España, al igual que otros países del mismo nivel económico, vive una gravísima crisis de acceso a la vivienda que afecta a toda la ciudadanía de clase media y trabajadora pero, sobre todo, a los jóvenes que no pueden iniciar un proyecto de vida como lo hicieron las generaciones pasadas.
El gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido el problema, lo que es un primer paso, pero las soluciones que se pretenden implementar, además de un sectarismo alarmante, son absolutamente ineficaces, sobre todo si se compara la situación actual con el escenario próspero de hace menos de dos décadas.
Evidentemente, hay un problema con la oferta y la demanda, tanto en el mercado de venta como en el de alquiler. Sin embargo, la causa principal de esta situación de crisis absoluta no está exclusivamente en el mercado inmobiliario, sino en la gravísima crisis salarial que impide a las familias o a las personas de clase media y trabajadora acceder a una hipoteca o a un alquiler. A esto hay que añadir, más allá de la propaganda monclovita y sanchista, la precariedad del empleo que se está creando, tanto en lo que se refiere al tipo de jornada como a la duración de los contratos que se firman.
Es cierto que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno se ha subido el salario mínimo interprofesional desde los 735,90 a los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, esta medida no ha tenido un impacto real en la ciudadanía. Los empresarios han utilizado lagunas legales para reducir el impacto de estas subidas en sus cuentas de explotación, como la reducción unilateral de jornada o la supresión de complementos, algunos incluso incluidos en convenios colectivos.
Los datos oficiales señalan que los salarios en España aumentaron en 2024 un 3,74% de promedio. Sin embargo, esa cifra absoluta es muy engañosa, puesto que donde realmente se están produciendo los verdaderos incrementos es en la franja alta, es decir, los sueldos más elevados, mientras que los salarios medios y bajos están estancados o reduciéndose.
La brecha salarial entre los trabajadores de diferentes niveles de ingresos se ha ampliado. Los empleados en sectores como tecnología, finanzas y energía eléctrica suelen recibir aumentos salariales significativos, mientras que los trabajadores del sector servicios o del primario no ven incrementos comparables.
España es un país que no se había recuperado de la crisis de 2008 cuando llegó la pandemia. La recuperación económica tras el Covid-19 ha beneficiado desproporcionadamente a los trabajadores de altos ingresos o a las cúpulas directivas, dejando atrás a aquellos en sectores más vulnerables.
A todo lo anterior hay que sumar la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania, lo que ha provocado también que las familias de clase media y trabajadora, con salarios muy bajos (incluso muy por debajo del SMI) se tengan que enfrentar a graves dificultades, no sólo para acceder a una vivienda, sino para sobrevivir. De ahí las cifras críticas de pobreza laboral que el gobierno Sánchez pretende ocultar tras los bombardeos de propaganda positivista.
Durante la prosperidad de los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI, los problemas de vivienda eran otros, sobre todo a nivel de precio. En aquellos años, se construía no sólo vivienda libre, sino que ayuntamientos y comunidades autónomas, principalmente, reservaban una parte para vivienda protegida. Aunque el precio de venta era alto, la realidad es que el alquiler estaba estabilizado. Era una época en la que cobrar 1.000 euros era un estigma. Se acuñó, incluso, el término «mileurista» como sinónimo de salario bajo.
Sin embargo, según los datos de Ministerio de Transportes, el parque de viviendas en España no ha parado de crecer. En concreto, se ha pasado de 21,03 a 26,90 millones de viviendas desde 2001 a 2023.
No obstante, el gobierno Sánchez pretende resolver la cuestión con un ataque a la clase media, a los trabajadores que con su ahorro han conseguido hacerse con una vivienda habitual, una casa en el pueblo y un apartamento en la playa. El sectarismo de la extrema izquierda que pretende imponer al modo más estalinista la idea de que no se puede tener en propiedad más de una vivienda es contrario a los principios que defienden la rentabilidad del trabajo y el ahorro.
Otra cuestión son los verdaderos grandes tenedores, personas físicas y jurídicas que cuentan con más de 10 viviendas, o los grandes fondos de inversión que se hicieron a precio de saldo con los activos tóxicos de la banca. Eso sí que hay que perseguirlo. Pero el gobierno Sánchez no se atreve con ellos.
La limitación por decreto del precio del alquiler tampoco es una medida efectiva porque, finalmente, muchas viviendas saldrán del mercado o se colocarán en venta, lo que las alejará de las clases medias y trabajadoras azotadas por la crisis salarial.