Ahora se llevan las manos a la cabeza y echan sapos por la boca contra los jueces. Sin embargo, desde estas páginas se lleva denunciando la situación de la Justicia en España desde hace muchos años y era como clamar en el desierto. Cuando comentabas con diputados o dirigentes de la izquierda sentencias injustas o que rozaban la prevaricación, la respuesta que daban era «hay que respetar las decisiones judiciales» o, como dijo el exministro de Justicia Juan Carlos Campo en una entrevista en LaSexta, «los jueces son independientes».
Lo mismo sucedía cuando, a través de la investigación periodística llevada a cabo por este medio, se llegaban a indicios de casos de presunta corrupción judicial, la respuesta que los políticos de izquierda siempre era la misma: no existía correlación de hechos.
Bueno, pues ahora los partidos de la izquierda española, sobre todo el PSOE, se ha caído del guindo y dan pie a decirles con claridad que desde Diario16 llevamos años advirtiendo de que en España no podía haber una democracia plena cuando se alimentaba a la impunidad desde determinados juzgados y estaba implantada una dictadura judicial que tenía capacidad para controlarlo todo.
La causa por la que está imputada Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios ha provocado que el PSOE se dé cuenta de que en España hay un porcentaje de jueces que no son independientes y que aplican la justicia que favorece a intereses superiores de carácter político, empresarial, económico y financiero.
En España hay cerca de 5.500 jueces. Seguramente, más de un 85% de ese número realiza su trabajo con la diligencia debida y tomando decisiones basadas en la aplicación y la interpretación correcta de la Ley. El resto deja muchas dudas y lo peor es que ese número ocupa los puestos donde se tiene la capacidad de dictar sentencias firmes o de difícil recurso.
El problema está en que desde la reinstauración de la democracia en el año 1976, tras la aprobación en referéndum de la Ley de Reforma Política, ha habido muchas reformas legales pero la Administración de Justicia aún no ha pasado por el tamiz de la Transición. No se trata sólo de que haya jueces franquistas, sino que los tribunales siguen funcionando con el mismo sistema de influencias que sólo favorecen a los poderosos. Lo que debiera ser hacer justicia, se ha convertido en ensañamiento hacia los ciudadanos.
De eso parece haberse dado cuenta ahora el PSOE y una parte de la izquierda. La situación llevó incluso a la infamia perpetrada por Pedro Sánchez de tomarse 5 días moscosos para, supuestamente, plantearse si «valía la pena». En realidad, reconocido por el propio Sánchez, lo que quería era provocar que la gente despertara ante lo que él señala que es un ataque de los jueces. En realidad, esos días fueron una estafa porque, también reconocido por el mismo Pedro Sánchez, en ningún momento tuvo la intención de dimitir.
Ese despertar del electorado de izquierdas que pretendía el presidente del Gobierno, debería haberse producido hace muchos años porque el problema de la Justicia en España no está sólo en si los jueces quieren hacer política o si quieren derribar al gobierno legítimo de la nación. El problema es mucho más profundo que una cuestión ideológica. Es mucho más grave que eso.
Jueces que toman decisiones contra los gobiernos o los partidos políticos ha habido muchos, tanto contra la derecha como contra la izquierda. ¿Debemos suponer que si un juez abre diligencias contra tal o cual partido está legitimado por el aplauso o el rédito político que saque el adversario? Si es así, entonces se ha convertido a la democracia en un partido de fútbol en el que un penalti injusto es aplaudido por el beneficiario y rechazado por el sancionado. La política es más que eso porque de ella depende la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Hay que recordar causas de corrupción contra el PP y contra el PSOE que posteriormente han sido archivadas que fueron catalogadas por los partidos o los líderes imputados como «causas generales». Sin entrar a valorar cuestiones procedimentales, ahora desde la izquierda se critica al juez que ha imputado a Begoña Gómez del mismo modo en que lo hicieron con la jueza Alaya con la instrucción del caso de los ERE en Andalucía. Utilizan el mismo discurso que el PP contra el juez Ruz o el juez De Prada.
