Todo parece indicar que Donald Trump ha alcanzado un pacto con más de veinte de los principales multimillonarios de Estados Unidos: ellos financiarán su campaña y él reducirá aún más mantendrá los impuestos de los ricos si regresa a la Casa Blanca.
En abril de este año, según publicó el New York Times, el multimillonario de los fondos de cobertura John Paulsen organizó una recaudación de fondos en Palm Beach para Trump que logró 50,5 millones de dólares. El mismo medio afirma que Miriam Adelson, la viuda multimillonaria del capo de Las Vegas, Sheldon Adelson, está ansiosa por aportar hasta 100 millones de dólares.
Inmediatamente después de la condena de Trump a fines de mayo por 34 cargos de delitos graves en Manhattan, Timothy Mellon, el nieto del clásico plutócrata Andrew Mellon, desembolsó otros 50 millones de dólares, según informó la cadena NBC.
Mientras tanto, la pasada primavera, según informó The Guardian, los multimillonarios Elon Musk y David Sacks organizaron una cena secreta para Trump, a la que asistieron personajes ilustres y adinerados como Peter Thiel, Rupert Murdoch y Michael Milken.
Esto puede parecer una situación exclusiva de los Estados Unidos. Sin embargo, ocurre en todo el mundo. Los multimillonarios ven la política como una vía para asegurarse de pagar los menos impuestos posibles, pero no sólo hacen sentir su presencia en época de elecciones. Los ricos tienen sus pulgares firmemente en la balanza de los tres poderes de los gobiernos. En las cámaras, los tribunales y los despachos del poder ejecutivo, hay un sistema amañado a favor de los ultrarricos, amañado por todo tipo de cosas, desde las leyes de los parlamentos y los fallos judiciales hasta los presupuestos de las distintas agencias tributarias y las políticas de auditoría.
Algunos de estos fraudes son fácilmente visibles para todos. Los dividendos y los beneficios de capital a largo plazo de los ultrarricos han estado sujetos durante décadas a una tasa impositiva máxima que apenas es la mitad de la tasa máxima aplicable a otras formas de ingresos de las clases medias y trabajadoras. Y los ingresos por inversiones de los ricos, a diferencia de los salarios de los trabajadores, no están sujetos a cotizaciones sociales que luego redundan en el mantenimiento de los servicios públicos y de los sistemas de pensiones.
Volvamos a Estados Unidos, donde hay un estafador que engañó a decenas de millones de trabajadores con la promesa de destrozar el sistema cuando, en realidad, lo que hizo fue potenciarlo y beneficiar a los ricos.
En 2017, el primer año de la presidencia de Trump, intensos esfuerzos de lobby ayudaron a los empresarios ricos a conseguir una tasa impositiva especial para sus ingresos empresariales. Solo en 2018, esa impuesto especial se tradujo en una donación de 67 millones de dólares a Mike Bloomberg, cuya riqueza personal ahora supera los 100.000 millones de dólares.
Pero estos privilegios evidentes de los que gozan los ricos a la hora de pagar impuestos sólo cuentan una parte de la historia fiscal de los multimillonarios. Otras partes reciben muy poca atención. En muchos países occidentales los legisladores, es decir, los políticos, han promulgado leyes para no revelar transacciones de evasión fiscal potencialmente abusivas en las declaraciones de impuestos o, directamente, han rebajado las multas a los ricos a los que se pilla a pura calderilla.
En distintos países occidentales se aprobaron multas que alcanzaban el 75% del impuesto que los ricos pretendían no pagar. Sin embargo, los mismos políticos limitaron esas sanciones a menos de 100.000 euros, es decir, convirtieron una multa en una picadura de mosquito.
En el actual clima fiscal favorable a los ricos, las plantillas de las agencias tributarias se enfrentan a dificultades. Recientemente, por ejemplo, un ex miembro del personal del IRS (la Agencia Tributaria de los Estados Unidos), Michael Welu, hizo pública a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) su preocupación por el hecho de que el propio IRS tiene políticas oficiales y no oficiales que terminan tratando a los contribuyentes ricos auditados con mucha más amabilidad que a los propietarios de pequeñas empresas.
“Estaba metiendo a carniceros, panaderos y autónomos en la cárcel, pero las cosas importantes que realmente queríamos perseguir estaban siendo ignoradas”, denunció este extrabajador.
Welu descubrió que la alta gerencia de la división del IRS encargada de auditar a los superricos y las grandes corporaciones no estaba interesada en investigar a los más ricos de Estados Unidos y sus esquemas más atroces para evadir impuestos.
Los expertos en políticas fiscales tienen una idea real de hasta qué punto las sanciones impositivas poco claras y las políticas de auditoría de las distintas agencias tributarias están diseñadas para favorecer a los ricos. La cuestión es que la gran mayoría de esos expertos en impuestos trabajan para los millonarios que, además, ya tienen una actitud de desafío a la hora de evadir impuestos. Parece que dicen: «No hay huevos a detenernos».
Sin embargo, para poder tener ese control, los ricos necesitan tener de su parte al aparato judicial. En España es famoso el caso de la familia Botín. Tres generaciones de botines ocultaron al Estado español durante más de 70 años parte de su patrimonio de 2.000 millones de euros en Suiza con la utilización de entramados societarios de paraísos fiscales. Estos hechos fueron reconocidos por la propia familia en comunicaciones a la Agencia Tributaria tras la aparición de la Lista Falciani resultan el gran escándalo de la oligarquía española. La causa fue archivada por el juez Fernando Andreu tras el pago de la multa impuesta por Hacienda.
En las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo se habla de esa causa y de cómo el abogado Manuel Medina presume de que le dijo a Andreu que tenía que archivar la causa, cosa que hizo. Además, en esos audios se habla del pago de una cantidad de 200 millones de euros, ¿ese es el precio por archivar una causa en la Audiencia Nacional?
En Estados Unidos, gracias al estafador que prometió que iba a reventar el sistema, los multimillonarios tienen al menos tres jueces Tribunal Supremo en sus bolsillos. El diario de investigación ProPublica reveló los enormes obsequios que fluyeron de Harlan Crow y otros multimillonarios al juez Clarence Thomas, así como los generosos obsequios que el multimillonario Paul Singer envió al juez Samuel Alito. Por su parte, el juez Neil Gorsuch ha tenido toda su carrera financiada por el multimillonario Philip Anschutz.
Este control absoluto de los tres poderes de las democracias les lleva a tomar durísimas represalias contra las personas honestas que deciden denunciar lo que sucede para permitir que los multimillonarios y las grandes corporaciones evadan impuestos.
Eso fue lo hizo Charles Littlejohn, quien trabajó durante años como contratista del IRS. Filtró información de declaraciones de impuestos relacionadas con Trump y los multimillonarios de Estados Unidos al New York Times y a ProPublica.
Fueron condenados los multimillonarios evasores de impuestos. No, la Justicia estadounidense condenó a Littlejohn a 5 años de prisión, tras recibir la jueza la presión de políticos y de los abogados de los superricos. Hay una carta firmada por 25 miembros republicanos del Congreso, a la que Diario16+ ha tenido acceso en la que reclaman a la jueza la pena más severa posible.
Lo que demuestran estos casos es que el castigo por la evasión fiscal va a depender siempre de quién sea el evasor. Si a un ciudadano de clase media y trabajadora no declara, de forma voluntaria o involuntaria, 600 euros, todo el peso de la Agencia Tributaria recaerá sobre él. Sin embargo, si se trata de millonarios, entonces, alfombra roja y la condena irá para quien lo denuncie, no va a ser que ese superrico se moleste.