El miedo es una emoción fundamental que actúa como mecanismo de supervivencia. Desde una perspectiva evolutiva, responder ante amenazas reales ha permitido la adaptación y la supervivencia de los individuos. Sin embargo, cuando se utiliza de forma deliberada para manipular, el miedo se transforma en una herramienta que distorsiona la percepción de la realidad.
La manipulación a través del miedo se ha convertido en una táctica habitual en el discurso político. Líderes y partidos recurren a narrativas basadas en el miedo para justificar políticas de seguridad extremas, recortes en derechos civiles o intervenciones en nombre de la protección nacional. Al proyectar una imagen de constante amenaza, se facilita la implementación de medidas controvertidas que, en otras circunstancias, serían rechazadas.
El uso del miedo como instrumento de manipulación tiene repercusiones profundas en la sociedad porque cuando domina el discurso, las personas pueden dejar de cuestionar la veracidad y la motivación detrás de la información recibida, aceptando narrativas sin un análisis riguroso. La creación de enemigos y la división entre grupos pueden fomentar conflictos internos y debilitar el tejido social, generando una mayor fragmentación y radicalización. En contextos políticos, el miedo facilita la concentración del poder en manos de líderes autoritarios, quienes pueden imponer medidas restrictivas en nombre de la seguridad, limitando las libertades civiles y el pluralismo.
Esto es lo que puede estar sucediendo en el PSOE. Nadie se atreve a decirle a Pedro Sánchez, el líder Sutler, que la realidad le ha acorralado, que no puede continuar viviendo en el Matrix que tiene en su cabeza, que la ensoñación se ha terminado. Pedro Sánchez está cercado y sin margen de maniobra.
Ahora, España se encuentra en un momento crucial, con amenazas que llegan desde todos los lados y con una ciudadanía absolutamente crispada porque no estaba preparada para muchas de las decisiones que se han adoptado, decisiones que son absolutamente legítimas, pero que los hombres y mujeres que viven en España no están preparados para asumirlas como normales. El mundo de la política, en más ocasiones de las que debiera, está demasiado alejado de los ciudadanos.
Sánchez tiene problemas con las derechas y con las izquierdas. No se trata del Partido Popular o de Vox. Son los propios partidos que apoyaron su investidura los que le han colocado en una situación insostenible. Además, el enfrentamiento con la izquierda, incluso con sus socios de gobierno, va en aumento.
Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido con las medidas contra la ocupación o usurpación ilegal de viviendas. El pasado mes de noviembre se aprobó la ley de eficiencia de la Justicia, en la que se incluyó una iniciativa del PNV para que, en sintonía con la reclamación de Junts, se pudieran celebrar juicios rápidos (48 horas) en caso de allanamiento u ocupación ilegal de viviendas.
Los socios progresistas de Sánchez, es decir, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ligaron su voto a favor de la ley a un pacto alcanzado con el PSOE para la derogación de esa enmienda presentada por la derecha nacionalista. Los socialistas lo intentaron por todos los medios, incluso a través del trilerismo parlamentario que supone la inclusión de enmiendas sobre medidas concretas en proyectos de ley que nada tienen que ver.
En concreto, los partidos de la izquierda, junto al PSOE de Sánchez, firmaron una enmienda transaccional para que fuera incluida en la ley de asociaciones, es decir, una norma para ilegalizar y disolver a aquellas organizaciones que hagan apología del franquismo.
La transaccional no salió adelante por falta de apoyos. Podemos le ha recordado a Sánchez el pacto al que llegaron, que incluía la derogación de la enmienda del PNV. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha declarado que «nosotros hicimos una modificación legislativa en su momento para que los allanamientos se pudieran resolver en menos de 48 horas. Por lo tanto, nos parece que hay legislación suficiente para que los jueces puedan determinar si alguien allana una vivienda y no tiene ningún tipo de relación con ese inmueble, pueda ser desalojado. Y, en caso de que sean vulnerables, puedan ponerse el propio juez pueda ponerlo en relación con los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos son las instituciones».
