Las imágenes de pasión, a veces desbordada, que hemos visto en Semana Santa, no reflejan una realidad social en la que las creencias religiosas vienen cayendo en picado desde 2000, mientras sube de manera sostenida el número de españoles que se declaran ateos o agnósticos. Datos del informe sobre la evolución de la religiosidad y laicidad en España, elaborado la Fundación Ferrer i Guardia hecho público en Semana Santa, y al que la Conferencia Episcopal ha puesto la guinda al reconocer, en nota dada a conocer el día de Viernes Santo, que el número de alumnos que estudian religión ha caído de manera alarmante, hasta situarse por debajo del 60%
Informaciones que confirman —según el citado informe— la progresiva secularización de la sociedad española que ha pasado del 13,2% de ciudadanos que se consideraban ateos o agnósticos en 2000, al 37,1% en 2021, que alcanza el 56,2% entre los 24 y 35 años. Secularización que se expresa, también, en el descenso brutal de matrimonios religiosos que en el año 2020 solo alcanzó el 10,5% de los enlaces. O los datos facilitados por Hacienda que señalan que el número de personas que eligen la casilla de la Iglesia en las devoluciones de renta, no deja de caer desde 1990.
Si esta es la tendencia imparable hacia la secularización, no se entiende la pervivencia del Concordato con la Iglesia Católica, que la otorga una representación pública, beneficios fiscales, subvenciones vía IRPF, y un poder en el ámbito educativo — la pervivencia de la asignatura de religión— impropias en un Estado que constitucionalmente es aconfesional. Y se entiende mejor el empeño de la derecha y extrema derecha de mantener esos privilegios — Aznar reconoció a la Iglesia el derecho a inmatricular inmuebles a su criterio—, que gobiernos regionales y locales perpetúan regalando terrenos para construir iglesias y colegios de inspiración religiosa, que subvencionan sin tiento con el dinero que es de todos. En paralelo, asfixian a la enseñanza pública con recortes constantes en dinero y plazas o se eterniza —sine die— la creación de colegios públicos e institutos prometidos y diseñados en terrenos regalados por los Ayuntamientos, para paliar el déficit eterno de plazas públicas que sufren.
Apuntes de un oprobio que deben llevar al Gobierno a cumplir su programa y no dilatar más la revisión o anulación del Concordato; y a establecer mecanismos que primen la creación de colegios públicos y limite la de colegios concertados en las zonas de gran desproporción entre lo público y lo privado, en función de ratios de población y escolarización.