España ha vivido en menos de un año dos grandes catástrofes: la dana en la provincia de Valencia y la ola de incendios de este verano. A esto hay que añadir la crisis migratoria en Canarias y el Mediterráneo. Todos estos problemas están siendo aprovechados por la extrema derecha para culpabilizar de falta de reacción o de recursos al gobierno central cuando, en realidad, esas competencias pertenecen a las comunidades autónomas. El mensaje cala y gana adeptos porque en España no se hace pedagogía sobre el funcionamiento del Estado.
¿De quién depende la gestión de la sanidad, la educación o la vivienda en España? La pregunta, aparentemente sencilla, revela un problema de fondo: gran parte de la ciudadanía desconoce el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Este vacío de información está siendo aprovechado por la extrema derecha para difundir bulos y responsabilizar al Gobierno central de decisiones que, en realidad, corresponden a las autonomías.
Según estudios recientes del CIS, la mayoría de los españoles asegura no tener claro qué competencias recaen en las comunidades autónomas y cuáles en la Administración central. La confusión es mayor en áreas como sanidad y educación, gestionadas casi en su totalidad por los gobiernos autonómicos, pero que se atribuyen a Moncloa en el imaginario colectivo.
La descentralización en España es compleja y poco explicada. Eso genera una brecha de conocimiento que abre la puerta a la manipulación política.
Terreno fértil para los bulos
La extrema derecha ha sabido capitalizar esta confusión. Mensajes virales en redes sociales y plataformas de streaming responsabilizan directamente al Gobierno central de listas de espera en hospitales, ratios de profesores en las aulas o problemas en servicios sociales, pese a que son competencias transferidas a los gobiernos autonómicos.
La ultraderecha encuentra un nicho de crecimiento al focalizar las críticas a los problemas estructurales del sistema Madrid, a reforzando la narrativa de un “Estado fallido” y culpando al Ejecutivo central de Sánchez de cualquier deficiencia, borrando la responsabilidad de las autoridades regionales. Sánchez tendrá culpa y será responsable de muchas cosas, tal vez demasiadas, pero de lo que no lo es no se le puede culpar.
El desconocimiento facilita el éxito de la desinformación porque el ciudadano medio no distingue entre administración autonómica, local y estatal. Se construye así un relato donde siempre hay un único culpable: el Gobierno central.
España es uno de los países más descentralizados de Europa. Las comunidades autónomas gestionan más del 35% del gasto público total, una proporción muy superior a la de otros Estados de la UE. Sin embargo, la comunicación institucional sobre este reparto es deficiente y el debate político tiende a simplificarlo en clave de confrontación.
La paradoja es que, mientras la descentralización buscaba acercar la administración al ciudadano, la falta de información ha terminado alejándolo porque no siempre sabe a qué puerta llamar para exigir responsabilidades.
El discurso ultraderechista se nutre de esta confusión para reforzar su agenda centralista y recentralizadora. Los bulos sobre el supuesto despilfarro autonómico, la duplicación de competencias o la incapacidad de los gobiernos regionales se viralizan con facilidad. En paralelo, se construye la idea de que la solución pasa por un Estado más fuerte y centralizado, eliminando, según su terminología, “chiringuitos” autonómicos.
Se trata de una estrategia política muy calculada, no es el discurso de un charlatán. Cuanto mayor es el desconocimiento ciudadano, más fácil es plantear soluciones simples a problemas complejos.
Lo que es un hecho es que la democracia se debilita cuando la ciudadanía no entiende cómo funciona el sistema. En esa oscuridad crece la desinformación, y en esa desinformación prospera la extrema derecha.