servicios jurídicos del ICAM, Pedro Lescure Ceñal.
Martín-Duarte denuncia que Lescure habría hecho un uso indebido de la firma del secretario del ICAM, José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, que desconocía por completo el asunto y no había ordenado, ni emitido, ni firmado el certificado en cuestión.
Según la información recibida por Martín-Duarte de miembros de la Secretaría del ICAM, la certificación aportada por el abogado de Uría Menéndez al Juzgado para tratar de que el recurso de apelación no fuese admitido no es la que habitualmente emite el ICAM al no llevar numeración, llevar el logotipo en lugar diferente y certificar diferentes aspectos que el ICAM no podría certificar, al ser competencia del Consejo General de la Abogacía.
En definitiva, le manifestaron que aquella certificación no habría sido emitida por la Secretaría del ICAM, que tampoco habría sido firmada por el secretario del Colegio y que no debería obrar en manos de los abogados del Santander y de Ana Patricia Botín.
El secretario del ICAM, según indica Martín-Duarte, ha reconocido que no firmó el certificado ni conocía de su existencia, resultando que habría sido Lescure el que presuntamente emitió la certificación. Sin embargo, en vez de encabezarla y firmarla él como director de los servicios jurídicos, emitió un documento suplantando al secretario. El propio Lescure, según ha podido saber Diario16, habría reconocido ser el autor y emisor de la certificación.
En dicha certificación se comunicaba que Eduardo Martín-Duarte, supuestamente acordado por el ICAM, había sido dado de baja del Colegio de Abogados, lo que le incapacitaba para firmar el recurso contra la sentencia de Sánchez Magro. Sin embargo, no había existido ninguna comunicación preliminar a Martín-Duarte quien desconocía completamente la iniciación del proceso de baja y la resolución que la habría acordado, lo que según éste provocaría su nulidad.
El abogado demandante solicitó a los servicios jurídicos del Colegio de Abogados todos los archivos electrónicos y demás documentación relativa a su baja y a la solicitud por parte de Uría Menéndez de la certificación que presentó al Juzgado para tratar de conseguir la inadmisión del recurso de apelación.
Tras más de cinco meses, el director de los servicios jurídicos del ICAM se ha negado a facilitar los archivos en formato electrónico a Martín-Duarte, tal y como se puede comprobar en la documentación a la que Diario16 ha tenido acceso.