La Comisión de Venecia, según se indica en la web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. El papel de la Comisión de Venecia es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. También ayuda a garantizar la difusión y consolidación de un patrimonio constitucional común, desempeñando un papel único en la gestión de conflictos y brindando ‘colaboración constitucional de emergencia’ a los Estados en transición».
Los dictámenes de la Comisión de Venecia no son vinculantes pero tienen un peso importante a la hora de las interpretaciones constitucionales respecto a las leyes que puedan chocar de un modo u otro con el derecho comunitario, sobre todo en lo referente al respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos.
La Ley Sánchez de Amnistía ha sido analizada por la Comisión de Venecia y, a pesar de que tanto el gobierno como el PSOE han pretendido hacer ver que es un aval, la realidad es que, tras le lectura del dictamen, son más los palos que las zanahorias. Primero se hizo público un borrador, el pasado viernes un resumen de 3 páginas y, finalmente, el lunes se publicó el dictamen definitivo de 27 páginas.
Es cierto que se pondera el espíritu de la ley, las buenas intenciones sobre la supuesta reconciliación con la que se llenan la boca en el PSOE. Sin embargo, la Comisión de Venecia es muy crítica en las formas de negociación, modificación y aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía. Por otro lado, deja muy en el aire el hecho de que Carles Puigdemont pueda acogerse a dicha ley, sobre todo porque las acusaciones judiciales por la comisión de presuntos delitos de terrorismo.
La Comisión de Venecia es muy clara en un aspecto: las leyes de amnistía, en general, son incompatibles «con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos» no están excluidas de su ámbito de aplicación.
No hay niveles de intensidad en el terrorismo y cualquier tipología de acto terrorista es contrario a los derechos humanos. Es decir, se validan todos los argumentos que se están dando desde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo como freno a la amnistía de determinadas personas. Casualmente, son esas personas concretas para las que se ha hecho esta ley.
Mientras el gobierno de Pedro Sánchez se ha quedado con el clickbait del titular fácil, como hacen con la práctica totalidad de las medidas que aprueban, la realidad es que el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley Sánchez de Amnistía es un gran conjunto de reproches, sobre todo porque pone en duda lo que está consiguiendo. Mientras Sánchez, sus ministros, los dirigentes del PSOE y una parte de la militancia defienden la cuestión de la reconciliación y la resolución del conflicto en Cataluña, la realidad es que la Ley Sánchez de Amnistía lo que está provocando es una división muy profunda y beligerante en el resto del territorio español.
En concreto, el dictamen la Comisión de Venecia señala que «el Congreso de los Diputados, a la hora de decidir si, con qué contenido y por qué mayoría aprobar el proyecto de ley de amnistía, tendrá que abordar la cuestión de si se puede lograr la normalización de Cataluña a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha profundizado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad española». Esta reflexión no avala mucho la Ley Sánchez de Amnistía.
Incluso, pone en duda que si la finalidad que persigue el gobierno se está buscando a través de los mecanismos adecuados. «Por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política: estos objetivos legítimos deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes, a fin de no frustrar ese propósito. El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusión, la participación, el calendario adecuado y los debates públicos. En particular, las consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista. Por lo tanto, los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes», afirma el dictamen. Esto es un palo en toda regla a las prisas con las que tanto Pedro Sánchez como los independentistas catalanes pretenden que se apruebe, sin tener en cuenta la mayoritaria oposición popular.
La Ley Sánchez de Amnistía está ahora mismo en el Senado, tras aprobarse en el Congreso de los Diputados, porque el actual presidente del Gobierno necesitaba los votos de Junts para ser investido. No hay más historia que contar porque decir lo contrario es afirmar que el 23J, tras conocerse los resultados del escrutinio, Sánchez tuvo una epifanía, vio una luz muy brillante y una zarza ardiente le proclamó como el elegido por la divinidad para llevar a los españoles por el camino de la reconciliación.
El carácter finalista de la Ley Sánchez de Amnistía es también criticado por la Comisión de Venecia, dado que el fin de la misma no es otro que mantener a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. Es una especie de autoamnistía. «Hay cierto apoyo a otros límites a las amnistías: los que podrían socavar el poder judicial; amnistías con exclusión de la responsabilidad civil; autoamnistías (es decir, cuando los perpetradores o las instituciones responsables se conceden a sí mismos o a sus miembros inmunidad de enjuiciamiento, a menudo en vísperas de una transición política)».
La imposición al PSOE por parte de los partidos independentistas catalanes de la amnistía como condición absoluta para votar a favor de la investidura de Sánchez, además de la participación de quienes se beneficiarán de la ley en las negociaciones, son un límite que la Comisión de Venecia marca.
Todo ello sin contar con las censuras a la misma tramitación de la Ley Sánchez de Amnistía que, según el dictamen, debería ser a través de una mayoría cualificada, no absoluta. En consecuencia, ya que Sánchez no tiene el valor de que sea el pueblo español quien decida a través de su voto libre y secreto sobre su ley de amnistía, la Comisión de Venecia es contundente: dos tercios del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, a «Su Deidad» sólo le interesa una cosa y todo el mundo sabe cuál es, incluso los que le tocan las palmas a su alrededor y mueven la cabeza como los perritos aquellos que se ponían en la bandeja del maletero.