Las últimas experiencias vividas en España y otros países democráticos indican que en la actualidad existen dos tipos de espionaje a móviles y ordenadores.
El primero, el que debería ser el único, es el llamado «pinchazo», es decir, la interceptación de las comunicaciones de los espiados. Para poder llevarlo a efecto es necesaria una orden judicial. En este caso, la policía, de todas las comunicaciones recibidas y emitidas por el presunto delincuente, debe borrar aquellas que no afecten a la causa, y tenerlas por no efectuadas, aunque en la escucha se tenga noticia de otro delito.
El ámbito de las escuchas es estatal, salvo que también exista la autorización de un juez del o de los otros estados, cuando la intervención sea transfronteriza. Eso quiere decir que una policía no puede espiar más allá de sus fronteras, salvo que exista el control e intervención de la policía donde esté físicamente el espiado.
El segundo tipo, es la intrusión agresiva de sistemas de espionaje, como Predator o Pegasus, en móviles, tablets y ordenadores aprovechando las debilidades de su software, debilidades no conocidas o buscadas adrede, como las puertas traseras. Así se dejan de monitorizar las comunicaciones para pasar a monitorizar y controlar el móvil, tablet u ordenador. En todos los países de la UE está prohibido este tipo de monitorización, salvo que sea efectuado por los servicios de inteligencia que, todos ellos, tienen controles internos para evitar situaciones abusivas.
En España se ha acreditado no solo la utilización de dichos programas por parte de los servicios de inteligencia, sino también por parte de las diversas policías, e, incluso de entidades privadas. La propia Policía española, según ha afirmado el excomisario Villarejo, presuntamente «arrendaba» la utilización de estos programas a las grandes empresas españolas del Ibex35.
Los servicios de inteligencia de España han reconocido solamente quince escuchas cuando, en realidad, han aparecido ya más de un millar de afectados entre los que se presuntamente se encuentran activistas y sindicalistas. Según fuentes consultadas por Diario16, diferentes peritajes han acreditado que muchos de ellos son simples interinos, vulnerando además los derechos fundamentales más básicos al haberse realizado supuestamente sin control legal alguno. Las mismas fuentes indican que todo indica que se esté aplicando un principio perverso: «Primero espía, y si sale algo, ya pedimos el mandamiento judicial. Y si no, sabremos sus debilidades».
Estos hechos son muy graves porque el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, carta que han firmado todos los estados que conforman la UE dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras».
Las policías no tendrían de tener acceso ni utilizar estos programas porque, al permitir la monitorización completa del móvil, tablet u ordenador, podrían añadir, alterar o eliminar fotos, videos, mensajes y rastros de las llamadas.
Con casos como Predator o Pegasus, el problema del espionaje y las escuchas se ha vuelto más complejo. Las policías tienen un ámbito de actuación estatal, pero, presuntamente, se han espiado los móviles de personas residentes en otros países.
Las mismas fuentes indican que, en Bruselas, sindicalistas o estudiantes hispanoamericanos y brasileños han sido supuestamente espiados por sus gobiernos a pesar de ser residentes en la Unión Europea. Por otro lado, funcionarios y trabajadores de la Comisión también podrían haber sido espiados impunemente por grandes multinacionales.
Aquí es donde entra en acción el citado artículo de la Carta. Se usan dichos programas para vulnerar los derechos a la privacidad y las comunicaciones reconocidos también por otras jurisdicciones, además de los tratados firmados por el país.
No se puede olvidar que los software espía Predator y Pegasus son licencias de empresas israelíes, que necesitan la autorización de su Ministerio de Defensa para vender las licencias de uso de dichos programas uso que comportan que toda la información recaudada, junto con todos los datos personales obtenidos, quedan en manos de Israel que puede utilizarlos sin control alguno.
Ninguna autoridad de control estatal o agencia europea ha establecido procedimiento de investigación solvente sobre dicho problema, a pesar de que los datos de los afectados, ciudadanos europeos o residentes en Europa, han llegado a manos de terceros países sin control.
Esta es la razón por la que la ONU afirmó de manera contundente que se había llegado a un escenario en el que los Estados utilizan estos programas para perseguir disidentes y periodistas, en lugar de ser utilizados en la lucha contra el terrorismo o la gran delincuencia.