En las próximas elecciones presidenciales de Colombia hay que tener en cuenta un factor determinante y es el fantasma intervencionista de las Fuerzas Armadas, que la componen tres armas: ejército, armada y fuerza aérea, y cuenta con unos 300.000 efectivos. A los que hay que sumarle 140.000 policías y también toda la reserva activa de la fuerza pública, que conforman un gran total del medio millón de efectivos. Estamos ante un estado dentro del estado que recibe un presupuesto de 10.600 millones de dólares. Colombia es el segundo país de América Latina con la inversión más alta en gasto militar.
El ejército colombiano, uno de los pilares fundamentales de la república, se revela como una institución completamente hermética que resguarda en espacios aislados al del resto de la población. Su patrimonio es infinito: cuarteles, áreas residenciales, preciosos condominios, apartamentos y haciendas, universidades (escuela superior de guerra), centros de enseñanza, editoriales, emisoras de radio, televisión, periódicos, emporio tecnológico y cibernético, inmobiliarias, alimentación, farmacéutica, hoteles, turismo, ocio y vacaciones, bancos, concesionarios de coches, comisariatos, puertos, aeropuertos, empresas de seguridad, Caja Honor, Tribunal Superior Militar, hospitales, empresa de trasporte aéreo y terrestre, clubes, casinos, equipos deportivos, etc.
Pero quizás el negocio más lucrativo y que les deja mayores dividendos son los arsenales armamentísticos que negocian con sus proveedores internacionales, en buena parte conectados con el tráfico ilegal de armas. Estos son secretos de estado imposibles de revelar pues están protegidos por la ley de seguridad y defensa nacional. Porque estamos ante una verdadera mafia enquistada desde hace décadas en pleno corazón del estado que no está dispuesta a renunciar a sus grandes privilegios.
A lo largo de la historia se han formado castas militares muy bien estructuradas casi imposible de desarticular, pues gozan de inmunidad y están bien conectados con las altas esferas del poder civil. El ejercicio de la autonomía del ejército se dio como nunca antes al finalizar el periodo presidencial de López Michelsen.
Si un día peligrase los intereses de los grandes oligarcas, terratenientes, banqueros, empresarios estos serían favorables a un golpe de Estado militar para garantizar el imperio de la ley. Como el candidato Gustavo Petro encabeza las encuestas de intención de voto a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, eso ha puesto muy nerviosa a la cúpula militar. No solo nerviosa sino histérica. Porque el lumpen, los parias, los patisucios, “la indiada y la negramenta” está a punto de tomarse el poder. Una afrenta inadmisible para la oligarquía feudalista decidida a impedir que los tumbe los “nadies”.
La historia de Colombia desde la época de independencia es una historia de militarismo, guerras y violencia. Los protagonistas siempre han sido en su mayoría caudillos, dictadores, generales, coroneles, conspiradores, perpetradores de asonadas y golpes de estado. No hay duda de que en este país se engendró un régimen cívico-militar en el que participaban los más prestantes patricios tanto liberales como conservadores.
El escudo del ejército nacional refleja toda esa prepotencia belicista de la que presumen: presidido por un yelmo de acero bruñido como símbolo de la legitimidad y homenaje a los conquistadores españoles. Entre sus símbolos destaca toda esa parafernalia de cañones, escopetas, sables y castillos, rematada con una cinta de oro donde están escritas las palabras “patria, honor y lealtad”. Estamos ante una institución de honda raigambre patriarcal, misógina, machista, homófoba, racista y clasista. El militarismo es el garante de la soberanía nacional, de su identidad, de sus valores y tradiciones cristianas.
El factor Gustavo Petro
En 1985, Gustavo Petro fue detenido por los militares cuando era concejal en Zipaquirá, acusado de ser miembro activo del M19. Lo torturaron durante cuatro días en la Escuela de Caballería y posteriormente un juzgado de instrucción penal militar lo condenó a 2 años de prisión por porte ilegal de armas. La inteligencia militar, además, lo señala como “cooperador necesario” en la toma del Palacio de Justicia. Sus adversarios le reprochan que todavía no les haya pedido perdón a las víctimas ni saldado sus cuentas. Según su versión, “la historia oficial es falsa, la verdad está desaparecida”. El día 28 de marzo las tropas de la división de asalto aéreo del ejército colombiano desarrollaron una “operación antiterrorista” en la vereda Alto Remanso, Puerto Leguizamo, Putumayo.
