Se acaba 2024 y la atención sanitaria de los funcionarios, tanto en activo como los pensionistas, está en peligro, principalmente, por la ineptitud del actual gobierno y, no hay que olvidarlo, por la codicia de las aseguradoras.
Tal y como ha denunciado el sindicato CSIF ante el Defensor del Pueblo, los funcionarios, tanto en activo como pensionistas, ya están viendo cómo se les están anulando las citas médicas para después del mes de enero. Diario16+ puede afirmar que, por ejemplo, el tratamiento que el hijo con discapacidad de un jubilado ha sido paralizado mientras no se solucione la situación.
El gobierno de Pedro Sánchez no hace más que intentar lanzar mensajes de tranquilidad a los funcionarios. Se apela a una supuesta moratoria de 9 meses para que los mutualistas de Muface sigan recibiendo la atención médica como hasta ahora. Pero hay muchas lagunas legales y, lo que sí es cierto, es que los tratamientos y las citas médicas se están interrumpiendo.
Ante esta situación, en la que la salud y la vida de más de 1,5 millones de personas está en juego, los funcionarios sólo tienen una salida: el conflicto radical con las herramientas y los derechos reconocidos por la Constitución. No puede haber piedad con los impíos.
Además, existe un precedente muy reciente de cómo un colectivo puede tumbar al gobierno Sánchez: el conflicto de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Durante meses, este colectivo paralizó prácticamente los tribunales. Cientos de miles de juicios, declaraciones, interrogatorios, tuvieron que ser cancelados o cambiados de fecha mientras los LAJ luchaban por sus derechos. Y tuvieron éxito.
Por esa razón, los sindicatos que representan a los funcionarios están en la obligación de dejarse de concentraciones y manifestaciones y pasar a la acción, a lo tradicional, a la lucha obrera de siempre. Con este gobierno de las buenas palabras y la nulidad de hechos sólo hay un lenguaje que entiendan: el conflicto.
Desde que el concurso para la renovación del convenio de Muface quedara desierto, el Ministerio del paracaidista Óscar López ha tenido buenas palabras, mensajes de tranquilidad, pero pocos hechos. Faltan apenas 18 días para que acabe el año, con festivos de por medio. El tiempo corre mientras los funcionarios, sobre todo aquellos que se encuentran en tratamientos médicos, viven con la incertidumbre de qué les va a pasar.
Huelga, huelga, huelga general. Es el único lenguaje que entenderán. Mientras Sánchez y sus ministros intentan sacar nuevas concesiones para que el independentismo apoye los Presupuestos Generales del Estado, que serán decenas de miles de millones de euros que se sumarán a los más de 300.000 millones que ya han costado las necesidades de Pedro Sánchez, los funcionarios de Muface viven en la incertidumbre más absoluta. No se trata solo de los trabajadores públicos en activo, también están los jubilados y, sobre todo, los hijos con discapacidad.
El gobierno de Sánchez es el principal responsable de esta situación, pero no se puede olvidar tampoco la codicia de las aseguradoras privadas. Es cierto que son empresas y que tienen que hacer un cálculo de rentabilidad del concierto. Pero no se trata de la prestación de un servicio al uso, es la salud de las personas y la ejecución, a través de un sistema de colaboración público-privada, de un derecho constitucional.
Las aseguradoras están realizando una serie de estudios internos pero olvidan que si dejan de tener a los mutualistas de Muface, muchas de las clínicas que les prestan servicio van a cerrar también por falta de pacientes. Además, en un tema de este tipo realizar estudios estancos lleva al error. Hay compañías aseguradoras de salud que han invertido mucho dinero en construcción de clínicas y hospitales, inversión que tendrá un peor retorno si no cuentan con los funcionarios de Muface.
Lo mismo se puede decir de los convenios con universidades públicas. Estas aseguradoras han obtenido la calificación de hospitales universitarios, lo cual les da prestigio, gracias a la colaboración con centros públicos. Esto también es un activo a añadir y un activo que pueden perder.
En consecuencia, si los funcionarios quieren mantener Muface como hasta ahora, sólo tienen una estrategia posible, la misma que llevó a los LAJ al éxito: conflicto radical y paralización de la administración.