Uno de los síntomas más persistentes y silenciados del deterioro de las condiciones laborales en España es la normalización de las horas extras no remuneradas. Aunque la legislación establece que todo trabajo fuera de la jornada ordinaria debe ser compensado con tiempo libre o remuneración adicional, la realidad es muy distinta: en 2023, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se realizaron en España más de 5 millones de horas extraordinarias a la semana sin remunerar. Esto equivale a cerca de 125.000 empleos a tiempo completo que las empresas están obteniendo a coste cero.
Este fenómeno, lejos de reducirse, se ha consolidado como una práctica sistémica. Las horas extra no pagadas no se concentran exclusivamente en trabajos de baja cualificación o en la economía sumergida. También son frecuentes en sectores como el comercio, la banca, los servicios profesionales y la administración pública, donde el exceso de carga de trabajo se traslada sistemáticamente a la plantilla sin una retribución proporcional.
La causa no es solo la desprotección legal, sino también el miedo: muchas personas trabajadoras temen ser etiquetadas como conflictivas si reclaman sus derechos, o directamente ser despedidas. Este clima laboral favorece una cultura de “obediencia resignada”, donde el tiempo personal se diluye en horas no reconocidas, a menudo invisibles incluso en los registros oficiales.
A esto se suma otro rasgo estructural del modelo laboral español: la jornada partida, que sigue siendo la norma en amplios sectores y que impide una gestión eficiente y saludable del tiempo. El reparto de la jornada en dos bloques —habitualmente de mañana y tarde con una pausa central de entre dos y tres horas— no solo alarga la jornada total de presencia en el trabajo, sino que complica enormemente la organización de la vida familiar y social.
Las consecuencias son múltiples. Primero, aumenta el tiempo total que una persona dedica al trabajo, no en función de su productividad, sino por imposición estructural. Segundo, dificulta el acceso a servicios básicos como escuelas infantiles, consultas médicas o transporte público, que operan en horarios más compactos. Tercero, perjudica de forma desproporcionada a las mujeres, que siguen asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado y para quienes estas jornadas inflexibles suponen un obstáculo mayor para avanzar en igualdad de oportunidades.
La racionalización de los horarios laborales ha sido una promesa recurrente de los gobiernos, pero los avances han sido escasos y lentos. Algunas comunidades autónomas han planteado planes piloto de jornada continua o incentivos a empresas que adoptan horarios racionales, pero no existe un marco estatal sólido que imponga límites claros ni mecanismos eficaces de control.
La falta de inspecciones laborales efectivas agrava la situación. Según el sindicato UGT, el número de inspectores de trabajo en España es insuficiente para hacer frente al volumen de infracciones. En 2023, las sanciones impuestas por no registrar la jornada laboral, un requisito obligatorio desde 2019, fueron apenas testimoniales en comparación con la magnitud del problema.
Mientras no se ataje de forma decidida este robo sistemático de tiempo, la conciliación seguirá siendo una ilusión para millones de trabajadores y trabajadoras. No se trata solo de pagar las horas que se trabajan, sino de reconocer el tiempo como un derecho y no como un recurso a explotar sin límite.