El panorama social en España ha experimentado un cambio significativo desde el año 2018, marcado por el incremento sostenido de los niveles de pobreza y desigualdad, una tendencia que se ha visto agravada por la falta de respuesta eficaz de los gobiernos de Pedro Sánchez a los shocks económicos, sanitarios y estructurales. Mucha propaganda, mucha manipulación de las cifras, pero pocos resultados positivos. Diversos informes oficiales, tanto nacionales como internacionales, dibujan un retrato preocupante de la situación, evidenciando cómo amplios sectores de la población han visto deterioradas sus condiciones de vida y reducido su capacidad de afrontar la incertidumbre.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman una evolución desfavorable desde 2018. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) pasó del 26,1% en 2018 al 27,8% en 2023, lo que supone que más de 13 millones de personas en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Este incremento no es homogéneo: la pobreza infantil, por ejemplo, ha crecido a un ritmo más acelerado, situando a España entre los países de la Unión Europea con mayores tasas de privación material severa en menores, según Eurostat. El informe anual de Eurostat sitúa la tasa de riesgo de pobreza en España por encima de la media europea, superando en varios puntos porcentuales a países como Francia o Alemania, lo que refleja la dificultad para revertir el deterioro social tras la crisis financiera y, más recientemente, la pandemia de COVID-19.
La Comisión Europea advierte que la recuperación económica no se ha traducido en una mejora equitativa de los indicadores sociales. Si bien el crecimiento del PIB ha sido notable en algunos trimestres, la distribución de la riqueza sigue siendo desigual, y las personas en situación de mayor vulnerabilidad apenas se han beneficiado del repunte. Según la Comisión, la tasa de pobreza laboral, es decir, personas con empleo cuyos ingresos no alcanzan para salir de la pobreza, se mantiene por encima del 12%, uno de los registros más elevados de la zona euro. Esta situación se ve agravada por el elevado índice de temporalidad en el empleo y el peso de los contratos a tiempo parcial, factores que dificultan la movilidad social y perpetúan la precariedad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda esta preocupación. En sus revisiones periódicas sobre la economía española, destaca que la desigualdad de ingresos se incrementó significativamente a raíz de la pandemia, con un impacto pronunciado sobre hogares encabezados por personas jóvenes, mujeres y migrantes. El FMI subraya la necesidad de mejorar las políticas de protección social y el acceso a servicios esenciales para mitigar los efectos de las crisis y evitar que la recuperación sea meramente estadística, sin un reflejo real en las condiciones de vida de la mayoría.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido reiteradamente sobre el estancamiento en la reducción de la desigualdad y la cronificación de la pobreza. España, en sus informes más recientes, aparece como uno de los países de la OCDE con mayor proporción de población situada en el 20% de menores ingresos, una realidad que se traduce en dificultades de acceso a la vivienda, la educación y la sanidad. La OCDE señala que la inversión social en España continúa por debajo de la media europea, especialmente en políticas de infancia y vivienda, lo que limita el impacto de las transferencias públicas en la reducción de la pobreza.
Oxfam aporta otro ángulo relevante al análisis. Según la organización, el 10% más rico de la población ha incrementado su patrimonio durante este periodo, mientras que las personas situadas en el 50% de menores ingresos han visto reducido su poder adquisitivo. Oxfam estima que, tras la pandemia, en 2022, cerca de 1,1 millones de personas más cayeron en riesgo de pobreza en España, y advierte que la inflación, especialmente en bienes básicos como la energía y la alimentación, ha sido un factor determinante en el empeoramiento de las condiciones de vida. Además, destaca la insuficiencia de las prestaciones por desempleo y el limitado alcance del Ingreso Mínimo Vital, que, pese a su implementación, no ha logrado revertir la tendencia al alza en los niveles de pobreza.
A este escenario se suma el incremento de la pobreza severa, aquella situación en la que los ingresos de un hogar no alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades más básicas. Según los últimos datos del INE y apoyados por Oxfam, más de 4,5 millones de personas se encuentran en esta situación extrema, cifra que supone un récord histórico en la estadística reciente del país. Este fenómeno se manifiesta de forma especialmente dramática en grandes ciudades y regiones con alta dependencia del sector servicios, donde la temporalidad laboral y el elevado coste de la vivienda han llevado a muchas familias a situaciones insostenibles.
El incremento de los niveles de pobreza en España desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa es el resultado de una suma de factores estructurales y coyunturales, reflejado con claridad en los informes de los principales organismos nacionales e internacionales. Los datos demuestran que las políticas de Sánchez son insuficientes para frenar la tendencia al alza. La brecha social se ensancha, y la recuperación económica sigue sin traducirse en bienestar para la mayoría. Es decir, la fábula del rey desnudo.