Aldous Huxley escribió que «quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia». Cicerón afirmó que «no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños». Aunque haya distintos matices en los sucesos históricos, la historia ha demostrado que es cíclica y que los acontecimientos del pasado, antes o después, vuelven a repetirse.
La realidad social en España, por culpa de los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y el nacionalismo vasco, está generando un escenario propicio para que los ciclos vuelvan a repetirse.
El 23 de febrero de 1981, a las 18.23, cuando se estaba produciendo la segunda votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno e iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, irrumpió en el hemiciclo el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero pistola en mano. Comenzaba el intento de golpe de Estado más serio desde el levantamiento de los militares en julio de 1936 que inició la Guerra Civil.
El contenido de los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y el nacionalismo vasco ha generado un escenario de alta tensión, no sólo en las manifestaciones ante las sedes del PSOE, que luego han derivado en disturbios provocados por ultras, sino en distintas instituciones del Estado y poderes de la democracia.
Por un lado, ha estado la reacción de los jueces ante lo que consideran una intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en el judicial. Resulta paradójico que en la izquierda ahora se den cuenta de la situación de los jueces. Lo malo es que sólo ven la parte política de las declaraciones y no los actos que perpetran con sentencias que van en contra de todos los ciudadanos, no sólo a los de Cataluña. Pero eso es otra historia.
Lo que realmente es peligroso es la reacción que ha habido en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo porque estos organismos son los que tienen el monopolio del uso de las armas.
Tal y como publicamos en Diario16, por los cuarteles ya están circulando misivas llamando al golpe de Estado. «La acción política, abyecta y genocida que está llevando a cabo el poder establecido nos precipita a un desastre sin precedentes. La partidocracia está agrietando a la patria con separatismo, mercadeo político y pérdida de soberanía nacional», afirma una carta difundida por una organización autodenominada «Acción Civil».
En estos días, tal y como publicó El Mundo, la Asociación pro Guardia Civil emitió un comunicado muy duro en el que se dice que «quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado», pero que estaban dispuestos «a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa del orden constitucional».
«Observamos el pacto publicitado [PSOE-Junts] con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?», afirma el comunicado.
Además, recuerdan que la misión constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana […] La forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
Por otro lado, todos los sindicatos de la Policía Nacional han señalado que los pactos firmados por el PSOE de Pedro Sánchez «atentan contra los principios de la Constitución y socava los pilares del Estado de derecho […] Esta amnistía no solo borrará la responsabilidad penal de los autores de esos hechos, sino que el Estado les pide perdón, ya que amnistiar supone decirle al que ha cometido un delito que el Estado ha obrado mal». Además, rechazan que se utilice a la Policía para «blanquear este ataque a la Constitución».
El día 21 de septiembre, este Ágora incluía un artículo titulado «O elecciones…, o golpe de Estado» en que se señalaba que «los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han jurado, entre otras cosas, defender la unidad de España. Sólo el mero hecho de que se convoque un referéndum de autodeterminación, o que se negocie, da legitimidad a cualquier movimiento interno de rebelión de estas fuerzas o, incluso, que se produzca un golpe de Estado.
» Esto no es teorización analítica, es un hecho que está ahí. Desde la entrada de la extrema derecha en la primera línea de la política nacional, el descontento en los tres ejércitos, en la Policía y en la Guardia Civil va en aumento. El ruido de sables que tanto pánico generó durante la Transición se está reavivando. Ahora sólo son un susurro, pero un murmullo que va subiendo de volumen».
Lo que se afirmó entonces, se está empezando a cumplir y la investidura, en teoría, se iniciará el próximo 15 de noviembre. La historia es cíclica.