Mucha gente se pregunta cómo fue posible que un presidente como José María Aznar obtuviera una mayoría absoluta tras una de las reformas laborales más duras de la historia, meter a España en una guerra ilegal, con el escándalo del Yak42 o el desastre ambiental del Prestige y que el PP estuviera a punto de ganar las elecciones de 2004 con una cómoda ventaja, hecho que no sucedió por la gestión de los atentados del 11M que dio la vuelta al resultado electoral. La respuesta es sencilla: las clases medias y trabajadoras tenían prosperidad económica con capacidad para, incluso, poder acceder a vivienda en propiedad en un escenario de precios inflados.
También sorprende cómo la izquierda está perdiendo apoyos desde la crisis de 2008 y, lo que es peor, que buena parte de la base de votantes esté migrando hacia las opciones de la extrema derecha. El progresismo democrático mundial aún no se ha sabido adaptar a la nueva realidad nacida de aquella crisis. Cuando la izquierda ha gobernado, se han ampliado derechos y se han creado otros nuevos. Sin embargo, las izquierdas no crecen, más bien, es lo contrario.
En los últimos años, la izquierda española ha hecho bandera de la ampliación de derechos sociales. Desde leyes pioneras en igualdad de género hasta reformas medioambientales o iniciativas de protección de colectivos minoritarios, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha presentado como garante de una España más inclusiva. Sin embargo, las últimas encuestas y resultados electorales advierten de un desajuste: mientras los avances sociales generan titulares y reconocimiento internacional, una parte cada vez mayor del electorado de izquierdas se siente desatendida en lo económico. El encarecimiento de la vida, la dificultad de acceder a una vivienda digna y la precariedad laboral han erosionado la confianza en un proyecto que, para muchos ciudadanos, parece más preocupado por la agenda identitaria que por el día a día.
Conquistas sociales
Durante la legislatura, el Gobierno impulsó leyes como la de igualdad de trato y no discriminación, la ley del “sólo sí es sí” (posteriormente corregida por sus gravísimas consecuencias jurídicas), o normativas en favor de la transición ecológica. Todas ellas respondieron a demandas históricas y situaron a España en la vanguardia europea en materia de derechos.
Sin embargo, los logros se han visto empañados por la percepción de que la política social avanzaba más deprisa que las soluciones materiales. Para buena parte de la población, los derechos no llenan la nevera ni pagan el alquiler. Así lo reflejan los barómetros del CIS, en los que el paro, la inflación y la vivienda aparecen de manera recurrente como las tres principales preocupaciones de los españoles.
La vivienda, la herida abierta
La Ley de Vivienda fue presentada como uno de los grandes hitos del Ejecutivo progresista. Incluía medidas de control de precios en zonas tensionadas y límites a los incrementos en los alquileres. Sin embargo, su impacto real ha sido limitado. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, el precio de los alquileres siguió creciendo en 2024 y 2025 hasta alcanzar máximos históricos.
La escasez de vivienda pública en alquiler (menos del 2% del parque, frente al 15-20% en países como Francia u Holanda) deja sin alternativa a miles de jóvenes y familias trabajadoras. Este divorcio entre la ambición de la norma y la realidad del mercado alimenta la frustración social, que la extrema derecha ha sabido capitalizar señalando que el Gobierno “anuncia derechos” pero no resuelve la vida cotidiana.
La inflación y el salario que no llega
Otro frente de desgaste es la inflación. El alza de los precios de la energía y los alimentos básicos tras la pandemia y la guerra en Ucrania ha golpeado de lleno a las familias españolas de clase media y trabajadora. El Gobierno aprobó paquetes de ayudas y reducciones fiscales, como la bajada temporal del IVA en productos básicos, que tuvieron un efecto mitigador. Pero la percepción generalizada es que los sueldos no acompañaron al ritmo del encarecimiento de la cesta básica.
Aunque el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado hasta los 1.184 euros en 14 pagas, la presión de los precios y la elevadísima precariedad laboral hicieron que buena parte de la clase media y trabajadora apenas note mejoras. La paradoja es clara: se proclama un “gobierno progresista” que defiendea los trabajadores, pero los trabajadores sienten que cada vez es más difícil llegar a fin de mes.
El voto obrero se fuga a la extrema derecha
La fuga de apoyos de la izquierda en sectores obreros no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se ha intensificado en España y tiene un destinatario claro: la extrema derecha, representada principalmente por Vox y por otras formaciones que en las últimas elecciones europeas obtuvieron más de 800.000 votos. Lo que sorprende a muchos analistas es que esta el partido de Santiago Abascal, que no pone el acento en ampliar derechos sociales sino en discursos de identidad nacional, seguridad y control migratorio, ha logrado conectar con franjas del electorado que hasta hace poco se identificaban con los valores progresistas.
