Isabel Díaz Ayuso es una defensora acérrima de la eliminación de los impuestos, sobre todo a las clases privilegiadas. Para justificar la aberración de que los que más tienen apenas paguen impuestos se pone como excusa que a mayor carga fiscal, menos inversiones y menos empleo.
Esta aseveración es falsa, es una excusa para seguir favoreciendo a los multimillonarios, ya sean personas o familias, ya sean grandes empresas multinacionales. El neoliberalismo radical que defienden Donald Trump, Ayuso o Javier Milei se basa en que cuanto menos Estado exista, la gente podrá vivir con más libertad. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esta teoría perversa es entregar al capital privado, a los millonarios, el nicho de negocio que suponen los servicios públicos.
La colaboración público-privada puede ser beneficiosa para el pueblo si se implementa con el único objetivo de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, tal y como ya se ha comprobado en múltiples ejemplos, en los territorios gobernados por ultraliberales se trata de una privatización encubierta con unos resultados trágicos, como se pudo verificar en la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia.
Estas políticas lo que realmente generan es una mayor desigualdad porque la gestión privada de servicios como la sanidad o la educación, que conforman una parte fundamental del estado del bienestar, provocaría que millones de familias no tuvieran acceso a las mismas por no tener capacidad económica para atender los pagos que exigirían las compañías privadas.
En distintas ediciones del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), la única crisis que no se trató fue el de la extrema concentración de la riqueza mundial que se lleva produciendo desde la crisis de 2008, una crisis provocada por las élites para asaltar el poder real del planeta.
En Davos se habla y debate sobre las crisis económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania, de cambio climático o del crecimiento del populismo de extrema derecha e izquierda que se está dando en diferentes países del planeta. Sin embargo, de la concentración de riqueza, ni una palabra.
En enero de 2023, antes de la celebración de la reunión anual del Foro Económico Mundial, un grupo de 200 millonarios firmaron un manifiesto, titulado «El Coste de la Riqueza Extrema», en el que reclamaban lo que Isabel Díaz Ayuso, Donald Trump, Javier Milei y otros gobernantes ultraliberales odian: subir los impuestos a los más ricos. Entre los firmantes se encontraban Abigail Disney o Mark Ruffalo. Casualmente, no firmó la declaración ningún multimillonario español.
Decenas de informes de importantes economistas, algunos de ellos galardonados con el Premio Nobel, además de prestigiosas organizaciones de la sociedad civil como IPS, Oxfam, Patriotic Millionaires o Fight Inequality Alliance, han cuantificado las graves consecuencias de las políticas fiscales defendidas por Donald Trump, Javier Milei o Isabel Díaz Ayuso: más de 1,7 billones de dólares anuales. Este es el coste que sufren los países del mundo por no aplicar impuestos progresivos sobre el patrimonio a los ultrarricos. Esta cantidad de dinero permitiría sufragar un estado del bienestar efectivo y cubrir las carencias de la sanidad y la educación pública, además de la implementación de políticas activas de empleo digno.
Durante la última década, los multimillonarios se han multiplicado. El número total de personas en el mundo con al menos 5 millones de dólares en riqueza neta ha crecido en un 53 por ciento y las personas con una riqueza neta de 50 millones o más han disfrutado de niveles similares de crecimiento.
Mientras tanto, la clase mundial de multimillonarios se ha duplicado y su riqueza se ha disparado a un ritmo similar: 99,6 por ciento para ser exactos. Se trata de una ganancia de más de 5,9 billones de dólares, casi el doble del PIB combinado de África, un continente con más de 1300 millones de habitantes.