El protocolo antiabortista que Vox pretende implantar en los hospitales de Castilla y León va camino de llevarse por delante al Gobierno de coalición que el popular Alfonso Fernández Mañueco sostiene, desde hace meses, poco menos que con pinzas. El presidente castellanoleonés ha gestionado fatal esta crisis. Primero haciendo mutis por el foro, guardando un ominoso silencio y desentendiéndose del asunto mientras su vicepresidente, Gallardo Frings, daba inicio a una caza de brujas inquisitorial contra las mujeres que deciden abortar y contra los ginecólogos que deben ofrecerles asistencia médica. Después convocando, tarde y mal, una comparecencia con declaración institucional (sin preguntas de los periodistas) para no decir nada. Y finalmente enfrentándose al Gobierno Sánchez, que le ha requerido para que la Consejería de Sanidad se abstenga de aprobar cualquier medida que pueda vulnerar la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo actualmente en vigor. El esperpento promete continuar en los días venideros.
A esta hora lo único que puede decirse de todo este embrollo es que el Ejecutivo Mañueco es un auténtico desastre, un gobierno que los castellanoleoneses no se merecen. Lo explica muy bien Francisco Igea cuando se esfuerza por convencer al resto de España de que los ciudadanos de aquella comunidad no son como los personajes que los dirigen. No cabe duda de que la jugada de Vox montando el pollo con el aborto ha sido letal para el Partido Popular de CyL. Ha dado satisfacción a sus votantes (que piden escándalo y gamberrada a todas horas); ha puesto contra las cuerdas al presidente regional (que ve cómo su vicepresidente Gallardo se le sube a las barbas y ya funciona por libre); y ha logrado lo que buscaba: que los medios de comunicación hablen, día sí día también, de su disparatada “guerra cultural”.
Tal como era de esperar, el Gobierno de España no ha rehuido el desafío voxista y ha requerido al Ejecutivo autonómico castellanoleonés para que rectifique el protocolo antiaborto, un trámite gravísimo que recuerda mucho a aquellos años convulsos en los que, en pleno levantamiento popular por el procés en Cataluña, Madrid pedía explicaciones al Gobierno de la Generalitat de Quim Torra como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión e intervención de aquellas autonomías que se rebelen con algún incumplimiento legal.
Tras el requerimiento que Mañueco ha desestimado (en realidad no puede hacerlo, tiene la obligación de contestar, de modo que una vez más está incumpliendo la ley), Vox de Castilla y León ya tiene lo que quería: un cara a cara con Sánchez para poder recurrir al viejo recurso del victimismo, o sea, aquello de “Madrid nos maltrata” o “Madrid odia a los castellanoleoneses”, que en el fondo es lo mismo que decían los independentistas catalanes cuando el Estado intervino sus competencias.
Vox es un partido antisistema experto en destruir las instituciones desde dentro. Y no necesita demasiado para hacerlo. Le basta con soltar un bulo en las redes sociales, replicarlo miles de veces a través del ejército de bots de Santiago Abascal y sentarse a contemplar el incendio. Todo este revuelo de los últimos días, toda la polvareda mediática y la polémica sobre el famoso protocolo antiabortista, no deja de ser un bien pergeñado montaje. Cuando Gallardo Frings anunció que la intención del Gobierno regional era instar a los médicos a que obliguen a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar estaba jugando de farol. Sabía que la democracia jamás le permitiría llevar a cabo semejante disparate. Fue un globo sonda. Una celada para poner contra las cuerdas a Mañueco, que tras sufrir el chorreo de Feijóo se ha visto obligado a dar la cara ante la opinión pública.
Han pasado ya varios días desde que estalló la polémica y poco se conoce del famoso protocolo fantasma de Vox. Nadie sabe en qué consiste, cuál es su contenido real y cómo se aplicaría. No es que no exista el plan, seguramente Gallardo Frings lo tiene guardado en un cajón, junto a los demás dosieres delirantes para la España neofranquista que pretende construir Abascal. Pero no puede hacer nada con él. La UE, la OMS, la ONU y los colegios profesionales de médicos se le echarían encima. Los ginecólogos ya han alertado de que obligar a una mujer a escuchar el latido fetal para amedrentarla supone una aberración clínica. Y por si fuera poco, la medida no tendría recorrido legal, ya que sería tumbada por la Justicia (nacional e internacional) por inconstitucional y contraria a los derechos humanos. Hasta el locutor Federico Jiménez Losantos ha exigido al partido de extrema derecha que saque ya el dichoso protocolo. Se lo ha dicho en la radio a Rocío Monasterio, a quien ha acusado de colocar a un “majaderín que en su puñetera vida ha hecho nada” (en referencia a Gallardo) al frente del partido en CyL. “¿Este qué se ha creído, que es ministro de Franco o qué?”, reprende el periodista a la líder ultra. Tremendo y humillante rapapolvo.
Con todo, la versión de que el protocolo antiabortista no existe es la única baza o coartada que le queda ya a Mañueco para eludir la amenaza del 155 que pende sobre su cabeza. Desde el PP de Valladolid se insiste en que “no hay acuerdo” con Vox que vulnere la legislación vigente sobre el aborto. Una vez más, Mañueco no dice la verdad. Cada asunto que se aborde a lo largo de esta legislatura fue debidamente tratado y firmado por ambos partidos en los pactos de coalición. A Génova no le ha pillado por sorpresa la jugada de Gallardo Frings. Simplemente se ha limitado a apagar el fuego como podía. Ahí tiene toda la razón el dirigente de Vox, ya que los contratos están para cumplirlos. El problema es que Mañueco, cuando firmó lo que firmó con los ultras, jamás pensó que sus socios llegarían tan lejos planteando una atrocidad tal como es un chantaje o extorsión a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Y en todo caso, creyó que sería capaz de controlar a la bestia. Ahora ya sabe que sus socios de gobierno están dispuestos a todo y lo que es todavía peor: ahora sabe que el monstruo se le ha ido de las manos. La extrema derecha no es ninguna broma.