Mientras el pueblo español está dando un ejemplo a todo el mundo de lo que es la responsabilidad ciudadana con su respuesta ante la devastación de la DANA de Valencia, Albacete y Málaga, la clase política vuelve a demostrar que está priorizando sus intereses partidistas.
Es incontable el número de personas voluntarias que están ayudando en las labores de desescombro y limpieza en las localidades más afectadas, el volumen de donaciones materiales ha superado incluso las primeras necesidades de las familias que lo perdieron todo en aquella negra noche de martes. Es solidaridad, sí, pero, sobre todo, es responsabilidad.
La clase política, una vez más, no ha estado a la altura, primero por estar echándose las culpas los unos a los otros y, en segundo término, con una reacción absolutamente insuficiente e ineficaz. El Partido Popular, con Carlos Mazón a la cabeza, es responsable de la negligencia mortal de no haber activado unas alarmas que hubiesen salvado muchas vidas. El gobierno de Pedro Sánchez también es responsable por no haber adoptado las decisiones que debió tomar ante la magnitud de la tragedia para tomar el control absoluto de la respuesta.
Toda esta situación llevó a una descoordinación que aún hoy, casi dos semanas después de que la DANA arrasara estas zonas, se lleva sufriendo.
A pesar de esto, los políticos siguen yendo a lo suyo, a lo que les importa. Por más que el gobierno haya aprobado un histórico paquete de ayudas, en muchos casos son insuficientes. Pero lo que la ciudadanía no puede soportar es que se pretenda sacar beneficio político de la tragedia.
Por un lado, en el gobierno de Carlos Mazón ya se ha advertido de que no va a haber ningún tipo de dimisión. La gente moría ahogada mientras el presidente andaba de comidas (en los mentideros se dice que presuntamente el menú pudo ser muy variado, pero esto es algo que sólo se cuenta sin ningún tipo de confirmación), la consejera responsable ni siquiera conocía que existía un sistema de alertas. En cualquier país de la UE que no se llame España esto habría sido causa de dimisión inmediata de todo el gabinete.
Susana Camarero, vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda del gobierno de Mazón, afirmó que no iba a haber ningún tipo de dimisión, poniendo a las víctimas como escudo.
«Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas […] No es una opción, en este momento, ninguna dimisión […] No podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso, no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas», afirmó Camarero.
Sin embargo, el PSOE tampoco le va a la zaga en la miserabilidad. El pasado martes, el presidente Sánchez, al presentar el paquete de ayudas para los afectados por la DANA, afirmó que «estamos hablando de cifras importantes desde el punto de vista económico. En este real decreto estamos hablando ya de 10.600 millones. Son muchos recursos, a los que vendrán otros muchos que tendremos que pedir a las instituciones comunitarias. Y otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas. Por tanto, vamos a tener que revisar el impacto que va a tener sobre el déficit y la deuda pública. Tenemos que encontrar los vehículos más eficaces, en el marco de los Presupuestos, para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz. Y necesitaremos unos nuevos Presupuestos. Es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir la responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Vamos a ofrecer a los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar unos nuevos Presupuestos».
Es decir, no tuvo ningún tipo de escrúpulo en condicionar las ayudas que está reclamando la gente afectada por la DANA con la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No se puede ser más ruin y es la mejor demostración de que Sánchez carece totalmente de empatía. Luego se sorprenderán de que no pueda pisar la calle ni a tomarse un café o una cerveza, como hace todo el mundo que tiene la vergüenza y la dignidad de ir por el mundo sin temor a nada.
Como ocurre en el PSOE de Pedro Sánchez, todos han seguido con el discurso del líder supremo. No bajan el nivel de miserabilidad. Su único objetivo es que Sánchez siga en el poder, por encima de lo que sea, incluso de la dignidad humana.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en una entrevista en El País que «el objetivo es movilizar los máximos recursos para volver a la normalidad con rapidez. El decreto ley moviliza 10.600 millones. Contamos con la colaboración de Bruselas para evitar restricciones fiscales, eso es clave. También lo es el presupuesto, que hace falta y me parece impropio llamar a eso chantaje. Hay un tiempo para pedir responsabilidades y para confrontar, pero ahora hace falta el presupuesto y es impresentable, poco empático y absolutamente desorientado hablar de chantaje».
No es chantaje, según el sanchismo, pero los indicios apuntan a que sí lo es porque condicionarse el incremento de las ayudas a la aprobación de los presupuestos, como hizo Sánchez, es absolutamente indefendible porque sus palabras están ahí.
Todo esto junto, los unos que no asumirán ninguna responsabilidad política y los otros intentando sacar rédito con la aprobación de los presupuestos, no se puede calificar de otro modo que «hacer negocio» político. Y en medio de la tragedia eso es tan indigno como cuando George W. Bush aprovechó el 11S para declarar dos guerras y aprobar la Ley Patriótica que derogaba derechos constitucionales a los ciudadanos.