Tras las elecciones de 2011, se acusó al Partido Popular de haber aplicado un «programa falso» tras las primeras medidas impuestas por Mariano Rajoy y que no estaban contempladas en el documento con el que se presentaron a los comicios.
Eso es exactamente lo mismo que están dispuestos a hacer tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz: la aplicación de un programa que no expusieron a la ciudadanía española durante la campaña electoral, la imposición de medidas que no trasladaron al pueblo ni siquiera en el documento donde se plasman los puntos fundamentales del pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar.
La posible aprobación de una ley de amnistía no aparece por ningún lado en ninguno de los programas ni documentos. Sumar sí presentó un documento público de su propuesta, pero nada más.
En el programa electoral del PSOE, en el Bloque VII, titulado de manera rimbombante como «La España de las libertades y la convivencia», se señala al procés de Cataluña como la causa de «la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978».
En la página 222 del programa electoral del PSOE se indica que «la derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas».
A partir de este momento, ni una palabra sobre Cataluña y, por supuesto, ni una sola palabra sobre una posible Ley de Amnistía.
Respecto a Sumar, en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales tampoco hay ninguna referencia a ninguna medida de gracia ni, por supuesto, a una legislación de punto final.
En la página 121 de dicho documento se habla de impulsar una mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y la Generalitat. «Es necesario reforzar los mecanismos de concertación multilateral y bilateral entre las instituciones de la Generalitat de Catalunya y del Estado para el pleno desarrollo del autogobierno. Un diálogo permanente y respetuoso basado en el reconocimiento de una gobernanza multinivel y teniendo como horizonte que España debe avanzar hacia el pleno reconocimiento de su carácter plurinacional».
Sumar sí que habla de un referéndum en Cataluña, pero no de autodeterminación, sino de los acuerdos que surgieran de esa mesa de diálogo. «El acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Catalunya. Catalunya es la única comunidad que se rige por un Estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre Gobiernos, de manera que el nuevo pacto político entre Catalunya y el Estado debe pasar por las urnas».
Ni una palabra de una Ley de Amnistía, como tampoco aparece en los puntos hechos públicos del pacto entre PSOE y Sumar. Es más, no hay ni un solo párrafo dedicado a la situación ni al conflicto catalán. Lo más cercano, pero que no tiene nada que ver, se encuentra en la página 40 del documento cuando se indica que «reforzaremos y extenderemos la cogobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial».
En ese pacto de gobierno no se incluye ninguna referencia a la amnistía porque tiene demasiadas espinas legales que podría llevar a sus dirigentes a enfrentarse a acusaciones por prevaricación.
Nadie puede dudar que el procés catalán es un conflicto político y que se debe solucionar desde la política. Sin embargo, lo que sucedió en Cataluña desde el otoño de 2012 derivó en responsabilidades judiciales, muy graves en algunos aspectos, que no pueden ser olvidadas por una amnistía que no tiene más objetivo que colmar determinados intereses particulares. Esas responsabilidades implican a ambos bandos y, en consecuencia, la amnistía deberá afectar tanto a independentistas catalanes como a nacionalistas españolistas.
Una amnistía total, que es lo que piden las formaciones soberanistas, debe incluir no sólo los presuntos delitos cometidos durante el procés, sino que también afectará a los casos de supuesto espionaje o la actuación de las cloacas del Estado contra los líderes independentistas. Si así no fuera, entonces no sería "total."
Por cierto, y esto tiene que quedar muy claro, en ningún caso se trata de delitos de intencionalidad política porque a nadie se le ha metido en la cárcel o se le ha encausado por ser independentista o por ser de extrema derecha. En ninguna sentencia se indica que se condena a nadie por un delito ideológico. En ninguna apertura de diligencias se incluye la presunta comisión de delitos relacionados con la ideología o con la pertenencia a formaciones políticas ilegales.
Afirmar que es así es equiparar la democracia española con las dictaduras de Franco, Videla o Pinochet, por citar algunos países donde se aplicaron leyes de punto final y donde sí que existían los delitos de intencionalidad política.
La democracia española es muy deficitaria, es cierto. Necesita reformas muy profundas en los tres poderes que no se han ejecutado porque afectan a los intereses de los distintos grupos de poder. En cambio, no necesita de una intromisión del ejecutivo en el judicial, porque eso sólo se hace en las dictaduras.
Evidentemente, desde los sectores de la izquierda más sectaria o desde el fanatismo pedrista que sólo quiere ver a Sánchez en la Moncloa pagando el precio que haga falta, se defiende la legalidad de la amnistía pero, ojo, utilizando los mismos argumentos que los que quieren derogar la Ley de Memoria Democrática.
Una de las reivindicaciones de los defensores de los derechos de las víctimas del franquismo es, precisamente, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 porque dejó impunes los delitos de los asesinos, los represores y los torturadores del régimen. Los distintos argumentos jurídicos que se dan para defender la aprobación por el PSOE y Sumar de una posible Ley de Amnistía en Cataluña se sustentan sobre doctrina relacionada, precisamente, con esa ley de punto final de 1977. ¿Sánchez también está dispuesto a traicionar eso? La pregunta es retórica.
Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Por qué el PSOE y Sumar se ocultan tras un mar de eufemismos? Esto también es una pregunta retórica porque la respuesta se sencilla: saben que la mayoría de la ciudadanía española, de toda ideología, está en contra de la aprobación de una Ley de Amnistía. Es lo mismo que el Partido Popular en el 2011: ocultaron su programa porque sabían que lo que de verdad iban a hacer era rechazado por la gran mayoría de los españoles.