En el transcurso de la misma asesinaron a 11 civiles, a los que además supuestamente les incautaron un copioso arsenal de guerra. La inteligencia militar les consideraba un objetivo legítimo pues trabajaban como “narcococaleros” al servicio de las disidencias de las FARC. Porque una de las prioridades del gobierno nacional es erradicar las 245.000 hectáreas de coca existentes en el país. El presidente Duque, como cancerbero de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez, advirtió: “Continúa la ofensiva sin tregua contra las estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país”. El ministro de Defensa Molano llamó embustero a Petro porque dijo que el asesinato de indígenas y de campesinos se trataba de un crimen de guerra. El candidato del Pacto Histórico añadió: “En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública y se acaban definitivamente los falsos positivos. Las armas defenderán libertades y derechos”. Con toda contundencia, garantiza que ya no habrá más violaciones de los derechos humanos durante su mandato. Qué cobardía asesinar a la población civil a mansalva, a campesinos e indígenas desarmados. Y no solo eso, sino también rematarlos con un tiro de gracia cuando muchos se encontraban malheridos. No cesa la campaña de terror que parece una maldición que nos va a perseguir por los siglos de los siglos.
Petro ha acusado a las fuerzas armadas de tener vínculos con los paramilitares y narcotraficantes y hacer parte de los crímenes de falsos positivos. “Esos humildes soldados mueren en los enfrentamientos contra el clan del Golfo mientras algunos de sus mandos están en nómina de los carteles de la droga. Luego son ascendidos gracias a la influencia de los politiqueros y narcotraficantes”. Algo que provocó una dura respuesta del general Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia, quien le contestó: “Si tiene pruebas de delitos en las Fuerzas Armadas, que las presente ante los jueces porque el único que sí ha recibido dinero sucio en bolsas de basura es el señor Gustavo Petro. Usted es el que hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros del narcotráfico, porque el ejército es el que ha defendido por más de 200 años la democracia de esta nación”.
El general Zapateiro, furioso, ha declarado: “Jamás me iré de la institución porque dejaré muchísimos Zapateiros en el ejército”. O sea, que cuidado porque generales Zapateiros sobran en las fuerzas armadas.
¿Quién se atreve a criticar al comandante del ejército de Colombia, el general Zapateiro? Está en juego el honor de las FFAA, de su nobleza y la dignidad de los “héroes de la patria”. La promesa de un futuro de desarme y desmilitarización parece una utopía. Los planes parecen más encaminados a multiplicar por tres el pie de fuerza en el combate del enemigo interno que no es otro que el crimen organizado, el narcotráfico y la guerrilla (siguiendo los designios de Washington). O sea, que padeceremos más represión y militarismo, que es el principal eje sobre el que se sustenta el control social. La actividad bélica y la fuerza letal de combate jamás han cesado.
Tendremos que resignarnos entonces a continuar sufriendo la guerra sucia, las luchas por el territorio, el desplazamiento forzado, el sicariato, las masacres, el asesinato de personas inocentes. ¿A cuántos campesinos no los han cortado con motosierra para luego echarlos al río y que los devoren los caimanes? La impunidad otorgada por los jueces militares persiste y más ahora, cuando los victimarios se acogen a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz.
Una de las máximas que más se repite en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá es la siguiente: “El soldado va a la guerra en busca de la paz. El fin de la guerra es la paz”. En sus aulas se dictan cursos de alto estado mayor para “formar íntegramente a los futuros oficiales del ejército con sólidas competencias profesionales en Ciencias Militares”. En esa escuela no solo estudian militares sino también civiles, la mayoría relacionados con los partidos de extrema derecha colombianos, que se gradúan con calificación cum laude. Allí los adiestran y los preparan en el manejo de las armas para enfrentarse a los “peligrosos terroristas comunistas” .
Este choque dialéctico y con tendencias antagónicas nos revela perfectamente lo que sucederá si gana las elecciones el binomio Petro-Francia del Pacto Histórico. Un conflicto incendiario con un desenlace impredecible. La cúpula militar está totalmente en desacuerdo con que el presidente de Colombia sea un exguerrillero del M19 que tuvo nexos con el chavismo, como aparentemente lo demuestran los documentos que obran en poder del general bolivariano “Pollo” Carvajal, preso en España y próximo a ser extraditado a los EEUU. Y como si fuera poco la inteligencia militar tiene en la mira a “Teodora”, la nueva senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, a quien el gobierno de Uribe Vélez autorizó como mediadora con la cúpula de las FARC para liberar a los secuestrados. Hoy se encuentra investigada por la Fiscalía, que la vincula con el empresario Alex Saab, uno de los testaferros de Nicolás Maduro, con quien supuestamente se le relaciona en actos de corrupción y lavado de dinero (160 millones de dólares).
