Carles Puigdemont sabe que los escaños de su partido son cruciales para conformar los órganos democráticos españoles, tanto los correspondientes al poder legislativo como a los del ejecutivo: Mesa del Congreso e investidura del próximo presidente.
El expresidente de la Generalitat de Catalunya también sabe que los escaños de su partido son fundamentales para evitar que la derecha y los ultras ocupen el poder.
En consecuencia, tiene la sartén por el mango de cara a la gobernabilidad de España, algo que, en esencia, está aprovechando a través de las reivindicaciones que realiza de cara a los acuerdos que se le están proponiendo, sobre todo desde las formaciones progresistas.
Las declaraciones que está haciendo Puigdemont demuestran que no tiene mucho interés en alcanzar ningún pacto con ninguna fuerza política española, ni siquiera catalana. En realidad, todo indica que el expresidente de la Generalitat lo que quiere es reventar la democracia española.
Puigdemont, a través de un tuit, ya parte de una base de desconfianza absoluta que, en cualquier situación, impide alcanzar cualquier tipo de acuerdo: «no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían».
Sin embargo, la posición del expresidente catalán es clara y el objetivo de intentar bloquear el escenario político es evidente: «No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y no importa si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura».
En la situación actual los «hechos comprobables» son imposible de poner sobre la mesa. El gobierno de Pedro Sánchez está en funciones, por lo que no puede dictar ningún tipo de resolución salvo las que sean de urgencia nacional y, realmente, un pacto político entre partidos no lo es.
Por otro lado, las reivindicaciones de Junts son absolutamente imposibles de poderlas llevar a efecto porque son ilegales. Las leyes españolas niegan cualquier posibilidad de autodeterminación de ningún territorio, como impiden la celebración de referéndums vinculantes en una región concreta que afecten a la unidad de España. La única posibilidad legal que existe ahora es que esa consulta a la ciudadanía se haga en todo el territorio español, algo que, evidentemente, no quiere Puigdemont.
Por otro lado, para que ese referéndum de autodeterminación se celebrara en Cataluña son necesarias reformas muy profundas de la legislación, incluso de la Constitución, y, con el reparto parlamentario actual es absolutamente inviable.
Al pedir «hechos comprobables» que no se pueden producir, Puigdemont demuestra que su objetivo es generar el caos político en España. Esto no es nuevo, sino que es una estrategia que se lleva implementando desde el mismo momento en que el procés fracasó.
En octubre de 2018, quien escribe este análisis estuvo en Waterloo, estuvo sentado en el salón de la casa de Puigdemont, habló con él y escuchó todo lo que allí se trató. En aquel año, sólo unos meses después de la moción de censura de Pedro Sánchez, se estaba intentando llegar a acuerdos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La práctica totalidad de los presentes en aquel encuentro, representantes de distintos ámbitos de la sociedad catalana, reclamaron a Carles Puigdemont que no cediera y que impidiera que se aprobaran los presupuestos para, de ese modo, bloquear al gobierno español y llevarle a unas nuevas elecciones.
Según demuestran las declaraciones de Puigdemont, esa es la misma postura que se está aplicando ahora para llegar al objetivo de bloquear y reventar la política española, porque, tal y como han repetido distintos dirigentes de Junts, a ellos no les importa la gobernabilidad de España. Además, el expresidente catalán es alentado en esa estrategia por una parte de la masa social de Junts, quienes no dejan de gritarle «No a tot, president».
Es más, según indican distintas fuentes políticas, todo da a entender que a los intereses de Puigdemont sería mucho más deseable un gobierno de Feijóo y Abascal que uno progresista, porque, de este modo, se reactivará «la mano dura» con Cataluña, lo que generará más crispación y el independentismo radical recuperará parte del peso perdido.
Puigdemont sabe que ni el PP ni Vox quieren que el conflicto catalán se solucione por vías diplomáticas. La derecha quiere, como ya hemos analizado en Diario16 en repetidas ocasiones, que Barcelona sea la Belfast española, que el Ejército patrulle las calles y se detenga a cualquier independentista o nacionalista que ose a alzar la voz.
De ahí el que a Junts le importe muy poco la estabilidad política de España. Ellos van a lo suyo, a buscar un sueño imposible a costa del bienestar de decenas de millones de personas.