Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards fue condenada y encarcelada por filtrar a la prensa los documentos que revelaban cómo los grandes bancos habían blanqueado en apenas 8 años más de 2 billones de dólares. En algunos casos, ese dinero procedía de organizaciones que financiaban al terrorismo internacional, a los cárteles de la droga o a cleptócratas corruptos. Esta funcionaria estará en una cárcel federal de Estados Unidos durante 6 meses y tendrá que vivir en libertad vigilada 3 años, mientras que los banqueros culpables se encuentran en la calle.
Uno de los puntos más importantes de la importancia de los más de 50.000 documentos filtrados por Edwards es cómo, en realidad, el sistema, los gobiernos, protegen a los grandes bancos que consiguen acuerdos con las autoridades judiciales, los llamados acuerdos de procesamiento diferido, para pagar millonarias multas, pero, en realidad, continúan actuando del mismo modo. Natalie Edwards demostró que los países democráticos son el cómplice necesario para que los bancos sistémicos globales continúen manteniendo el blanqueo de capitales como su negocio más rentable.
En 2012, HSBC fue descubierto por permitir a los cárteles mexicanos de la droga blanquear dinero y realizar negocios en países prohibidos como Sudán y Myanmar. El banco fue multado con 1.900 millones de dólares. La entidad británica prometió cambiar sus formas y, para cumplir con esa promesa, el gobierno instaló un monitor independiente para vigilar de cerca sus movimientos.
Sin embargo, los documentos filtrados por Edwards demuestran que HSBC continuó realizando operaciones bancarias y beneficiándose de los mismos tipos de clientes que lo metieron en problemas como, por ejemplo, una empresa de importación y exportación panameña que el Departamento del Tesoro detectó que estaba blanqueando dinero para los cárteles internacionales de la droga.
Por otro lado, JPMorgan Chase obtuvo su propio acuerdo de procesamiento diferido. Durante años, fue el banco principal del mayor estafador piramidal del mundo, Bernard Madoff, con el que, por cierto, mantuvo relaciones muy cercanas tanto con el Banco Santander (a través de Optimal) como con los fondos gestionados por Javier Botín y Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín.
Al igual que ocurrió con el Santander, a pesar de las múltiples advertencias de los propios empleados de JP Morgan, el banco nunca presentó un informe de actividad sospechosa sobre Madoff y la entidad estadounidense supuestamente recaudó 500 millones de dólares en honorarios, tal y como se puede comprobar en la sentencia de la Corte Suprema del Distrito Sur de Nueva York, a la que Diario16 ha tenido acceso.
Como castigo, se requirió que el banco pagara una multa de 1.700 millones de dólares y que prometiera mejorar sus defensas contra el blanqueo de dinero.
No obstante, después de que se resolviera el caso Madoff, los propios investigadores del banco dijeron que sospechaban que había abierto sus cuentas a una presunta figura del crimen organizado ruso que es conocido por el tráfico de drogas y asesinatos por contrato, así como negocios vinculados al represivo régimen de Corea del Norte.
Lo mismo sucedió en Standard Chartered. En 2019, el gobierno de Estados Unidos modificó su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 después de que se descubriera que el banco continuaba compensando transacciones para individuos y empresas en países condenados por Estados Unidos, principalmente Irán, con quien el Santander también tuvo acuerdos de colaboración.
Standard Chartered pagó multas por un total de 1.100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas, y extendió los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido por sexta vez en el espacio de siete años. El banco se disculpó por sus «violaciones y deficiencias de control», pero prometió que no había ocurrido ninguna después de 2014.
Los documentos filtrados a BuzzFeed News por Natalie Edwars, sin embargo, muestran que Standard Chartered procesó cientos de millones de dólares para empresas que sospechaba que estaban eludiendo las sanciones contra Irán hasta, al menos, 2017.
Desde 2010, al menos 18 instituciones financieras han recibido acuerdos de enjuiciamiento diferido por violaciones contra el blanqueo de dinero o sanciones internacionales. De ellos, al menos cuatro volvieron a violar la ley y fueron multados. En dos ocasiones, el gobierno respondió a este tipo de reincidencia renovando el acuerdo de enjuiciamiento diferido, la misma herramienta que falló la primera vez.
España y el Santander, más de lo mismo
Aunque los acuerdos diferidos con los grandes bancos se dieran en Estados Unidos, en España ocurre algo parecido con la protección que el Estado concede a Banco Santander. No vamos a exponer de nuevo aquí todos los escándalos judiciales protagonizados por la entidad cántabra. Sin embargo, sí que es necesario volver a mencionar el caso de las cesiones de crédito, la adquisición de Banesto, el caso Inversión Hogar, los dividendos Cum-ex, el Caso Popular, el presunto fraude de una finca en Mijas, la ocultación de 2.000 millones a Hacienda por parte de la familia Botín, Valores Santander, el fraude piramidal de Madoff, Banif Inmobiliario, Ausbanc, los seguros PPI y un largo etcétera.
Sin embargo, el último gran escándalo judicial en España, protagonizado por el magistrado Santiago Pedraz, quien no dudó en sobreseer un caso de blanqueo de capitales en el que Santander estaba presuntamente implicado. Lo sorprendente (en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.
Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.
¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.
Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.
La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.
Para terminar de cimentar la protección al Santander, cuando un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para evitar dicha personación, según confirman las mismas fuentes. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.