Desde luego que la campaña de Petro está infiltrada. Mejor dicho, desde hace años los agentes secretos del estado siguen al milímetro todos sus movimientos. El DNI poseen los medios tecnológicos para mantenerlo completamente monitoreado. ¿Cuáles son las fichas de Petro en las FFAA? ¿Quiénes son sus incondicionales; oficiales, suboficiales o altos mandos, hombres y mujeres de confianza? ¿Será que hay algún general petrista (tanto en el ejercito como en la policía) o bolivariano? ¿tendrá un grupo de inteligencia y contrainteligencia para prevenir y garantizar su seguridad y la de su entorno? ¿Acaso sus teléfonos, computadores y sus cuentas digitales no están hackeadas?
Porque uno no sabe en qué momento puede caerse un avión o un helicóptero que tenga como pasajero al primer mandatario y a su comitiva. Todo es posible en este maquiavélico juego. ¿Acaso los poderes fácticos en Colombia no han matado a la gente por pensar distinto? Como es el caso de los magnicidios de Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro o el genocidio de la UP.
La tutela del estamento militar sobre el civil ha sido una constante durante más de 200 años. Empezó con Bolívar, el presidente vitalicio y dictador supremo de raigambre conservadora y centralista, que defendía los cargos hereditarios y la nulidad del voto popular. Principios fundamentales refutados por el general Santander, fundador del partido liberal, hombre de las leyes y organizador de la victoria.
Otro punto álgido son las relaciones con Washington, pues se han firmado acuerdos bilaterales como el Plan Colombia y el Plan Patriota para perseguir a los guerrilleros comunistas, los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Para el imperialismo norteamericano la elección de Petro significaría un gran obstáculo para sus planes de dominación de una de las zonas geoestratégicas más importantes del continente americano. En todo caso hay acuerdos de cooperación que permite la presencia de soldados americanos disfrazados de contratistas en ocho bases militares conjuntas. “Colombia es la cabecera de playa de la estrategia de contención yanqui en la América del Sur”, llegó a expresar en su día Hugo Chávez.
La Fuerza de Tarea Conjunta Omega (integrada por el ejército nacional, fuerza aérea, la armada y la policía bajo el mando del general Freddy Padilla de León) selló la victoria contra la insurgencia. Exultante, transmitió el ejército el último parte de guerra. La firma de los Tratados de Paz de la Habana no es más que un acta de capitulación o rendición incondicional de las FARC. Han fracasado en su asalto al poder y deben asumir las consecuencias. El ejército y la policía se jactan de haber rendido a las guerrillas tanto del M19, EPL, Quintín Lame, las FARC y también la desmovilización de los paramilitares.
Yo he sido testigo de esos encuentros de la élite colombiana cuando asistí en 1979 a un cóctel en el Palacio de San Carlos convocado por el presidente Turbay Ayala. Allí se reunieron los representantes de la sociedad civil, los militares de alta graduación, empresarios y jerarcas de la Iglesia católica. Entre los que cabe destacar el general Luis Carlos Camacho Leyva, el comandante de las fuerzas militares Fernando Landazábal, el cardenal Aníbal Muñoz Duque o el afamado empresario Carlos Ardila Lulle, sin que faltaran los presidentes de la federación colombiana de ganaderos, el de la federación nacional de cafeteros, federación nacional de comerciantes o la asociación nacional de industriales. El cóctel se desarrollaba en un ambiente de gran camaradería y entre risotadas las fuerzas vivas, brindaban con champán por el extraordinario éxito del Estatuto de Seguridad con el que Turbay Ayala pretendía acorralar a los grupos guerrilleros y generar terror, violencia y desestabilización social. Desde luego que el poder político, el poder militar, el poder económico y el poder eclesiástico están íntimamente ligados.
Petro ha dicho: “En mi gobierno los generales obedecerán al presidente y a la Constitución, y el ascenso será por méritos propios y no por la intervención de politiqueros corruptos o narcotraficantes”. Los generales se ascienden vía el vínculo político y obedecen muchas veces a intereses de organizaciones criminales. Las fuerzas armadas, según la Constitución, no son deliberantes y no pueden votar, ni menos inmiscuirse en asuntos políticos. Pero esto es algo teórico pues desde la misma independencia solapadamente han hecho política, no públicamente -como es el caso de Zapateiro-, sino en privado. En incontables ocasiones obligaron o “aconsejaron” a los presidentes o sus subordinados a tener en cuenta su “parecer” (órdenes).
