Lo único cierto en la realidad política española es que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno en funciones y que el próximo día 26 de septiembre se iniciará la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El resto de los asuntos que copan la actualidad no son más que meras especulaciones. Nadie ha aprobado una Ley de Amnistía, nadie ha convocado un referéndum de autodeterminación para Cataluña, nadie ha pactado con los nacionalistas e independentistas vascos, gallegos y catalanes el apoyo a ninguna investidura. No hay nada. Sólo especulaciones.
Sin embargo, lo que cada vez parece más claro es que no se descarta una repetición electoral tras el fracaso de Feijóo para ser nombrado presidente del Gobierno.
Todo ello viene por el interés de los dos grandes partidos de recuperar el terreno perdido tras las crisis de 2008 y la aparición de nuevos partidos tanto en el ámbito de la izquierda (Podemos) como de la derecha (Ciudadanos y Vox).
Desde un punto de vista de la teoría ideológica es un escenario idílico la presencia de muchos partidos en el Parlamento y que los nacionalismos periféricos tengan representación, voz y voto, incluso influencia en las decisiones del Estado. Sin embargo, en los dos grandes partidos no lo ven así, sobre todo tras comprobar que el fenómeno de atomización de los parlamentos está en retroceso.
Los ciudadanos están viendo cómo la fragmentación parlamentaria está afectando a temas que impactan directamente en su vida real y, en ocasiones, las negociaciones entre diferentes partidos han derivado en leyes que se han quedado muy cortas respecto a las necesidades reales de las clases medias y trabajadoras y, sobre todo, de las familias más vulnerables.
Aunque, desde un punto de vista de teoría política, la atomización es el reflejo de mayor fortaleza democrática, la realidad demuestra que la ciudadanía española necesita un gobierno con estabilidad que afronte los verdaderos retos a los que se enfrentan los ciudadanos en el día a día.
Las elecciones autonómicas del 28 de mayo demostraron que la ciudadanía ha dado marcha atrás en el proceso de atomización de los parlamentos o de los ayuntamientos. Se han dado mayorías absolutas o pactos de gobierno entre dos formaciones, algo que antes no pasaba. Tanto PSOE y PP lo vieron y, juntando los resultados de las generales del 23 de julio, se demuestra que están ganando apoyo ciudadano, independientemente de los líderes.
Por esta razón, las maquinarias de las dos grandes formaciones políticas españolas ya se están preparando para una nueva contienda electoral con vistas, en primer lugar, a aumentar sus resultados y, en segundo término, a debilitar de manera definitiva tanto a Sumar como a Vox.
Independientemente del resultado de esas posibles generales a celebrar en febrero o en marzo de 2024, la posibilidad de una gran coalición está muy lejana. España no es Alemania o Suecia, donde las diferencias ideológicas entre los grandes partidos son muy pequeñas.
Sin embargo, tanto PP como PSOE saben que podrían gobernar en coalición con esos partidos de sus extremos pero desde una posición de fuerza y, sobre todo, sin depender de los nacionalistas y los independentistas.
Este escenario, además, está apoyado tanto por los poderes económicos como por los empresariales que siempre han buscado la estabilidad política que, desde hace 8 años, no ha existido en España, un país que precisa de grandes pactos de Estado y de profundas reformas que sólo se pueden lograr desde un Parlamento con mayorías estables.