La explicación se encuentra, principalmente, en la desafección económica. Para muchos trabajadores, la promesa de igualdad de derechos pierde fuerza cuando sienten que su poder adquisitivo se erosiona y que las políticas de vivienda, empleo o fiscalidad no alivian sus problemas cotidianos. Vox, y en menor medida el PP, han sabido explotar ese malestar con mensajes directos: rebaja de impuestos, prioridad nacional en el acceso a ayudas y un discurso que conecta con la frustración de quienes perciben que las instituciones han dejado de protegerlos.
En barrios obreros de Madrid como Vallecas o Villaverde, en cinturones industriales de Andalucía o en municipios periféricos de Barcelona, la tendencia es palpable. El PSOE y Sumar mantienen todavía bolsas de apoyo, pero pierden votantes que se abstienen o que migran hacia Vox atraídos por un relato de “defensa del trabajador español” frente a lo que consideran una élite política preocupada por agendas identitarias alejadas de su día a día.
Además, la extrema derecha ha sabido apropiarse de un discurso cultural que vincula los problemas económicos con la inmigración. Aunque los datos no avalen una relación directa, el mensaje cala en sectores donde la competencia por empleos precarios o por recursos sociales es intensa. Allí, donde la izquierda debería aparecer como garante de redistribución y justicia social, el vacío lo ocupa un discurso excluyente que promete soluciones rápidas.
El fenómeno no es exclusivo de España: se observa en Francia con el ascenso de Marine Le Pen en antiguos bastiones comunistas, en Italia con Giorgia Meloni conquistando feudos obreros, o en Alemania con Alternativa por Alemania consolidándose en el este industrial. Pero en España, el trasvase de voto obrero hacia la extrema derecha refleja una crisis estratégica de la izquierda: la incapacidad de articular un proyecto económico convincente que responda a la angustia material de quienes, paradójicamente, más necesitan políticas redistributivas.
El riesgo para los partidos progresistas es doble. Por un lado, la pérdida de apoyo en barrios obreros erosiona su base histórica; por otro, legitima a fuerzas que utilizan el malestar económico para impulsar un proyecto político autoritario. De persistir esta tendencia, la izquierda podría quedar reducida a una fuerza con respaldo en áreas urbanas de clase media ilustrada, mientras los sectores populares, antaño su columna vertebral, pasan a engrosar las filas de la derecha radical.
Derechos y bienestar: el reto pendiente
La gran contradicción para la izquierda española es que los derechos sociales gozan de amplio consenso en la ciudadanía, pero su traducción electoral es escasa si no se acompaña de políticas económicas que aseguren bienestar material. La ampliación de libertades, lejos de ser rechazada, es valorada; lo que penaliza al votante es la sensación de que mientras se avanza en igualdad o diversidad, se retrocede en capacidad adquisitiva.
El reto para la izquierda pasa por integrar la agenda social y la agenda económica. La igualdad sólo se puede conseguir con empleo estable y salarios dignos para las mujeres; la transición ecológica, con rebajas reales de la factura energética; el derecho a la vivienda, con un parque público de alquiler asequible. Solo así los avances dejarán de percibirse como conquistas aisladas para convertirse en mejoras palpables del día a día.
El gran dilema de la izquierda española no debería plantearse como una disyuntiva entre derechos sociales o bienestar económico, sino como la búsqueda de un equilibrio que permita avanzar en ambos frentes. La experiencia internacional y los propios logros en España demuestran que las políticas redistributivas pueden consolidar tanto libertades como seguridad material.
Un ejemplo claro es la ampliación de permisos de paternidad y maternidad, que no sólo refuerza la igualdad de género, sino que también ofrece a las familias más tiempo y recursos para criar en condiciones dignas, reduciendo gastos de conciliación.
El problema de la izquierda no es la incompatibilidad entre ambas agendas, sino la desconexión narrativa. Cuando los derechos sociales se presentan como un fin en sí mismo, corren el riesgo de parecer ajenos a la vida cotidiana. Pero si se comunican como instrumentos para mejorar el bienestar material, pueden fortalecer el apoyo popular y cerrar el paso al discurso simplista de la extrema derecha, sobre todo si eso se nota en los bolsillos de las familias.
En definitiva, derechos y economía no son caminos paralelos, sino que deben confluir en un mismo proyecto político. El reto está en hacer visible esa conexión: que cada avance en libertades se traduzca en un alivio en el bolsillo de las familias, y que cada medida económica se presente como una garantía para ejercer plenamente los derechos conquistados.