La Agencia Tributaria estaría investigando lo que se ha dado en llamar como «el mayor fraude fiscal» de la historia de España, cifrado en más de 35.000 millones y en el que podrían estar involucradas varias decenas de entidades financieras, según ha publicado OkDiario.
Evidentemente, entre ellas, estaría Banco Santander que fue protegido por la Fiscalía española, tal y como publicamos hace años en Diario16+, tras iniciarse la investigación del fraude por parte de las autoridades judiciales alemanas.
El Santander es una de las entidades investigadas en el mayor escándalo de fraude fiscal de Europa, que el diario francés Le Monde denominó «el robo del siglo» y que es conocido como el escándalo de los dividendos cum-ex. Esto, a nivel español, es lo que ahora estaría investigando la Agencia Tributaria.
La cifra presuntamente defraudada en Europa supondría más de 100.000 millones de euros. Diferentes testigos de entidades financieras involucradas hicieron referencia al papel activo del Santander que se habría presuntamente beneficiado con la financiación y las transacciones que dieron lugar a cientos de casos de fraude fiscal.
Fiscalía protegió al Santander
La investigación en Alemania comenzó en la Fiscalía de Colonica en abril de 2013 y se está juzgando en el Tribunal Regional de Bonn. La entonces fiscal jefe de Colonia, Anne Brorhilker, tras cinco años de investigación solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que se registrase la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla. Sin embargo, el fiscal español Luis Rodríguez Sol se negó a ello y tan sólo remitió un requerimiento escrito al banco que fue despachado con una simple contestación de cuatro páginas y varios documentos adjuntos.
A diferencia del Santander otros bancos como el australiano Macquarie Bank, los franceses BNP Paribas y Societe Generale o el alemán Deutsche Bank si sufrieron el registro judicial. Pese a la negativa al registro de la sede del Santander, la fiscal alemana no se amedrentó y comunicó a la entidad cántabra la apertura de una investigación penal por su presunta intervención en el fraude que afectaría a empleados y altos responsables del Santander, entre ellos a Stephen Woodhead, jefe del departamento de «short term equity trading» en Londres.
La acusación de la fiscalía alemana mantenía que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutarlas, el fraude debía ser conocido necesariamente por la alta dirección del banco.
Así funcionaba el fraude
El mecanismo del fraude operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos. Los presuntos defraudadores concertados entre si ejecutarían, en un breve periodo de tiempo, multitud de transacciones de compra y venta de un gran volumen de las mismas acciones de manera que aparentaría varios titulares de las acciones al mismo tiempo, que obtendrían certificados fiscales con los que reclamarían varias veces la misma devolución de impuestos que sólo habían sido pagados una vez.
Según la investigación judicial, Santander presuntamente ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indicaron las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también manifestaron que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.
La presunta relación de la entidad presidida por Ana Patricia Botín con el fraude sería directa ya que, además de ejecutar las compras de acciones «a corto», también podría haber facilitado la financiación para esas compras por lo que supuestamente llegaban a cobrar un porcentaje del dividendo en vez de una simple comisión.
El conjunto de indicios de la investigación contra el Santander, con la concesión de financiación multimillonaria a los defraudadores para la compra de acciones con complicadas «due diligence» de los prestatarios, las compras «a corto» de millones de euros ejecutadas por el Santander y el cobro de comisiones y reparto de un porcentaje de los dividendos netos, llevaron a la fiscalía alemana a considerar que la alta dirección de la entidad presidida por Ana Patricia Botín podría estar al corriente de la trama de evasión fiscal.
Crimen organizado con traje de banquero
Uno de los testigos, abogado que fue mano derecha del asesor fiscal cerebro del fraude fiscal (Hanno Berger), denominó a la trama como «crimen organizado con trajes de banquero» y en la que estaba «involucrada toda una industria compuesta por una red de banqueros, asesores fiscales, abogados e inversores». El fraude fue calificado por expertos de la Universidad alemana de Mannheim como «el mayor fraude fiscal en la historia de Europa» que presuntamente ha saqueado centenas de miles de millones de euros de las arcas públicas de gran parte de los estados de la Unión Europea.
Entonces, ante estas pruebas y testimonios que están depositados en las instancias judiciales alemanas, a las que la Agencia Tributaria podría tener acceso con una simple solicitud de colaboración, ¿se atreverá María Jesús Montero a ordenar a la Agencia Tributaria que inicie todos los procedimientos judiciales o a través de la Fiscalía Anticorrupción para que la policía judicial registre la Ciudad Financiera del Santander? ¿El gobierno de Pedro Sánchez mirará otra vez hacia otro lado y, además, ordenará a la Abogacía del Estado defienda los intereses del sector financiero como ha hecho de manera recurrente en otras cuestiones? No se puede estar enviando declaraciones paralelas e imponiendo sanciones a trabajadores mientras se dejan de perseguir fraudes de decenas de miles de millones de las grandes empresas. El progresismo se demuestra investigando.