Tras el estrepitoso fracaso y la humillación política que sufrirá Alberto Núñez Feijóo la semana que viene, que ya veremos qué consecuencias internas tiene en el Partido Popular, la fecha para una posible fecha para que Pedro Sánchez se vuelva a presentar a la investidura se acerca.
Los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes saben que sus escaños son cruciales para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente. Por eso las negociaciones que se produzcan, si no se están produciendo ya, entre el PSOE y estas formaciones van a estar marcadas por unas peticiones a las que, en muchos casos, el actual presidente del Gobierno en funciones no podrá acceder sin cometer un delito de prevaricación.
Un precio que Sánchez no puede pagar
Los independentistas, sin ningún tipo de rubor, están haciendo públicas sus exigencias. Un modo de sentarse a negociar para reclamar sobre máximos. Saben que Sánchez no tiene margen de maniobra y eso es como una gota de sangre en un río plagado de pirañas.
Junts, el partido de Carles Puigdemont, empezó exigiendo una ley de amnistía para los encausados por el procés. Además de la exigencia de que las lenguas cooficiales pudieran utilizarse en el Congreso de los Diputados (en el Senado ya lleva tiempo permitiéndose, y no hubo ningún problema) y que se hiciera la petición para que el catalán y, posteriormente, el euskera y el gallego fueran idiomas oficiales en las instituciones europeas. Aquí empiezan los problemas para Pedro Sánchez, puesto que la Unión Europea no va a aceptar que esto suceda porque se abriría una puerta para que otras naciones incorporen lenguas utilizadas en esos países.
Los partidos catalanes, sobre todo Junts, anunciaron a continuación que el siguiente paso de la amnistía será la reclamación de la autodeterminación de Cataluña. Aquí Sánchez está atado de manos porque un referéndum de autodeterminación sería ilegal. El propio gobierno lo dejó muy claro el pasado mes de diciembre. «Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país», afirmó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desde el Palacio de la Moncloa.
Sin embargo, inasequibles al desaliento, Junts ha seguido subiendo el precio de su voto favorable a la investidura de Sánchez: reclamó ayer que quiere la condonación del dinero que Cataluña debe por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, la devolución de la deuda histórica del Estado que ellos cifran en 450.000 millones de euros y un sistema propio de pensiones. Sánchez tendrá muy complicado poder complacer a los independentistas catalanes porque, evidentemente, las reclamaciones de Junts las hará suyas ERC, tal y como se ha demostrado en las declaraciones de los dirigentes de Esquerra de estas últimas semanas.
Una parte del independentismo catalán está tan radicalizado que, a medida que van subiendo el precio de la investidura y lo van pregonando en cualquier foro o institución, da la sensación de que no quieren que Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno. Más bien al contrario, parece que se está provocando un nuevo escenario de tensión, sobre todo tras el importante retroceso del apoyo ciudadano que reflejan los últimos resultados electorales.
Pedro Sánchez, ante unas exigencias del independentismo que no puede conceder, sólo tiene una salida: decirle al Jefe del Estado que no cuenta con los apoyos suficientes y que se convoquen nuevas elecciones generales.
Peligro inminente de golpe de Estado
Por más que desde diferentes sectores de la izquierda, incluidos los sanchistas más sectarios del PSOE, se esté teorizando con que todo lo que piden los independentistas encaja dentro de la legalidad y que se reeditará el gobierno de coalición progresista, esto no es posible. Están muy equivocados porque las exigencias del independentismo dejan a Sánchez sin margen legal de maniobra, incluso si aquéllos rebajaran un poco sus pretensiones.
Se habla mucho de la plurinacionalidad de España, de que hay que respetar las diferencias entre regiones, etc. No obstante, se habla desde el sectarismo ideológico sin tener en cuenta la realidad social y orgánica.
Desde el punto de vista de la ciudadanía que no vive o ha nacido en los territorios de Cataluña, País Vasco o Galicia, España es España. No les cabe en la cabeza ni la plurinacionalidad, ni el confederalismo, ni que haya territorios con privilegios sobre el resto. Si Sánchez aceptara cualquiera de las reivindicaciones de los independentistas, tanto la extrema derecha como el Partido Popular o una parte del PSOE, además de las organizaciones de la sociedad civil, tienen la oportunidad perfecta para organizar una rebelión ciudadana contra el gobierno salido de esa posible investidura. La paz social que se quiere conseguir en Cataluña se rompería en el resto del Estado. ¿Está Sánchez dispuesto a pagar ese precio?
Por otro lado, y esto es lo más peligroso, los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han jurado, entre otras cosas, defender la unidad de España. Sólo el mero hecho de que se convoque un referéndum de autodeterminación, o que se negocie, da legitimidad a cualquier movimiento interno de rebelión de estas fuerzas o, incluso, que se produzca un golpe de Estado.
Esto no es teorización analítica, es un hecho que está ahí. Desde la entrada de la extrema derecha en la primera línea de la política nacional, el descontento en los tres ejércitos, en la Policía y en la Guardia Civil va en aumento. El ruido de sables que tanto pánico generó durante la Transición se está reavivando. Ahora sólo son un susurro, pero un murmullo que va subiendo de volumen. ¿Está dispuesto Pedro Sánchez a pagar ese precio? Si es inteligente, y lo es, sólo tiene el camino de la repetición electoral donde, tal y como analizamos en estas páginas, tiene mucho que ganar.