Los ciudadanos de clase media y trabajadora llevan sufriendo dos años los efectos de una inflación devastadora. Sin embargo, a pesar de que, según los datos oficiales de los gobiernos y los supervisores, la subida de los precios se ha atemperado, ¿por qué sigue impactando directamente en las familias?
La respuesta a esta pregunta está en la codicia corporativa y en los beneficios que exigen los principales accionistas y los altos ejecutivos de las grandes empresas. Las ganancias corporativas, según indican distintos informes independientes, impactan en un 55% de media en la subida de los precios. Antes de la crisis de 2008, apenas llegaban al 10%.
Es un hecho que, a nivel mundial, las grandes empresas han achacado el aumento de los costos a las perturbaciones de la cadena de suministro provocadas por la pandemia y la guerra en Ucrania. Sin embargo, dos años después, las diferentes economías han vuelto prácticamente a la normalidad. De hecho, en algunos casos, los costos de producción y almacenamiento de las empresas han disminuido.
A pesar de ello, multinacionales de todo el mundo no tienen planes estratégicos a corto plazo de rebaja de los precios. De hecho, tal y como hemos publicado en diferentes ocasiones en este medio, hay altos ejecutivos que se jactan abiertamente de que esa subida de precios va a ampliar los márgenes de beneficio. En consecuencia, también se incrementarán sus salarios mientras ejecutan despidos o sus trabajadores pierden poder adquisitivo.
Este fenómeno queda reflejado en informes oficiales. La Reserva Federal de Richmond, junto con la Universidad de Duke, reveló que el 60% de las grandes empresas tenían planeado subir los precios de sus productos o servicios en un porcentaje mayor que antes de la pandemia. Todo ello a pesar de que sus costes de producción se han reducido.
En España, el Banco de España señaló que las empresas incrementaron sus beneficios en un 91,3% y el volumen de negocio en un 41,3%. Por su parte, los salarios de convenio se revalorizaron en un mísero 3,46%.
Las grandes corporaciones de todo el mundo y de todos los sectores están incrementando sus márgenes de beneficio incluso cuando sus costes se estén reduciendo. Se está produciendo una gran estafa a la mayoría de las clases medias y trabajadoras, una operación especulativa global, que no tiene por qué estar coordinada, en la que una minoría se está enriqueciendo a costa de la necesidad de la mayoría.
Esta especulación está teniendo un coste muy elevado no sólo para las familias, sino también para las pequeñas y medianas empresas porque, mientras las grandes multinacionales están utilizando su poder de mercado para incrementar sus precios y sus márgenes de beneficio, los pequeños negocios luchan por sobrevivir. No hay más que darse un paseo por los barrios de las ciudades o por los comercios de los pueblos y ya se está convirtiendo una costumbre el ver persianas bajadas con carteles de «Se Vende» o «Se Traspasa».
A la atroz especulación de precios y el comportamiento monopolístico que se está produciendo desde la crisis de 2008 y, sobre todo, tras la pandemia y la guerra de Ucrania, hay que sumar décadas de desinversión en los trabajadores y en la cadena de suministro, poder corporativo excesivo y mercados financieros que maximizan sus beneficios a corto plazo.
Esto tiene una consecuencia política. La inflación y las dos crisis continuadas están afectando a los procesos electorales y, casualmente, beneficia a aquellas opciones populistas que privilegian la desregulación de los mercados. Es decir, favorecen en el medio plazo a los intereses de las grandes empresas. Estados Unidos, en 2016, fue un ejemplo. Los norteamericanos eligieron a Donald Trump porque, en teoría, iba a acabar con el establishment. La realidad es que hizo lo contrario y benefició sólo a los gigantes corporativos.
En 2024 están convocados varios procesos electorales. Tras la pandemia y la crisis energética, las diferentes ciudadanías han apoyado a las candidaturas opositoras a los gobiernos. La inflación ha golpeado la economía de las familias mientras que los altos ejecutivos de las grandes empresas incrementaban sus salarios. La ciudadanía ha culpado a los gobernantes de un fenómeno global y, finalmente, se han aupado al poder personajes que son radicales defensores de una libertad de mercado que sólo favorece a los bancos y las grandes empresas.
En consecuencia, no se trata sólo de un fenómeno económico, sino que está impactando en los procesos democráticos. Eso es un golpe de Estado, sin militares pero con mucha pasta.