Pedro Sánchez, tras negarse a declarar en calidad de testigo ante el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, presentó una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que fue ampliada a finales del mes de agosto.
Desde el sanchismo «pata negra» y de los sanchistas conversos que han nacido como setas en los últimos meses, se da por hecho que Peinado es un prevaricador de manual y lo dicen como si fuera una novedad, cuando la prevaricación campa a sus anchas por los juzgados españoles. No hay más que ver y leer las sentencias, sobre todo si las causas afectan a los intereses de las élites familiares, económicas y empresariales.
Sin entrar en el análisis de si Peinado es un presunto prevaricador o de si la querella de Sánchez tiene o no recorrido, la realidad es que la ignorancia interesada sobre la situación de impunidad que disfrutan los jueces en España provoca que se tomen decisiones injustas a sabiendas en todos los ámbitos. No se trata de lawfare contra la izquierda, como marca el argumentario victimista del sanchismo, es algo mucho más grave, porque pervierte absolutamente que España sea un verdadero Estado social y democrático de Derecho, como afirma el artículo 1 de la Constitución.
Como se ha insistido en repetidas ocasiones en este Ágora, no todos los jueces son corruptos, no todos los jueces practican el supuesto lawfare ni toman decisiones en base a posicionamientos ideológicos, como se pretende hacer ver ahora. Seguramente, más de un 80% de los jueces españoles realiza su trabajo de manera diligente y dictando sentencias ajustadas a derecho. El problema está, principalmente, en las instancias superiores y en los juzgados de lo mercantil que son muy permeables a las influencias de los intereses de las élites políticas, familiares, económicas y empresariales.
Ahora, con la querella de Sánchez contra Peinado por prevaricación se pone el foco en un juzgado concreto y en un juez concreto. Sin embargo, el mismo Sánchez y sus sucesivos ministros de Justicia han mirado para otro lado cuando ciudadanos, abogados y despachos han denunciado a jueces y magistrados por prevaricación. El sanchismo pata negra y los conversos nada hacían ni decían. Es más, salían con el titulillo de «la Justicia es justa e independiente» o se les llenaba la boca con el chascarrillo del Estado de Derecho. Eso mismo sucedía con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. No puede haber Estado de Derecho si el tercer poder tiene a una quinta parte de sus miembros en estado de sospecha permanente y dictando sentencias que sólo favorecen a una minoría privilegiada.
Pero ahora gobierna Sánchez y el que ha puesto una querella por prevaricación ha sido Sánchez. El presidente del Gobierno no dijo nada cuando el Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia y determinadas secciones de audiencias provinciales decidieron de manera unilateral y premeditada incumplir con su obligación de aplicar la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo referente a las cláusulas abusivas de la banca. Estas sentencias siguen un patrón, ya que los jueces que las dictan presuntamente actúan de manera coordinada y predeterminada al burlar la aplicación de la doctrina europea y, en este caso, la normativa interna sobre control bancario, con el objetivo de no realizar un control de transparencia acorde a lo que exige la jurisprudencia del TJUE. De estos jueces, ni Sánchez ni los sanchistas (sean pata negra o conversos) han dicho nunca nada.
No es de extrañar que la España de Pedro Sánchez sea el país con más procedimientos abiertos por la UE por incumplimiento de la legislación europea que habrá que recordarle que es prevalente sobre la española.
El presidente del Gobierno tampoco dijo nada respecto a cientos de sentencias en las que los jueces deciden sin tener en cuenta las pruebas presentadas y, como ha sucedido en múltiples casos, contradiciéndose a lo dictado por ellos mismos en autos incluidos en el mismo sumario. Estas actitudes entran, presuntamente, dentro del ámbito del delito de prevaricación. El sanchismo calla.
Tampoco ha movido un dedo ante la multitud de casos en los que el juez o el magistrado, a pesar de los informes presentados por los propios peritos de organismos públicos y reguladores, reconocen la existencia del delito pero archivan la causa.
Todo ello, por no hablar de que en determinados juzgados españoles se vulnera de manera sistemática principios jurídicos fundamentales como, por ejemplo, el de los actos propios. Sí, aunque Sánchez y los sanchistas se mantengan callados ante semejantes injusticias que presuntamente entran en la órbita del delito de prevaricación, en España hay jueces y magistrados que permiten a las defensas de las clases privilegiadas que digan una cosa en un procedimiento y la contraria en el otro.
Una de las cosas por las que se dice que el juez Peinado ha prevaricado es por llevar una instrucción prospectiva. Eso sucede en determinados juzgados de España prácticamente a diario. No hay más que mirar lo que ha sucedido en la Audiencia Nacional recientemente con la causa del Banco Popular para entender que esto es así. En este asunto, Sánchez no ha movido un dedo y sus hordas, tanto las de sangre limpia como los conversos, han callado como monjas de clausura.
Habrá gente que se pregunte que, si esto sucede a diario, por qué no se ponen querellas por prevaricación como ha hecho Pedro Sánchez. En algunos casos sí que se ponen, pero el sistema judicial, en vez de investigar, lo tapa y, por supuesto, toma represalias, tal y como denuncian muchos abogados. No es ningún secreto que en los juzgados españoles hay listas negras de letrados.
Este hecho provoca que sean muchos los abogados que se nieguen a ir contra jueces y magistrados, aunque la presunta prevaricación sea de manual, porque tienen miedo a que se adopten esas represalias y nunca más vuelvan a ganar una causa. Este problema, por supuesto, no afecta a los grandes despachos porque a ellos no les hace falta querellarse por prevaricación contra ningún juez. De un modo u otro, tienen ese problema resuelto.
Hay otras muchas formas de que los jueces puedan, presuntamente, cometer delitos de prevaricación. No hay más que leer sentencias en la base de datos de Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, echarse las manos a la cabeza y romperse las vestiduras por la presunta prevaricación del juez Peinado no es otra cosa que ver las cosas sólo en el momento en que te afectan directamente. Esa sería la forma de actuar de cualquier ciudadano, pero Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y tiene la responsabilidad de actuar, a través de sus ministros, en todos y cada uno de los casos que afectan a la ciudadanía. Además, desde un punto de vista político, tiene la obligación de luchar contra ello. No hacerlo, es buscar prevaricaciones a la carta.