Era el objetivo del Partido Popular cuando, en el Senado, pidió un informe del órgano consultivo del Consejo de Europa sobre la amnistía. Sabía que no iba a servir para neutralizar la proposición de ley que, presumiblemente, se va a aprobar esta semana en el Congreso, pero eran conscientes de que se iba a generar confusión y un nuevo debate. Y para ello preparó a los medios de comunicación afines. Digan lo que digan los expertos de la Comisión de Venecia, la lectura que hace la derecha judicial es siempre la misma. “Las pegas al texto y a su tramitación superan a los puntos positivos”. Según los analistas pertenecientes a esos medios, en el informe pesan más los argumentos en contra. O que el borrador filtrado “cuestiona la inclusión de delitos de terrorismo sin condena firme”. Y, por supuesto, no falta quien dice que muestran su preocupación sobre la inclusión de delitos de malversación indicando que “solo una relación causal más estrecha entre estos delitos y los eventos específicos podría justificar su inclusión”. Pero pasan por alto que el grupo de trabajo avala la amnistía como “fórmula de reconciliación social y política”, objetivos que considera legítimos. Hasta ahora, numerosos juristas, sin conocer el contenido de la propuesta, habían expresado su oposición a la amnistía “porque es ilegal, no está contemplada en la Constitución y no está reconocida por las instituciones europeas”. A partir de ahora, esos expertos, todos vinculados a la derecha judicial, deberán cambiar su discurso. Al menos si quieren asumir la tesis de un grupo al que sólo ellos llamaron para que se pronunciase. El tiro les ha salido por la culata.
Aquí mismo se ha criticado la presencia en España de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia. Es un organismo técnico del Consejo de Europa, organización ajena a las instituciones de la Unión Europea, que cuenta con miembros extracomunitarios, y que se dedica a “promover, mediante la cooperación de los estados, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley”. Toda una paradoja porque entre sus miembros se encuentran países con regímenes de escasa calidad democrática, y paraísos fiscales. Este grupo de trabajo forma parte de una institución que escasamente puede dar lecciones de democracia, igualdad y derechos humanos. Además, la Comisión de Venecia integra a otros miembros que no pertenecen al Consejo entre los que figuran Argelia, México, Perú, Túnez, Kosovo… ¡Vaya lecciones de constitucionalismo pueden dar los gobiernos de esos países ¡
Este grupo ha incluido en el borrador detalles que cuestionan los argumentos de los opositores a la amnistía. Esta medida no va en contra de la separación de poderes tal y como se ha repetido hasta la saciedad. La Comisión de Venecia no entra en valorar la legalidad del contenido de la proposición de ley, ni tampoco su constitucionalidad y deja claro que esos pronunciamientos son competencia exclusiva de los tribunales y, sobre todo, del Constitucional. A lo único que ponen reparos es a la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia ya que consideran que un debate sobre este asunto “debe realizarse de forma pausada y rigurosa”. En el Senado les han debido de ocultar que tienen intención de dilatar lo más posible el paso de la ley por la cámara alta mediante la petición de múltiples informes a organismos que nada tienen que decir ante una tramitación parlamentaria como es el Consejo General del Poder Judicial que ya “ha pedido tiempo para elaborar su informe”. Un informe que no es vinculante y cuya elaboración se podría ahorrar ya que, legalmente, el órgano de gobierno de los jueces sólo puede entrar en materias aprobadas en Consejo de ministros. Este no es el caso ya que es una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario exenta de los dictámenes de los organismos consultivos correspondientes.
Por eso mismo, hay que celebrar la celeridad de la Comisión de Venecia, aunque lo que se ha filtrado a la prensa es un borrador. Pero para la derecha judicial el objetivo se ha cumplido. Han logrado volver a abrir el debate a base de retorcer los planteamientos del grupo. Porque lo que está claro es que la comisión considera que el texto que le han entregado cumple con los estándares internacionales y es una herramienta que sirve para la reconciliación. Y esa es una importante pista para predecir el sentido de los pronunciamientos de las instituciones europeas, especialmente las judiciales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, unas instancias a las que, casi con toda seguridad, recurrirá el Partido Popular cuando la ley sea aprobada por el Parlamento, todo lo más a mediados del próximo mes de mayo.
El borrador del informe de la Comisión de Venecia aporta algunos puntos que sí deben ser tenidos en cuenta. Se refieren a “definir el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía de una manera más precisa de modo que los efectos de la ley sean más previsibles, garantizar que se establezca un vínculo causal más estrecho entre las consultas celebradas en Cataluña los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, su preparación o su consecuencias y los actos de malversación y corrupción, y eliminar el criterio de la etapa del procedimiento para la exclusión de delitos de terrorismo”. Este último punto es en el que mas inciden los expertos de la derecha judicial y, hoy por hoy, es el que más problemas puede acabar por generar a la hora del pronunciamiento de las instituciones europeas. No obstante, en el ministerio de Justicia están convencidos que las redacciones finales se adaptan a ese criterio. Veremos si es así.