La declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional supuso un terremoto político en el que los partidos de la oposición se lanzaron a reclamar la dimisión inmediata tanto de Pedro Sánchez como de todo su gobierno.
De Aldama apuntó directamente a la figura de Pedro Sánchez. En concreto, señaló al presidente del Gobierno como presunto responsable de la asignación de Koldo García como asesor de José Luis Ábalos.
Respecto a la imagen que publicó El Mundo en la que aparecían Sánchez con De Aldama, el empresario señaló que la foto se hizo a petición del propio Pedro Sánchez como modo de agradecimiento por gestiones que el empresario había realizado en México.
En lo referente a Venezuela, De Aldama afirmó al juez que Sánchez le solicitó ayuda para la cuestión del exlíder opositor Juan Guaidó porque, según la declaración, la exministra Arancha González Laya, «no sabía dónde tenía la mano izquierda». En este sentido, el empresario apuntó a que fue el propio Ábalos quien le dio poderes especiales como representante del Gobierno.
En referencia a Delcy Rodríguez, con quien supuestamente le unía una relación de amistad, De Aldama insistió en que todos sabían que llegaba a España en aquel viaje del año 2020, que él advirtió del tema de las sanciones de la UE que impedían a la vicepresidenta venezolana pisar suelo de la Unión, pero que fue Ábalos, según el testimonio, quien le dijo a Delcy Rodríguez que no iba a haber ningún tipo de problema.
El presunto conseguidor de la «Trama Koldo» acusó, además, a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, de haber recibido 15.000 euros en efectivo. Por otro lado, De Aldama ha señalado que tanto José Luis Ábalos como Koldo García recibieron sobres con dinero en efectivo con 250.000 y 100.000 euros, respectivamente.
Como ya se señaló en Diario16+, esta es la versión que Víctor de Aldama ha expresado al juez. Esto no tiene por qué ser la verdad, puesto que, al declarar en calidad de investigado (imputado), tiene el derecho a mentir lo que quiera. El presunto conseguidor no presentó prueba alguna de sus afirmaciones, aunque sí señaló que lo tiene todo documentado.
La declaración provocó un terremoto político. La líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, dio por ciertas y verificadas todas y cada una de las afirmaciones del empresario que se encuentra actualmente en prisión preventiva. «Es imprescindible la dimisión en bloque de este Gobierno, es urgente que esto sea así y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo debe, desde dentro, votando telemáticamente eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Aún queda muchísimo por ver. Hemos visto un recital en el que no se han dejado un delito del Código Penal: sobres, pagos en billetes, lingotes de oro, negociaciones de contratos, reuniones con Sánchez que Sánchez negaba, reuniones con Begoña que Begoña negaba… Creo que si el electorado a estas alturas aguanta esto es que España se ha vuelto loca. Y luego diciendo que con tal de que no gobierne la derecha, que todo se puede admitir… cuando gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa», afirmó Ayuso.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también reclamó la dimisión de Pedro Sánchez por el contenido de la declaración judicial de Víctor de Aldama. Además, dio un paso más y se ofreció a alguno de los socios parlamentarios del PSOE para presentar una moción de censura.
«Es evidente que yo no tengo los votos para cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país», señaló Feijóo.
El PSOE, por su parte, reaccionó a la declaración de Víctor de Aldama negando la mayor y anunciando la adopción de medidas legales contra el empresario.
El propio Santos Cerdán afirmó que De Aldama no tiene credibilidad alguna y que «está en prisión preventiva. Lo que hemos visto hoy es que ha dado contra todos, sin ninguna prueba y con mentiras».
Además, el secretario de Organización del PSOE aseguró que ni él ni Pedro Sánchez tuvieron «relación alguna con este señor». En concreto, ha señalado que «él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido».
Esta reacción es calcada a la que tuvo el Partido Popular con las declaraciones de los imputados, y posteriormente condenados, de la Trama Gürtel y del Caso Bárcenas.
Tras una declaración del extesorero, el dirigente del PP Javier Maroto afirmó que «no nos importa en absoluto lo que pueda decir. Es la estrategia de un preso. Utilizará la técnica que le diga su abogado para remover Roma con Santiago y pagar menos condena. Y yo no opino de la estrategia de un preso». Las semejanzas con el argumento de Santos Cerdán son absolutamente bochornosas.
Por otro lado, cuando el cabecilla de la Trama Gürtel, Francisco Correa, apuntó a que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, daba el OK a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España, el PP también negó la mayor.
Sin embargo, el actual presidente del Gobierno pidió la dimisión de Mariano Rajoy por los casos de corrupción por los que aún no había sido condenado el PP. Lo fue más tarde y eso propició la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa.
Es decir, tanto el PP como el PSOE reaccionan de igual manera ante los casos de corrupción que les surgen. Cuando es propia, la niegan y culpan a lo que haya que culpar. Cuando es la del contrario, se tiran a la yugular.
La corrupción política es tan antigua como el ser humano. Aristóteles afirmaba que «la corrupción es un cambio que va de alguna cosa al no-ser de ella; es absoluta cuando va de la sustancia al no-ser y específica cuando va hacia la especificación opuesta». Horacio decía que «si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá» Tácito, por su parte, no dudaba en señalar que «cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene».
En épocas más cercanas a la actual, personajes como el Marqués de Sade afirmaban que «la ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero».
Nadie se libra y cuando les pillan, todos dan la misma respuesta. El Partido Popular, cuando comenzaron a aparecer los grandes casos de corrupción, no dudaron en afirmar que se trataba de una «causa general» y de una «caza de brujas». Es inolvidable esa imagen de toda la cúpula del PP en la sede de la calle Génova mientras Rajoy afirmaba que todo se trataba de una conspiración. El tiempo demostró que todo era verdad.
Ahora, el PSOE hace las mismas afirmaciones y califica las investigaciones judiciales por casos de presunta corrupción como de «cacería» o «causa general». De momento, todo está en fase de instrucción, pero, evidentemente, el tiempo dirá si hay algo de verdad en el Caso Koldo o en el Caso Begoña Gómez, las causas de supuesta corrupción en el sanchismo.
Lo mismo se puede decir de cómo se utiliza el concepto de «pena del telediario» por parte de los dos partidos. Es evidente que existe el derecho a la presunción de inocencia, pero tanto el PP como el PSOE lo obvian cuando se trata de la corrupción del contrario y lo enarbolan como bandera cuando es la propia.
Tanto el PP como el PSOE son iguales y sus reacciones históricas lo demuestran. Eso sí, lo que también queda claro es que la clase política actual es tan mediocre que es normal que también sea corrupta porque, como dijo el escritor colombiano Jorge González Moore, «la mediocridad es hija legítima de la corrupción».
El PSOE y el Partido Popular llevan años olvidando que el voto que les entrega el ciudadano que deposita su confianza en ellos no es un cheque en blanco. Sin embargo, la política española es tan putrefacta que los líderes ya se creen con la patente de corso se corromper hasta lo más sagrado, su palabra que está transcrita en los programas electorales. El incumplimiento de los mismos, que en algunos casos se justifica porque los acuerdos entre los partidos no los ha votado nadie, es la peor corrupción que existe, por más que haya quien lo pretenda enmascarar en el legítimo derecho a cambiar de opinión.