Sin embargo, los jueces están acotando mucho el escenario, dado que varias audiencias provinciales han unificado criterios a la hora de legalizar el corte de los suministros de luz, gas y agua en viviendas que han sufrido un acto de ocupación, usurpación o allanamiento ilegal. Esto es lo que ha sucedido en la Audiencia Provincial de Barcelona, cuyos magistrados han declarado que el corte de esos suministros por parte de los propietarios ya no será constitutivo de un delito de coacciones. Este mismo criterio fue el adoptado por otras audiencias provinciales como, por ejemplo, la de Girona, que lo lleva aplicando desde el pasado mes de noviembre.
El tema de la vivienda es uno más de los muchos que acorralan a Pedro Sánchez. Todo ello si se habla sólo desde el punto de vista político, sin entrar en otros aspectos. No tiene prácticamente ninguna posibilidad de aprobar los presupuestos sin cruzar más líneas rojas que le alejan de la ciudadanía. Sólo cuenta con el apoyo muy condicionado de las derechas para aprobar el incremento gasto militar que él se comprometió con Europa sin contar con el Parlamento. Tiene enfrentamientos con sus socios en materia social como, por ejemplo, la tributación de los perceptores del salario mínimo.
Sin embargo, en el PSOE nadie le dice las cosas claras. Ese partido es como la fábula del rey desnudo. Todos tienen miedo a contrariar a su líder porque saben que, en el momento en que lo hagan, serán purgados, como viene pasando desde el año 2014. Sánchez necesita a un secretario de organización de los de antes, de los que no tenían miedo a cantar las cuarenta al secretario general. Ahora lo que hay son esbirros y súbditos que viven muy bien agachando las orejas y tragando quina. Al rodearse de personas que no cuestionan sus decisiones o carecen de iniciativa, se crea un entorno en el que su autoridad no se ve amenazada. Esta dinámica le permite mantener una imagen de control y superioridad, aunque esa apariencia esté respaldada por un grupo de colaboradores complacientes y poco competentes. La necesidad de validación puede llevar a este tipo de líderes a seleccionar personas que, en lugar de desafiar sus ideas, las refuercen. Así, evitan confrontaciones que pongan en evidencia sus propias limitaciones, favoreciendo un entorno de complacencia sobre el cuestionamiento constructivo.
Lo que sucede con Pedro Sánchez es un claro ejemplo de lo que en psicología se llama el Efecto Dunning-Kruger, es decir, individuos con baja competencia que sobreestiman sus habilidades. El líder, al carecer de una autocrítica realista, puede interpretar la ineptitud de sus colaboradores como lealtad o acuerdo, lo que refuerza su visión distorsionada de su propio desempeño.
En el PSOE de Pedro Sánchez la sumisión se ha convertido en un mecanismo para evitar conflictos y, a la vez, preservar la imagen de autoridad del líder, aun cuando ello implique sacrificar la eficacia y el desarrollo del partido. La cultura organizacional impulsada por Sánchez premia la lealtad ciega en lugar del mérito, y se percibe la competencia o el cuestionamiento como amenazas, lo que favorece comportamientos que, aunque ineficientes, garantizan la adhesión incondicional.
Pedro Sánchez se encuentra en la disyuntiva de tomar decisiones de tal alto calado político que es dudoso que esté capacitado para ello. En este Ágora se ha indicado en repetidas ocasiones que la salida más eficiente en la actualidad para agotar la legislatura es romper el acuerdo con Sumar y coaligarse con el Partido Popular. Es complicado.
También está la opción de convocar elecciones cuanto antes. Dentro de la izquierda, y del propio PSOE, se mira con recelo esta decisión, puesto que, en el contexto actual, con mucho voto oculto que terminará en su mayoría en la derecha o en la extrema derecha, se puede configurar una mayoría PP-Vox. Sin embargo, un resultado ajustado, sin mayorías claras obligaría a Sánchez (o al PSOE) a coger el camino que ahora mismo necesita España: estabilidad para generar crecimiento, mejorar el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos y, sobre todo, para destrozar el crecimiento de los populismos de extrema derecha.