Las protestas del sector del taxi contra el reglamento de liberalización de Isabel Díaz Ayuso ya se están haciendo presentes en Madrid. Sin embargo, nada parece indicar que la presidenta de la Comunidad de Madrid vaya a frenar un proyecto en el que se favorece claramente los intereses de las multinacionales como Uber o Cabify, además de las personas o fondos buitre que ostentan licencias VTC.
La liberalización del sector del taxi que pretende Ayuso ya se implantó en diferentes ciudades de países como Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Australia, Irlanda o los Países Bajos.
Los resultados en estos países no han sido beneficiosos para la ciudadanía porque, finalmente, las tarifas del transporte en turismo se han disparado con una devaluación de los niveles de servicio. Esto ha provocado que en varios de estos lugares se haya vuelto a una regulación, pero el daño ya está hecho.
Con el modelo que pretende implementar Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid pierden los ciudadanos y los conductores. Sólo ganan multinacionales como Uber o Cabify, los propietarios particulares de las licencias VTC y los grandes fondos internacionales.
El Supremo, con las élites
Estamos en España y ya no resulta sorprendente que el Tribunal Supremo se posicione en favor de los intereses de los poderosos. La semana pasada lo volvió a demostrar con una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo que ha considerado que derogado los procedimientos de defensa del sector del taxi implementados por varias comunidades autónomas.
En concreto, la sentencia afirma que el establecimiento en la norma autonómica de «los límites consistentes en que los servicios de VTC tengan que ser contratados con una antelación mínima de 30 minutos antes de prestarse y la prohibición de geolocalización de los vehículos previa a su contratación, no se consideran compatibles con el derecho a la libertad de empresa».
Además, el Supremo señala que dichas normas serían contrarias a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado porque, según el Alto Tribunal y las patronales de las VTC, no existe una necesidad, adecuación y proporcionalidad que exige dicha ley.
Corrupción de las multinacionales
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y del diario británico The Guardian muestran la operación de lobby global de Uber para establecerse en diferentes continentes.
En Israel, el actual primer ministro Benjamin Netanyahu y sus colegas forjaron una relación amistosa con los ejecutivos de Uber, según publicó Shomrim. Después de reunirse con la empresa, Netanyahu expresó su apoyo a Uber durante un enfrentamiento público con su ministro de transporte, que se oponía a la multinacional. La compañía también aprovechó a los funcionarios estadounidenses y sus contrapartes, incluido el entonces embajador de Israel en Estados, Ron Dermer, y su contraparte en Israel, Dan Shapiro, para detener una investigación criminal sobre las operaciones sin permiso de la compañía, según Haaretz.
Los Uber Files también revelan los vínculos de Uber con el entonces primer ministro de Irlanda, Enda Kenny. Los documentos muestran que la multinacional afirmó haber escrito parte de un manifiesto que Kenny publicó apoyando el modelo de economía colaborativa de Uber. Según The Irish Times, la compañía hizo avances con Kenny gracias al lobista John Moran, exsecretario general del Departamento de Finanzas de Irlanda.
En Francia, Le Monde informó sobre la extensa relación de Uber con el actual presidente, Emmanuel Macron, quien tenía línea directa con el director ejecutivo de la compañía, Travis Kalanick cuando era ministro del gobierno de Manuel Valls.
Los Uber Files también expusieron cómo los principales asesores prominentes de la administración Obama contratados por Uber, incluidos los veteranos de campaña David Plouffe y Jim Messina, trabajaron para asegurar el acceso a altos funcionarios en países de todo el mundo, reuniéndose con el entonces primer ministro Mariano Rajoy en España, el entonces primer ministro Matteo Renzi en Italia e intenta forjar relaciones con el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed Rashid Al Maktoum, y funcionarios del Reino Unido utilizando conexiones del partido conservador.
En los Países Bajos también investigaron cómo la política holandesa y exvicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, se convirtió en asesora informal de Uber y ayudó a la empresa durante su período de incompatibilidad.
Los Uber Files mostraron que unos meses después de su lanzamiento en Alemania en 2014, Uber pagó al renombrado economista y asesor político Justus Haucap 44.000 dólares para redactar un informe que en última instancia abogó por la reforma de las regulaciones de transporte, según publicó Süddeutsche Zeitung. Ese estudio de 2015, titulado «Oportunidades de digitalización en el mercado de la movilidad urbana» apareció en varios medios y dijo que fue encargado por Uber.
En Francia, en 2014, mientras Uber enfrentaba un retroceso significativo en Europa, la multinacional pagó a los renombrados economistas Augustin Landier y David Thesmar 100.000 euros por investigaciones que podrían usarse como parte de la campaña de lobby de la empresa. Uber quería demostrar que estaba creando miles de puestos de trabajo al mismo tiempo que proporcionaba una estructura para la economía informal, según publicó Le Monde.
«Lo que más nos falta en Francia en este momento es precisamente evidencia científica o académica que respalde nuestros argumentos», escribió un ejecutivo de Uber en un correo electrónico. Si bien el acuerdo de consultoría se reconoció en una nota a pie de página en el informe, los detalles del coste del mismo no se incluyeron.