El mercado laboral es un reflejo muy importante del modelo de sociedad en el que se habita. En España, es un verdadero desastre en el que un importante número de empresarios buscan vulnerar la ley casi de manera sistemática. Por el contrario, todos aquellos que pretenden superar las condiciones y beneficios para que compensar a sus trabajadores, son sometidos a verdaderas campañas de acoso y desprestigio porque los que violadores de la legislación no pueden permitir que hay un camino de éxito si se renuncia a una parte de la cuota de beneficios. Esto no es sólo una cuestión de las pymes, sino que las grandes empresas también lo aplican, incluso, en muchos casos, con magnitudes apocalípticas.
La noticia de la muerte de un trabajador de la construcción de 73 años de edad ha vuelto a mostrar que los sistemas de control son prácticamente inexistentes. No es una cuestión del actual gobierno de Pedro Sánchez, es un fenómeno sistémico, lo cual demuestra la baja capacidad de los gobernantes españoles para frenar los abusos empresariales y la explotación laboral.
¿Qué hacía un hombre de 73 años trabajando en el andamio? ¿Por qué se vio obligado a hacerlo? ¿Estaba dado de alta correctamente o, simplemente, se le estaba pagando en negro? Son preguntas que cualquier persona razonable se puede hacer y las respuestas son, cuanto menos, preocupantes porque ninguna alcanza una justificación posible.
La explotación laboral es España es sistémica y, además, en determinados sectores reclaman que hay que extenderla porque, si se cumplen las leyes, tendrían que cerrar sus negocios. Esto sucede, por ejemplo, en la hostelería, donde se aplica de manera sistemática lo que los empresarios del ramo denominan «media jornada». La traducción de este eufemismo no es otro que jornadas de 12 horas con un día libre a la semana (si es que se permite la libranza). En este caso, estamos hablando de 72 horas semanales, casi el doble del máximo permitido por ley. Eso es explotación porque, además, el salario percibido no va en consonancia con el trabajo desarrollado.
¿Por qué se permite esto? No hay una respuesta única a esta pregunta, sino que es una concatenación de irregularidades de los diferentes gobiernos españoles que han sido incapaces de proporcionar una legislación y una cadena de sanciones ejemplarizantes que proteja a los trabajadores. ¿Hay mecanismos de control? Claro que los hay pero no tienen la capacidad ni los recursos para atacar a un empresariado que sabe que la suerte de su negocio está en el «mientras no nos pillen». Como no hay recursos, es muy complicado que «se les pille».
Esa es la razón por la que el número de horas extras sin remunerar se dispara cada año, a pesar de los controles horarios que se han puesto y se pretenden implementar. Esa es la razón por la que se paga por debajo de convenio o se firman contratos parciales cuando el trabajador desarrolla su actividad como jornada completa. Esa es la razón por la que se sigue permitiendo que haya empleados sin el alta en la seguridad social.
El hecho de que una persona de 73 años haya muerto en un trabajo corporal como es la construcción, es el reflejo de la corrupción laboral de España. Ese hombre se vio obligado a seguir trabajando por la concatenación de abusos del sistema. Posiblemente no hubiera cotizado porque le pagaron en negro durante toda su vida laboral y, al querer jubilarse, su pensión era la mínima. Posiblemente, fue la necesidad la que obligó a este hombre a seguir en el tajo y a cobrar bajo mano para poder sobrevivir.
La Inspección de Trabajo lleva, durante años, reclamando que se refuerce su plantilla. Apenas 3.000 personas tienen que controlar a más de 20 millones de trabajadores y a 3,26 millones de empresas. Es imposible. Además, el mapa empresarial español es terrible, dado que el 95% de las empresas tienen menos de 10 empleados y, directamente, un 52% no cuentan con asalariados, según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se pueden hacer todas las reformas laborales que se quiera porque todas serán una estafa a los derechos de la clase trabajadora. Se podrá subir el salario mínimo hasta los 3.000 euros mensuales, que dará igual porque los empresarios continuarán buscando las fórmulas que hagan falta para incumplir la ley. Se podrá reducir la jornada laboral máxima, porque en España se seguirá imponiendo el presentismo y la explotación. Se podrán blindar los derechos de los trabajadores en la Constitución. De nada servirá porque los sistemas de control y sanción son absolutamente insuficientes.
Es más, hay casos en los que las vulneraciones de la legalidad son tan graves que sobrepasan las competencias de la Inspección de Trabajo y se hace necesaria la participación de la Guardia Civil o de la Policía porque ya no se trata solo de sanciones, sino de delitos recogidos en el Código Penal.
Los empresarios afirman que la subida del salario mínimo les supone tener que finalizar su actividad. Si esto es así, entonces se trata de empresas que, de por sí, están quebradas.
Por otro lado, el hecho de que una persona que ya debería estar jubilada se encontrara trabajando en una actividad corporal, demuestra otro grave problema: la persistencia de la economía sumergida en las relaciones laborales en España. La dimensión varía según las fuentes y las metodologías empleadas, pero la mayoría de las estimaciones la sitúan entre el 15% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB).
Según un estudio de la Universidad de Murcia para el Consejo Económico y Social (CES), la economía sumergida estaría en el entorno del 15,8% del PIB, es decir, más de 215.000 millones de euros. La Comisión Europea, por su parte, calculó una tasa del 17% del PIB. Por su parte, el National Bureau of Economic Research señaló una estimación del 24% del PIB, lo que colocaría a España como el tercer país de la UE con mayor economía sumergida, detrás de Grecia e Italia.
Casualmente, son las comunidades autónomas con menos recursos, salarios más bajos y una economía más dependiente del sector servicios las que tienen unos niveles más elevados de economía sumergida. Esto indica la relación directa entre el abuso laboral y salarial con la vulneración de la ley.
El problema real es la falta de conciencia política en resolver estas situaciones. No se salva ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP, que haya destinado los recursos necesarios para controlar y sancionar los abusos de las empresas hacia sus trabajadores, renunciando, además, a recursos importantes. Esto es así porque los poderes económicos, financieros y empresariales, es decir, los que mandan de verdad, no tienen interés en que se termine con esta lacra porque, en realidad, son ellos mismos los primeros en perpetrar los abusos e incentivar la explotación. Sólo por esta razón se puede afirmar que es un tipo más de corrupción que juega con la vida y el bienestar de las personas.