El general Rojas Pinilla lo aplicó muy bien cuando en 1953 dio el golpe de Estado en connivencia con la facción más reaccionaria del partido conservador y en complicidad con el Partido Liberal. Golpe de estado que recibió el apoyo entusiasta de la ciudadanía y de los sectores políticos, económicos y religiosos de Colombia. La apoteosis llegó a tal punto que hasta el Nuncio Apostólico y la embajada norteamericana lo celebraron.
¿Obedecerá la plana mayor de las fuerzas armadas al exguerrillero arrepentido del M19? A un “terrorista” que ha conspirado para destruir el estado colombiano, según los términos que usa de la inteligencia militar. El partido de las FARC ya le brindó su apoyo incondicional. ¿Será que el generalato le va a jurar fidelidad a la vicepresidenta Francia Márquez, que los califica públicamente de genocidas y responsables de los falsos positivos y otras lindezas? El senador Bolívar, a quien la SIJIN nombra como “el promotor y financiador de la Primera Línea”, compadre de Petro, llegó a declarar por la muerte de la niña Alison, de 17 años: “Malditos policías, cerdos policías que la ultrajaron sexualmente”. El ambiente está muy enrarecido y difícilmente las aguas bravas volverán a su cauce.
Sus contrincantes de ultraderecha denuncian que “existe un alto riesgo de que Petro expropie la propiedad privada y a que se eternice en el poder siguiendo los pasos de Chávez”. Pero esta argucia propagandística es muy fácil de refutar, pues lo cierto es que los militares y paramilitares han sido los grandes expropiadores de la tierra en Colombia. Y el único que ha violado la constitución para reelegirse es el expresidente Uribe Vélez, el “papá de la Seguridad Democrática”. ¿Es viable garantizar la gobernabilidad para sacar al país de la insostenible crisis social. Urge aprobar las cinco reformas: el campo, justicia, política, salud, educación y economía.
Democratizar las Fuerzas Armadas
¿Cómo democratizar las fuerzas armadas? Constitucionalmente el presidente de Colombia es el jefe de Estado y de Gobierno, suprema autoridad administrativa de Colombia y comandante supremo de las fuerzas armadas. ¿Se respetará su alta investidura? El aparato militar tiene que estar sometido a la Constitución, afirman los más respetables juristas. Acuérdense que “los militares planean y el presidente toma las decisiones”, como ha sucedido en tantas operaciones especiales y golpes contra la guerrilla, grupos delincuenciales y narcotraficantes. El primer mandatario tiene la última palabra. ¿Se atreverá Petro a desnazificar las fuerzas armadas? ¿cuadrará a los altos mandos para advertirles que él es el comandante y jefe.
Todos sus elementos de alta graduación son enemigos de la izquierda y por ende del Pacto Histórico. “¿Cómo es eso que un guerrillero castro-chavista va a ser el comandante general de la fuerza pública y ejército, el gran maestre de la Orden de Boyacá “A la orden, mi presidente, con la novedad de que hemos dado de baja a equis narcoterroristas o equis narcoguerrilleros”. ¿El nuevo presidente de izquierdas entonces los aplaudirá y los premiará con condecoraciones y ascensos?
¿Cómo compatibilizar tantas contradicciones cuando supuestamente Petro se posesione el 7 de agosto? El presidente tiene la capacidad de pasar a retiro o llamar a calificar servicios a cuanto general no le inspire confianza, es decir, hacer una purga de militares reaccionarios, corruptos y autoritarios dedicados al enriquecimiento ilícito, vinculados a los carteles del narcotráfico, culpables de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y también de abusos sexuales.
Petro y Francia Márquez, que tanto pregonan la defensa de la vida, el amor, la paz y la democracia, presidirán las solemnes paradas militares y estrecharán las manos manchadas de sangre de quienes han traicionado su juramento “ante Dios y la Patria” de “defender la soberanía nacional y brindar seguridad a los habitantes de las diferentes regiones del país”.
Esta es la explosiva situación que se encontrará el candidato Gustavo Petro si gana las elecciones. Él ha intentado al máximo lavar su imagen para trasmutar en un socialdemócrata, el guerrillero arrepentido partidario de la teología de la liberación, el humanista, el ambientalista, el antimilitarista, el feminista, el pacifista bendecido por el Santo Padre que vive en Roma. Incluso ha tenido que autoflagelarse confesando que “Colombia no necesita socialismo sino democracia y paz” para sumar votantes indecisos y congraciarse con los generalotes de tres y cuatro soles “árbitros de la contienda electoral”.