La cuestión es que el problema no está en si los jueces son de derechas, de izquierdas o en la renovación del Poder Judicial. Ahora desde la progresía no se hace más que hablar de lawfare, pero los ciudadanos llevan sufriendo la injusticia constante y la dictadura judicial. No es nuevo, pero en el PSOE parece que se están empezando a dar cuenta de que las ortigas provocan escozor, sobre todo si te rozan en salve sea la parte.
La frase de «hay que respetar las decisiones judiciales» es tan falsa como inútil. Ese 15% de jueces, que, casualmente, están en su mayoría en los ámbitos donde se adoptan las decisiones firmes, han instaurado un régimen paralelo basado en la impunidad, en las influencias y en la presunta corrupción.
Pedro Sánchez, en la comparecencia de la vergüenza que dio para decir lo que todo el mundo sabía, es decir, que no iba a dimitir, afirmó que su decisión no suponía « un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España […] Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango coloniza impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables».
La regeneración democrática, un fenómeno del que ya se empezó a hablar durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, sólo puede iniciarse con una limpieza absoluta de la Administración de Justicia. No debe pensarse sólo que esto se arregla por una purga ideológica de jueces o por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El problema es mucho más grave y profundo porque lo sufren los ciudadanos. Ahora el PSOE y Pedro Sánchez se han sentido golpeados por las decisiones judiciales, ahora les ha tocado a ellos y, por esa razón, han reaccionado, se han caído del guindo. Los ciudadanos de a pie, los pequeños empresarios, las familias de clase media y trabajadora, lo llevan sufriendo durante décadas sin que desde la política nadie haya hecho nada para evitarlo.
Reformar a fondo no es una intrusión en la independencia del poder judicial porque, en realidad es hacer lo que no se hizo en la Transición.
Por esa razón, a Sánchez se le abre una oportunidad única de acometer la reforma de la Justicia con valentía, sin miedo y con mucha efectividad atacando al problema desde la raíz. Si tiene intención de hacerlo y le permiten conseguirlo, entonces dejará un legado histórico.
Hay mucho que hacer y los más de 4.800 jueces justos se lo agradecerán porque no tendrán que convivir rodeados del fango que acumulan aquellos que priorizan el bienestar de los poderosos frente a la aplicación del principio de igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución.
Sánchez es considerado por muchos como un osado y, si así es, puede a enfrentarse a la polémica de crear un organismo independiente de los tres poderes para controlar las decisiones que adoptan los jueces. Ese organismo independiente, además de funciones de control de sentencias, también debe tener capacidad ejecutiva a la hora de sancionar o llevar ante la Fiscalía a los jueces que se desvíen de la legalidad en sus decisiones. Y, por supuesto, encargarse de controlar el reparto que, por más que desde los decanatos se afirme que es «aleatorio», la realidad es que se producen demasiadas «casualidades».
Lo mismo hay que tener valor para ordenar una investigación del patrimonio de los jueces, tanto dentro como fuera de España, para, de este modo, verificar la limpieza de los procedimientos.
También se hace necesaria una reforma profunda de la protección a las personas que denuncien a los jueces para evitar que se tomen represalias contra ellas o sus empresas, además de eliminar las «listas negras» que, como las meigas, «haberlas, hailas».
Calificar la actividad de los jueces en base a una supuesta ideología es un análisis demasiado pueril que deja abierta la sala de la impunidad que reina en los juzgados españoles y que, en muchos casos, son los propios gobiernos quienes la sustentan con la actuación de la Abogacía del Estado en contra de los ciudadanos.
La causa de Begoña Gómez y la Ley Sánchez de Amnistía parecen haber abierto los ojos de la izquierda. Ha llegado la hora de actuar, pero no sólo por cuestiones ideológicas, sino por la principal razón, el cumplimiento del artículo 1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
Eso que señala la Carta Magna no existirá en España hasta que se depure el tercer poder de la democracia. Ha llegado la hora.