Hace unos días asistí como perito experto en amianto al juicio contra Televisión Española, cuyo procedimiento inició, hace muchos años José María Iñigo, se trata de conseguir una reivindicación a mi parecer justa, si su enfermedad, mesotelioma pleural producido por fibras de amianto, fue debida a exposiciones al contaminante durante su trabajo en TVE, su esposa reciba una pensión de viudedad con una cuantía algo superior a la que está cobrando en la actualidad.
Lo primero que me extrañó fue la cantidad de gente, helada de frio, que a primera hora en la Plaza de los Cubos de Madrid se puede juntar hasta que los distintos juzgados se van organizando y llamando a los distintos intervinientes, lo segundo una vez que entré en la sala fue la gran diferencia de fuerzas existente en el juicio, por un lado la abogada que representa a la familia, por otro los que se niegan a la concesión de la pensión, a saber, el abogado de TVE, el abogado del Estado de la Seguridad Social, el de la Mutua de accidentes de Trabajo y otro que ni el entendía lo que pintaba en el proceso, es decir toda la fuerza y recursos de la Administración Publica contra la familia Iñigo.
Después de una primera intervención de cada uno de los abogados, entraron los testigos, compañeros de Iñigo durante su época dorada en TVE, como Fernando Navarrete o Paco Bello, o su hermano Francisco que le acompañó en toda su trayectoria profesional. Todos ellos testificaron sobre la gran cantidad de amianto que en esas épocas había en los edificios de TVE.
A continuación, nos tocó el turno a los peritos, dos por parte de la familia, uno técnico y otro médico, y uno por parte de la Mutua, para, después de cuatro horas, acabar el juicio con las conclusiones de todos los abogados.
Supongo que, en breve, unos meses, habrá sentencia y estoy seguro de que sea la que sea se recurrirá y con suerte pasarán otros dos o tres años para obtener una sentencia definitiva.
Cuando salí del maremágnum de salas y pasillos, pensé en la cantidad de trabajadores que como Iñigo fallecen antes de conocer su sentencia, y en los que, exclusivamente por falta de medios económicos, (un largo proceso judicial es muy costoso) no pueden ejercer sus derechos después de que hayan enfermado o fallecido, debido al trabajo realizado, no solo con el amianto, sino con cualquiera de los contaminantes que se especifican en la lista de enfermedades profesionales o los derivados de accidentes de trabajo.
Todo ello porque la Seguridad Social desestima en el 95% de los casos las solicitudes de discapacidades o pensiones por accidente de trabajo o enfermedades profesionales que se presentan, la sensación generalizada es que no se deniegan por motivos clínicos sino por motivos exclusivamente económicos, como siempre en nuestro país, con un gobierno u otro, se perjudica especialmente a un porcentaje amplio de trabajadores con menos recursos que, por carecer de ellos o porque desconocen sus derechos, no los reclaman. ¡nunca aprenderemos!.