Cuando Fernando Grande-Marlaska era juez en la Audiencia Nacional dictó un auto de capital relevancia. En 2014, el año en que Su Excelencia Pedro Sánchez ascendió a la Secretaría General del PSOE, reconoció que España era la potencia administradora del Sáhara Occidental. El actual ministro del Interior cumplió con el derecho internacional. En consecuencia, el Sáhara y sus aguas territoriales pertenecen jurídicamente a España y, en consecuencia, cualquier violación de las mismas es un ataque frontal contra la soberanía española y un casus belli.
Sin embargo, los intereses ocultos de «Su Reverendísima Excelencia», que a veces se hallan en los lomos de Pegaso, están por encima de la ley, de su país y del respeto hacia la tradición de su propio partido. Es lo que tiene creerse un dios griego o la próxima imagen de la línea masculina de Armani.
Estos días, el régimen de Marruecos ha iniciado unas maniobras en la zona costera del Sáhara Occidental, ejercicios militares que durarán tres meses y en un área que está a tan sólo 125 kilómetros de las Islas Canarias, es decir, de territorio español.
Las críticas han sido durísimas desde diferentes ámbitos tanto de la política como de la sociedad civil, sobre todo por la anuencia que el gobierno de Sánchez ha dado a las mismas. Una potencia extranjera, que es considerada por la gran mayoría de los españoles como la mayor amenaza exterior, hace un despliegue militar en un territorio que está bajo la administración de España y a tan sólo 125 kilómetros de Canarias, con total impunidad porque el gobierno de Sánchez ha decidido ignorar lo que es una provocación en toda regla, una provocación que, con un presidente en condiciones, habría tenido una respuesta inmediata, tanto a nivel diplomático como militar.
Sin embargo, Sánchez está entregado a los encantos de Mohamed VI y permitirá lo que el rey le exija. No en vano, Pegaso tiene mucho poder. A día de hoy el presidente español todavía no ha dado explicaciones ni información veraz sobre las razones por las que renunció a cumplir con el derecho internacional. Es decir, lo mismo que acertadamente Sánchez recrimina a Israel o a Rusia, es lo que él está haciendo en favor de Marruecos.
Lo peor es que se quiere justificar lo injustificable. El compañero de Falcon de Sánchez, el ministro José Luis Albares, ha defendido las maniobras militares marroquíes y ha antepuesto el interés de «Su Reverendísima Divinidad» a los de su ciudadanía. Decir, como ha dicho Albares, que los movimientos del ejército marroquí están lejos de las aguas españolas es una verdadera barbaridad y una demostración más del absoluto analfabetismo geopolítico de quien es, en teoría, el máximo responsable de la diplomacia española.
No se puede olvidar jamás cómo, en abril de 2022, coincidiendo con el «cambio de opinión» de Pedro Sánchez, el Ministerio de Exteriores de Albares publicó en su página web un mapa de Marruecos en el que eliminaba la frontera con el Sáhara Occidental y no hacía distinción alguna de Ceuta y Melilla. Lo más grave de todo es que ese mapa coincidía con el publicado en la web de la Embajada marroquí en España.
Territorio español
En diciembre de 2020 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que insta a las potencias administradoras de territorios no autónomos que «respeten las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 73e de la Carta con respecto a cada Territorio del programa del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales».
Además, Naciones Unidas solicita «a las Potencias administradoras que corresponda que, de conformidad con las obligaciones que les impone la Carta, transmitan o sigan transmitiendo regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los Territorios No Autónomos por los cuales son respectivamente responsables, así como la información más completa posible sobre la evolución política y constitucional de los Territorios correspondientes, incluida la información relativa a la constitución, la ley o el decreto por el que se establezca el gobierno del Territorio y la relación constitucional del Territorio con la Potencia administradora, dentro de un plazo máximo de seis meses después de finalizado el año administrativo en esos Territorios».