El Pacto Histórico propone un “cambio por la vida” y esto es algo que no va a tolerar la cúpula militar. Ya se escucha el ruido de sables y las botas de los dragoneantes marcando el paso por las avenidas de las grandes ciudades, las banderas tricolores ondean altivas sobre los carros de combate y suenan las notas gloriosas del himno nacional. “Soldados sin coraza ganaron la victoria; su varonil aliento de escudo les sirvió…”. Y como dijera en su momento el coronel Plazas Vega, líder de la retoma del Palacio de Justicia en 1986, a la pregunta de un periodista. ¿Cuál es la instrucción o la decisión que hay por parte de las fuerzas regulares en este momento? Respuesta fulminante: “A mantener la democracia, maestro”. Es irónico, pero por si no lo sabían, ¡aquí los más demócratas son los militares! De acuerdo a su credo ellos son los que respetan y protegen el orden constitucional ante los ataques de la “chusma narcoguerrillera”.
El general Álvaro Valencia Tovar, comandante en 1973 de la “Operación Anorí” para exterminar al ELN y presunto planificador de un golpe de estado contra el presidente Alfonso López Michelsen, escribió estas sabias palabras en un ensayo sobre la FFAA y derechos humanos: “La lucha del hombre por la libertad y la justicia es tan antigua como la especie. Ninguna de estas dos metas ha podido alcanzarse bajo regímenes despóticos, en los que el estado prevalezca sobre el individuo”. “Por eso hay que inculcar en el hombre de armas y en quien desempeña funciones policiales, el respeto inviolable a los derechos humanos”. El cinismo de este sanguinario general adicto al estado de sitio no tiene límites.
¿Los soldados de la patria tendrán alguna idea política? No sabemos, porque muchos se limitan a acatar las predicas de sus superiores. Especialmente la instrucción militar y la educación castrense se ha impuesto la idea de que los demonios son “rojos comunistas o castro-chavistas”. Y a esos enemigos hay que borrarlos del mapa. El proceso de formación de los soldados en su inmensa mayoría pertenecientes de los estratos más bajos de la sociedad campesinos, indígenas, obreros y trabajadores; mestizos, indígenas, negros, mulatos, zambos, es completamente fascistoide. Se les entrena repitiendo consignas tales como: “guerrilleros mataremos, su sangre beberemos, sus mujeres violaremos, sus hijos quemaremos”. Los jóvenes reclutas reciben tremendo lavado cerebral o una brutal manipulación para crear unos enemigos que no son otros sus propios hermanos de clase empobrecidos y marginados. Porque la milicia es la disciplina y la obediencia ciega. Perversamente están enfrentando a pobres contra pobres en beneficio de la casta dominante. El lema del escudo de Colombia “Libertad y Orden”, nos revela dos palabras contrapuestas que algunos las traducen como “libertad para el patrón y orden para el peón”. Porque sin orden no hay progreso ni bienestar.
Tal vez se esté gestando una catástrofe que va a ser mucho peor que la del 9 de abril de 1948, mejor conocido como el “Bogotazo”, cuando asesinaron a Gaitán. Porque si Petro pierde las elecciones sus partidarios no lo aceptarán y dirán que han sido víctimas de un fraude. Seguramente se convocarán violentas y multitudinarias manifestaciones donde el ESMAD tendrá que aplicarse a fondo para reprimirlas. El año pasado, durante el paro nacional o estallido social, hubo 1.200 civiles violentados y 80 jóvenes asesinados por la fuerza pública. ¿Cómo aplacar esos sentimientos atávicos de rabia, de odio y de rencor? La polarización política está que echa chispas y podría desatar una voraz conflagración.
¿Cómo puede recomponer Petro las relaciones con los militares? ¿existe algún intermediario o mediador capaz de limar las asperezas? Porque si sale elegido democráticamente como presidente esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Quiénes serán los mandos, los oficiales de confianza? ¿Existirán en las FFAA algunos elementos progresistas, tal vez, de izquierdas, revolucionarios o bolivarianos?
Quizás tendrá que hacerse un pacto de cohabitación o respeto mutuo en el que se blinde los privilegios de la casta militar. ¿Cómo taparles la boca a los generalotes de altos vuelos? De alguna manera hay que sobornarlos subiéndole los sueldos, ofreciéndole millonarias prebendas, exención de impuestos para sus negocios, cargos diplomáticos en el exterior (preferentemente en EE.UU o Europa) o matriculas en las mejores universidades del mundo para sus hijos. ¿Se firmará un acuerdo de impunidad y de olvido entre ambas partes? ¿Perdón social?
Estamos planteando demasiados interrogantes que somos incapaces de despejar. Solamente nos queda invocar la intervención del Sagrado Corazón de Jesús para que nos ampare y nos favorezca.