El discurso de Navidad del Jefe del Estado estuvo marcado por una serie de frases muy claras sobre lo que necesita la política española en estos momentos: consenso y unidad. «Por encima de las eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia y que, por eso, tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Es responsabilidad de todas las instituciones, de todas las Administraciones Públicas, que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política. El consenso en torno a lo esencial, no sólo como resultado, sino también como práctica constante, debe orientar siempre la esfera de lo público. No para evitar la diversidad de opiniones, legitima y necesaria en democracia, sino para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido», afirmó Felipe VI.
Por si no había quedado claro, el jefe del Estado apostilló que «un pacto de convivencia se protege dialogando; ese diálogo, con altura y generosidad, que debe siempre nutrir la definición de la voluntad común y la acción del Estado. Por eso es necesario que la contienda política, legítima, pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa: una demanda de serenidad. Serenidad en la esfera pública y en la vida diaria, para afrontar los proyectos colectivos o individuales y familiares, para prosperar, para cuidar y proteger a quienes más lo necesitan. La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a las personas con discapacidad, es un buen ejemplo de lo que podemos lograr juntos. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía».
Esa referencia directa a la reforma del artículo 49 de la Constitución es un mensaje directo al PSOE y al PP para que actúen, precisamente, con altura de miras, con política de alturas, para que dejen la contienda constante y recuperen el espíritu del consenso, porque, con la atronadora realidad actual, España necesita reformas muy profundas que sólo se pueden lograr a través de la unión en las más altas esferas del Estado de los dos principales partidos.
Sin embargo, ni el PSOE ni el PP han entendido, o no han querido entender, la verdadera trascendencia de las palabras de Felipe VI.
El partido de Pedro Sánchez acogió positivamente el mensaje del Rey, destacando su llamamiento a la serenidad y al consenso en la vida política. Cristina Narbona, presidenta del partido, subrayó la importancia de frenar el ruido en el debate político y escuchar las demandas de serenidad de la ciudadanía. El partido de Sánchez coincide con Felipe VI en que la política debe centrarse en el bienestar de los ciudadanos y en la búsqueda del bien común.
Por su parte, el Partido Popular elogió la defensa de la Constitución que hizo el jefe del Estado y el reconocimiento a la solidaridad del pueblo español. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó la importancia del bien común como principio rector en política y la necesidad de serenidad y diálogo para superar los retos actuales. Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, consideró el mensaje del Rey como el más cercano de su reinado, resaltando la reivindicación del bien común y el llamado a la serenidad y el consenso.
En teoría, ambos partidos, aunque desde perspectivas diferentes, han coincidido en la necesidad de un enfoque más sereno y consensuado en la política española.
Sin embargo, no han entendido nada. Lo que Felipe VI ha sugerido, porque sus competencias constitucionales no le permiten ir más allá, es que los dos grandes partidos lleguen a un consenso real y con compromisos concretos. Es más, el jefe del Estado remarcó un hecho que cada vez más españoles tienen en mente como solución a los problemas actuales de la ciudadanía: un gobierno de gran coalición PSOE-PP.
La España actual precisa de reformas muy profundas que sólo serán posibles con el acuerdo del PSOE y el PP, no un pacto puntual, sino un gobierno conjunto con el que desarrollar, entre otras cosas, una reforma constitucional que palie las deficiencias estructurales de la actual Carta Magna.
Por un lado, la última DANA que ha azotado varias provincias españolas, sobre todo Valencia, ha mostrado cómo el actual sistema territorial necesita una profunda reforma que, evidente, implica un cambio constitucional. La descentralización no está dentro del debate, evidentemente, por más que la extrema derecha quiera revertirla. Sin embargo, se hace necesario el establecimiento de competencias más precisas, además de que aquellas que incluyan el desarrollo y la implementación de derechos fundamentales deben ser devueltas al Estado central. Esto no será posible sin el acuerdo entre los dos grandes partidos.
La reforma del sistema electoral también es un punto fundamental que ha de adaptarse a la realidad actual. Durante la Transición se eligió un modelo que beneficiara a los partidos, porque era necesario en aquel momento histórico. Ahora, tras casi medio siglo, la ciudadanía busca una mayor cercanía de sus representantes políticos y, en consecuencia, la reforma debe ir más orientada hacia un modelo similar al británico o el estadounidense. Por supuesto, los votos tienen que tener el mismo valor, sin proporcionalidad alguna. Esto sólo será posible con una gran coalición PSOE-PP.
Por supuesto, desde la aprobación de la Constitución han surgido nuevos derechos y demandas sociales que no están adecuadamente reflejados en la Constitución actual. Estos incluyen los derechos digitales, la igualdad de género y los derechos ambientales. La revisión del Título I de la Carta Magna (Derechos y Deberes Fundamentales) para incluir estos nuevos derechos es crucial porque es fundamental para reforzar el marco jurídico de protección de los ciudadanos en ámbitos emergentes. Esto sólo será posible si PSOE y PP gobiernan en una gran coalición.
La reforma de la Justicia es clave. No se trata de cuestiones de politización o ideologización de jueces y fiscales, sino de un ámbito más profundo en el que nadie tenga impunidad y que todo aquel que se vista con una toga con puñetas sea susceptible de ser investigado por cualquier tipo de presunto delito. Además, la reforma de la Justicia también debe comenzar por eliminar cualquier tipo de estrategia de lobby o de tráfico de influencias que, a día de hoy, es ejercido a diario por los grandes despachos de abogados que defienden los intereses de los grandes poderes. Esto sólo será posible con un pacto de gran coalición entre PSOE y PP.
En relación con lo anterior, en España la participación ciudadana en los procesos políticos sigue siendo limitada y la Constitución, como texto fundamental de una democracia, debería estar obligada a incluir herramientas que faciliten la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, fortaleciendo así la democracia directa. El poder que en la Transición se les dio a los partidos, debe ser devuelto, en parte, a los ciudadanos. Pero eso no podrá pasar sin un pacto de gran coalición entre PSOE y PP.
Desde un punto de vista político, España está en una situación en la que los demócratas pueden frenar el crecimiento de los populismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Eso sólo se podrá conseguir si la acción de gobierno genera la prosperidad que derive en dignidad humana que, ahora mismo, no hay. Eso es lo que aprovechan esos movimientos populistas, que no hay que enmarcar en unas siglas concretas porque son un fenómeno global, para crecer. Frente a la ineficacia del sistema, ellos plantean soluciones sencillas a problemas muy complejos que sólo pueden ser solucionados a través del estudio profundo y de medidas concretas que sólo pueden ser aprobadas con grandes mayorías parlamentarias.
Por todas estas razones, y otras muchas, el mensaje del rey iba orientado en ese sentido. Es fundamental, para terminar con la «atronadora» realidad política, un tiempo de unión, en el que las legítimas diferencias queden restañadas por el consenso en el que se camine hacia el bien común, no en base a los interesas particulares de unos y otros.
Eso es lo que no han entendido ni el PP ni el PSOE. Los conservadores han asimilado las palabras del jefe del Estado como un reconocimiento de la necesidad de unas nuevas elecciones y de que ellos lleguen al poder. Los socialistas, por el contrario, lo han interpretado como un aval a los acuerdos parlamentarios como ejemplo de consenso. Por esa razón, no se han enterado de nada. Ambos son tan imbuidos de sectarismo que están ciegos, no comprenden que la solución la tienen ellos en sus manos. Pero no se puede hacer cada uno en solitario, sino juntos. Es posible, sólo hace falta voluntad y altura política.