Esta resolución afecta directamente a España y al Sáhara Occidental, dado que un informe jurídico de Naciones Unidas ratificó que el Sáhara Occidental no está administrado por Marruecos, sino que la potencia administradora es España. Por tanto, según la ONU, Marruecos está ocupando territorio español.
Este hecho fue ratificado en el año 2014 por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se afirmaba claramente que «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».
El auto añadía, además, que «el estatus jurídico del Sahara Occidental en los términos que se indican por el Ministerio Fiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 de enero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
En el mismo auto, se reproducen las conclusiones de la Fiscalía respecto al Sáhara Occidental. En primer lugar, el Ministerio Público determina que el territorio era la provincia 53 de España, con representación en las Cortes. En segundo término, el Estado español reconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora. En tercer lugar, hace referencia a cómo la ONU «ha mantenido una posición uniforme sobre el “Acuerdo Tripartito de Madrid” al dictaminar que el mismo es nulo, sin eficacia jurídica, en consecuencia, siempre ha considerado a España como la Potencia administradora».
El Reino de España, con su Jefe del Estado a la cabeza, tiene una responsabilidad con el Sáhara Occidental que va más allá de lo sentimental porque, legalmente, el territorio continúa perteneciendo a España y no a Marruecos.
Hay un aspecto que en nuestro país se ha pasado por alto: la ONU declaró nulos los Acuerdos de Madrid de 1.975 firmados por Juan Carlos de Borbón por los que se cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Esta nulidad es la que provoca que el territorio se encuentre aún entre los dieciséis territorios no autónomos supervisados por el Comité Especial de Descolonización de la ONU.
El Tribunal de La Haya negó a Marruecos y Mauritania los derechos de administración sobre el Sáhara Occidental, pero Hassan II decidió invadir el territorio enmascarando una invasión militar como de marcha pacífica de civiles. En aquellos días, el dictador Francisco Franco agonizaba en el Hospital de La Paz y el gobierno español se acobardó ante las amenazas marroquíes. Se enviaron misiones a Rabat para negociar con el rey alauí. Juan Carlos de Borbón, entonces Jefe del Estado en funciones, visitó a las tropas, hecho al que se opuso el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Finalmente se autorizó que la Marcha Verde entrara en el territorio, mientras se negociaba el Acuerdo Tripartito de Madrid. En este hecho mucho tuvo que ver el ministro Antonio Carro.
Sin embargo, en ese acuerdo firmado unos días antes de la muerte de Franco por Juan Carlos de Borbón, no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental, además de que España transfirió ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ya que el derecho internacional impide que el Estado administrador abandone unilateralmente sus responsabilidades de un territorio no autónomo/colonizado.
En 1976, siendo aún presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, tras la salida del último contingente español, España comunicó a la ONU que, al haber abandonado el territorio, quedaba exenta de cualquier responsabilidad internacional en relación con la administración del Sáhara y que lo dejaba bajo la ocupación de Marruecos y Mauritania.
Este razonamiento estaba basado en los acuerdos declarados ilegales de Madrid de noviembre de 1975. Tres años más tarde, el gobierno mauritano también abandonó la administración por lo que, desde entonces, Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal.
Así quedó establecido en el año 2002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base al derecho internacional España es la potencia administradora y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.
España, pesar de los intereses personales y familiares de Pedro Sánchez, tiene la responsabilidad de exigir a Marruecos que abandone el Sáhara, con las sanciones que haya que aplicar, por muchos chantajes que plantee Marruecos con la pesca o las políticas migratorias.
Por tanto, las maniobras que ha desplegado Marruecos están sobre aguas españolas y la defensa de las mismas por parte del gobierno de Sánchez es bastarda porque esa argumentación sólo se mantiene si se parte del hecho de que ya se han asimilado los intereses de España a los del presidente del Gobierno, es decir, lo mismo que hicieron los Franco durante 40 años.